Los pueblos indígenas, tienen su propia cultura, lengua y normas. Según las normas indígenas le corresponde a las autoridades de su etnia castigar aquellos hechos en los que estén involucrados
UVL Bolívar-Pableysa Ostos.
La vida dentro de la cárcel o Centro de Detención Preventiva (CDP) no es fácil, ni para el privado de libertad que está condenado a un sistema judicial con fallas, sin espacio ni estructuras adecuadas, ni para sus familiares que se enfrentan a limitaciones económicas, legales y de movilidad. La realidad les pega día tras día en el bolsillo. Existe una población indígena, que a pesar de ser minoritaria también debe lidiar con esto.
El abogado Defensor de Derechos Humanos (DDHH), José Gregoria Beria, destaca que hay casos puntuales y generalmente en materia penal “cuando llega un detenido que tiene como condición ser indígena, se hace todo lo posible, para que ellos sean juzgados en la jurisdicción indígena, con sus propias normas, aunque a veces algunos tribunales no quieren respetar eso.
«Los pueblos indígenas, tienen su propia cultura, tienen su propia lengua y también tienen sus normas y según las normas indígenas le corresponde a las autoridades indígenas castigar aquellos hechos en los que estén involucrados indígenas, que sean indígenas ciertamente de verdad y que estén dentro de una comunidad indígena», explicó Beria quien tiene ascendencia indígena.
Mientras que Mariela Molero, abogada de la Asociación Civil Kapé Kapé, hace una radiografía más profunda a esta situación. Detalló a Una Ventana a la Libertad (UVL) que cuando trabajan con población indígena, el contexto de abordaje es diferenciado. “Son personas, pero su manera de ver la vida cambia absolutamente en relación a lo que ellos pueden considerar como delito o no. ¿Qué ocurre? No es la misma percepción, la que uno puede tener como persona no indígena de ciertas situaciones que a uno se le puede presentar, a lo que un indígena puede ver”.
La especialista detalla que “para el mundo indígena, el bosque es su casa y todo es de todo. Es decir, ellos toman de la naturaleza todo cuanto ellos necesiten. Y cuando ellos se estigmatizan y se mediatizan porque vienen a las ciudades, por la razón que sea, ellos conservan esa percepción. Y allí pueden incurrir en delitos y faltas, pero que ellos no lo valoran como tal. Por ello siempre van a ser una población diferenciada. Con ello no quiero decir que no haya indígenas delincuentes. Sí los hay, pero cuando vemos indígenas delincuentes, ya ese es un indígena que no conserva su cultura, es un indígena que no conserva su idioma y que se ha perdido, se ha desnaturalizado en su identidad cultural”.
Sin divisiones
Tanto en el caso del estado Bolívar como en Delta Amacuro, todos los detenidos están mezclados, es decir, no hay distinciones entre indígenas o criollos, detenidos. Moreno alerta, que el Estado incumple porque debería haber propiciado que en los espacios donde haya población indígena, ellos deberían aplicar su ley, como lo reconoce la Constitución, con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y como posteriormente quedó establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, pero en la práctica eso no es así.
“En la práctica, pues una cosa es reconocer el derecho y otra cosa es garantizarlo, y no le garantizan los derechos. Los derechos del mundo indígena están conculcados actualmente por toda una situación, que me imagino que usted también la conoce, de la extracción de minerales de la que están participando por situaciones. Nosotros en KAPE hemos creado dos frases muy emblemáticas. La primera pues que o el indígena se suma o el indígena se desplaza o sencillamente asesinan al indígena y ahí tenemos los liderazgos indígenas que han sido asesinados por defender su naturaleza de la actividad extractivista y de la presencia de grupos externos”, sumó la especialista.
Pero también entra el papel de la mujer indígena, y desde el punto de vista de la organización Kapè Kapé esta tiene tres estigmas: ser mujer, ser pobre y ser indígena.
