Entre el año 2020 y octubre de 2021, al menos 25 privados de libertad se escaparon de sus celdas, según monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad en los seis municipios que conforman los Valles del Tuy. Cinco de ellos fueron recapturados y tres murieron en operativos cuando eran buscados. El resto logró su cometido
UVL Valles del Tuy/ Rosanna Battistelli
Rubén, nombre resguardado por petición del entrevistado, estaba de guardia cuando Jhon, de 21 de años, se fugó del Centro de Coordinación Policial número 2 de la Policía del estado Miranda, con sede en la población de Charallave, en los Valles del Tuy, estado Miranda.
Corría el 15 de mayo de 2021. La noche previa y durante la madrugada los funcionarios de guardia, entre ellos, Rubén, no escucharon ningún ruido que les llamara la atención, pero luego se percataron de que Correa se había evadido.
“El Monstruo no está en su celda”, gritó uno de los policías. Con ese remoquete la policía identificaba al detenido. El resto de los privados de libertad guardaba silencio. Todos estaban asustados. Solo uno se atrevió a murmurar: “se les piró”.
A partir de ese momento los pasillos de la comisaría pasaron del silencio a la algarabía. Los funcionarios iban de un lado para otro, buscando una respuesta, un boquete, una explicación para sus superiores.
Correa estaba en el anexo B de los calabozos y había salido por los barrotes gracias a su contextura delgada. Luego saltó por una ventana que da al estacionamiento del comando policial. Una vez en la calle se fue por la quebrada Charallave.
“Me interrogaron varias veces, porque había la sospecha de que quienes estábamos de guardia dejamos salir al preso, pero no fue así. Los presos muchas veces son astutos y van ideando un plan para escaparse, aunque la mayoría prefiere esperar el curso de su proceso penal y no estar inventando”, aseguró Rubén a Una Ventana a la Libertad (UVL), el 12 de noviembre.
El mismo día de la fuga, en horas de la noche, Jhon, quien estaba preso por lesiones desde el 27-11-2017, murió durante un procedimiento policial. Aunque la policía asegura que se les enfrentó, sus familiares lo niegan.
“Si viven en el municipio, los buscamos cerca de sus residencias. Por lo general se comunican con sus familiares o estos muchas veces ya están enterados de la fuga y los ayudan a esconderse. La búsqueda dura un par de días, si no los recapturamos, quedan solicitados por fuga”, señaló Rubén al referir los procedimientos que se despliegan luego de una fuga.
Los calabozos policiales de la Coordinación Policial número 2 de la Policía del estado Miranda forman parte de los doces Centros de Detención Preventiva (CDP), de tipo civil, que monitorea UVL en los Valles del Tuy; una subregión del estado Mirada, integrada por seis municipios, ubicada a una hora de Caracas.
En todos los municipios de los Valles del Tuuy hay CDP, tanto en las sedes de las policías locales, como en las comisarías del cuerpo de seguridad regional, así como en organismos dependientes de instituciones nacionales, como la Policía Nacional Bolivariana y el Cicpc, y otras de tipo militar, como la Guardia Nacional y sus diferentes comandos.
Las celdas ubicadas en estas dependencias policiales y militares tienen algo en común. Son estructuras improvisadas, algunas endebles, sin servicios, espacio ni condiciones para albergar a una población penitenciaria que pernocta, no solo 48 horas, como establece la ley, sino que su estadía en el lugar puede sumar hasta siete años.
La debilidad de estas edificaciones las hace vulnerables. Entre el año 2020 y lo que va de 2021, Una Ventana a la Libertad contabilizó que al menos 25 privados de libertad se escaparon de sus celdas, cinco de ellos fueron recapturados y tres murieron en operativos cuando eran buscados. El resto concretó su objetivo, aunque están en la lista de solicitados por la justicia.
La fuga con más número de evadidos en ese periodo se registró en la Policía Municipal de Lander. Fueron diez en total. Cuatro de ellos regresaron a los calabozos, luego de un operativo policial. Los otros seis no fueron ubicados. Entre los prófugos estaba un cerrajero, quien aplicó sus conocimientos para abrir el candado de la celda. UVL conoció, de manera extraoficial, que dos de los evadidos se fueron del país.
La complicidad interna también ha sido mencionada cuando se registran casos de fugas. El jueves 26 de agosto 2021 las autoridades carcelarias se percataron de que dos reclusos habían logrado evadirse del Centro Penitenciario Región Capital, Yare II, ubicado en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy. Ambos estaban detenidos por el delito de tráfico de droga. Se fugaron por una puerta que consiguieron abierta. Huyeron hacia el sector El Chorrito de Yare que colinda con la cárcel.
Dos funcionarios de la Guardia Nacional fueron arrestados, así como un custodio del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Se habló de una presunta cancelación de $5.000 para que ayudar a escapar a los presos; sin embargo, no se comprobó y los tres quedaron sin cargos penales.
El abogado José Luis Azuaje, exdirector de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP) considera que el hacinamiento es uno de los principales motivos por el que los privados de libertad quieren escapar. A esto se suma el ocio.
“En los CDP los presos pasan todo el día encerrados, sin practicar actividades deportivas ni recreativas y llega un momento es que es desesperante”, indicó el profesional del derecho.
Añadió que, si bien los fines de semana se realizan algunos eventos para la distracción de los presos, no son suficientes para mantenerlos activos de tal manera que sientan menos hostilidad.
“Debemos tener espacios más humanos para quienes infringen la ley, que estén libres de violencia, brindarles oportunidades de hacer ejercicios y actividades culturales y, sobre todo, es importante acabar con el retraso procesal y que los presos no sigan pasando años en los calabozos policiales, porque estos espacios no están acondicionados para que ellos cohabiten tanto tiempo”, acotó.
Azuaje hizo mención a las actividades desarrolladas por la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, que en los Valles del Tuy revisó 680 expedientes y dejó en libertad al menos a 300 presos, y destacó que este tipo de acciones deben mantenerse en el tiempo para garantizar el debido proceso de la población penitenciaria y no se conviertan solo en pañitos de agua tibia.
El expediente del hijo de Carmen Milano fue uno de esos 680 que examinó la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial. Está preso por un presunto homicidio en la sede del Cicpc de Santa Teresa, desde hace cuatro meses, y aunque no logró salir en libertad, ella confía en que pronto regresará a casa, pues las autoridades le prometieron revisar de nuevo el caso, una vez que se consignen unas pruebas que están pendientes.
Milano coincide con lo dicho por Azuaje sobre las penurias que pasan los presos en los calabozos. “Cuando no puedo visitar a mi hijo, me manda cartas y me pide que los saque de allí, que está viviendo un infierno, que ni siquiera tiene espacio para dormir”, cuenta Carmen con voz entrecortada, pero se repone al recordar la promesa oficial.
Las declaraciones de Azuaje y el testimonio de Carmen Milano dejan al descubierto la incompetencia oficial para resolver el problema penitenciario en los Valles del Tuy y la necesidad de que se implementen políticas públicas que garanticen los derechos humanos de los reclusos, de tal manera que las prisiones se conviertan en espacios que los ayude a su reinserción social y no en un infierno del que quieren escapar, aun a riesgo de su vida.
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