
Eva Riera, UVL Falcón
Con el objetivo de enfrentar el retardo procesal y bajar el hacinamiento, el Ministerio Público emprendió una nueva jornada en la que podrían ser liberados unos 230 privados de libertad recluidos en los centros de detención preventiva (CDP) del estado Falcón.
El fiscal superior del estado occidental, Rodolfo Ocando, informó que solo serán beneficiados detenidos con faltas o delitos “de bajo impacto” como pueden ser resistencia a la autoridad, apropiación indebida, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, hurto y robo simples, en donde no está en peligro la vida.
Aclaró que en ningún caso recaerán sobre quienes estén incursos en legitimación de capitales, narcotráfico, violaciones o delitos en los que esté en peligro la vida como puede ser el robo agravado, entre otros.
El Plan de Solidaridad, tal y como ha sido denominado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, tendrá una duración de cinco semanas hasta completar la evaluación en todos los CDP del estado, sean civiles o militares, regionales o municipales.
El pasado lunes, se dio inicio a esta actividad que se extenderá hasta el miércoles en la Comandancia de Polifalcón ubicada en Coro, capital del estado, por tratarse del CDP que concentra mayor número de reos en sus celdas. Posteriormente seguirán a Punto Fijo, Tucacas y Dabajuro donde está el resto de los CDP.

Ocando estima que un tercio de la población privada de libertad concentrada en los CDP podría salir en libertad. Admitió que se han detectado casos en los que existen “inequidades respecto al buen desenvolvimiento del sistema de justicia” o “inobservancia por parte del Estado” respecto al retardo procesal, razón por la cual se celebrarán audiencias preliminares, se abrirán juicios y se impondrán los cómputos en fase de ejecución.
Agregó que, una vez concluida esta fase, habrá una jornada con la Secretaría de Salud del gobierno regional, mediante la cual será beneficiados todos los reos sin excepción.
Apegados a la ley
La presidenta del Circuito Judicial, Morella Ferrer, aseguró que en la jornada laborarán jueces de control, de juicio y de ejecución, y que se entrevistará a los reclusos cuyas penas no superen los cinco años. Una vez que ellos admitan haber cometido el delito, el caso será sometido a una revisión de medidas en áreas de primera instancia.
Explicó en dos oportunidades que “no estamos doblegando o vulnerando las leyes ni la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (…) “solo estamos llevando a cabo una jornada para aligerar los acto procesales que por una u otra causa no se han podido llevar a efecto en los tribunales”.
Médicos forenses evaluarán a aquellos reclusos que tengan cuadros clínicos graves con el objeto de ver si pueden ser beneficiados con medidas humanitarias.
Urge traslado de 150 penados
El comisario general Oswaldo Rodríguez León, Secretario de Seguridad y Orden Público del estado Falcón, dijo que en los CDP de Polifalcón hay 651 privados de libertad, una situación que amerita tomar medidas para desconcentrar estos lugares.
Indicó que ya el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Nestor Luis Reverol, fue informado acerca de los más de 150 penados que permanecen en los CDP de Falcón (Polifalcón, Cicpc, GNB y policías municipales), y se comprometió a gestionar con el ministerio de Asuntos Penitenciarios el traslado de estas personas a la Comunidad Penitenciaria de Coro donde, aseguró, “hay cupo para que cumplan el resto de la pena allí y puedan tener la posibilidad de recibir redenciones para recobrar su libertad”. Añadió que el MIJyP invertirá en remodelaciones de algunas salas de detención y construirá otras en algunos estados del país donde, igual que en Falcón, hay hacinamiento.
Maria Auxiliadora Madrid, coordinadora regional de la Defensa Pública, aseveró que en la Jornada de Solidaridad se asistirá de forma gratuita a todos los privados de libertad incluidos aquellos que tengan defensores privados, pero que, para el momento, requieran de un defensor público.

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