“Hay un caso emblemático en el Instituto de Orientación Femenina (Inof), la única cárcel de mujeres en el país, que se encuentra en Los Teques, de una indígena del estado Amazonas que cayó por sustancia, ella tuvo que admitir los hechos, madre de tres o cuatro niños, la cargaron como mula y pues cayó con sustancia y ha sido una lucha cómo trasladarla. Ella no ha podido hacer cambio de centro de reclusión porque en Amazonas no hay y con ese delito de tráfico de sustancias no se acepta ningún tipo de beneficio. La última vez que supe de ella fue el año pasado, estaba contaminada con paludismo”, ejemplifico Molero.
En centros penitenciarios
Moreno, nos relató sobre otro caso el cual se desarrolló en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Vista Hermosa, al sur del país. El detenido: un indígena del estado Amazonas, al cual le imputaron delitos como traición a la patria.
Al parecer el hombre trabajaba en el patio de unas personas que estaban involucradas en actividades ilícitas y tras un operativo militar en el lugar este fue aprehendido. Tenía tan solo dos días laborando en ese sitio.
“Es un indígena de nombre Simón, la mamá hizo una lucha bastante fuerte buscando pues visibilizar el caso, ella acudió a medios de comunicación, nos contactó, se le levantó el caso, se denunció en Defensoría del Pueblo. Le hicimos monitoreo y pues acá dentro del internado había algo llamado el tigrito. El tigrito es cuando en lenguaje coloquial te dicen, ese preso está presito y qué es eso, bueno que es un detenido que está procesado que por no pagar la dádiva semanal a los líderes negativos, él es encerrado, confinado en un espacio muy reducido, sin agua y sin comida. Además él también recibió unos disparos en los pies por su mamá no tener para pagar”, detalló la defensora de DDHH.
Quien sostuvo que en los tribunales también afrontó problemas con el idioma, ya que los traductores de idioma, de lenguas indígenas, básicamente manejan uno solo, “entonces no me vas a decir que el que habla perfecto pemón también te habla yekuana, también te habla jibi, te habla yanomami, o sea es un traductor con todo y entonces esa traducción no es del todo correcta. El traductor es obligatorio que lo provea el Estado. El tribunal tiene que tener su lista de traductores, pero cuando tú te vas a los tribunales encuentras una o dos personas para 52 idiomas indígenas. Entonces allí hay una limitación bastante importante”.
Para Molero, en Venezuela no hay un manejo adecuado de la población penitenciaria indígena, ni para el trato de hombres ni mujeres en las alcabalas. “Eso lo venimos detectando recientemente desde el año 2020, en las alcabalas cuando pasan los indígenas, sobremanera en la del Delta Amacuaro, los indígenas están siendo tratados de forma cruel por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el manejo del cateo, pues le dicen ´quítese los pantalones vamos a revisarte el bolso´ y cuántas veces pasan, cuántas veces lo revisan y ya eso es un trato cruel para la población indígena y pudiera ser incluso hasta un patrón de discriminación simplemente por ser indígena. Entonces tampoco hay en las estadísticas oficiales cuántos indígenas están privados de libertad y el desglose por categoría”.
Cifras
Durante un informe del 2021 de Kapé Kapé, estos resaltan que “el 60% de los privados de libertad nació en Delta Amacuro, 34% en Amazonas y 6% en el estado Bolívar. Todos los encuestados son indígenas, donde la mayoría de los indígenas privados de libertad nacieron en el municipio Tucupita, le siguen los del municipio Atures, Atabapo y Sucre. Los municipios con menor cantidad de personas son Maroa, Autana, Cedeño, Tucuy y Puerto Ayacucho, de los encuestados. El 9% de los encuestados, su media aritmética de la edad calculada entre ellos es de 26 años.
El 94% de los indígenas privados de libertad en Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, pertenecen al sexo masculino y 6% al sexo femenino. Detectaron que el 71% de los indígenas privados de libertad poseen cédula de identidad indígena y el 29% no la posee.
Algunos de los delitos por los que personas indígenas están detenidas son: robo agravado, homicidio, homicidio intencional, abuso sexual de menores, trata de personas, asociación para delinquir, hurto calificado de ganado y hurto material estratégico.
Ya hace dos años Kapé Kapé, resaltaba en su informe que “El 86% de los indígenas privados de libertad no tiene que pagar dinero al pran del penal, y solo el 14% tiene que pagarlo, pagan en pesos colombianos, dólares y bolívares”.
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