En los ocho centros de detención preventiva, lograr mejoras para la población de privados de libertad ha sido lenta y construida con pequeños detalles, que protagonizan en su mayoría los grupos familiares, constituidos principalmente por madres o parejas de privados de libertad
UVL Estado Vargas
La Guaira. Al inicio de la pandemia por Covid – 19, en marzo del año 2020, Judith Rodríguez, no sabía cómo garantizar la alimentación de su hijo Antonio, quien había sido detenido por la Policía Municipal de Vargas, al estar implicado en el robo de un celular. La preocupación tenía razones solidas: en ese Centro de Detención Preventiva, la alimentación depende completamente de los familiares y con las medidas de cuarentena dictadas, se prohibieron las visitas, se impedía el traslado entre parroquias y no había transporte público.
“Yo vivo en La Esperanza, hacia la parroquia Carayaca y venir a Macuto es un viaje. A mí me preocupaba, porque uno escucha historias de otros detenidos que mueren de hambre y yo decía, sino le llevo nada yo, como va a hacer. Esos días fueron una calamidad”, recuerda la mujer.
No sabe en qué momento preciso, coincidió con otras dos madres, con la misma preocupación. Así que decidieron hablar con un funcionario de la policía municipal, para llegar a un acuerdo. De esta manera, las familias con privados de libertad comenzaron a llevar de forma semanal bolsas con comida, que era preparada en la sede policial, en la cocina de los funcionarios policiales.
Aunque ya el hijo de Judith no está detenido, ella dejó buenas amistades, entre las madres y parejas de otros privados de libertad. Por eso sabe, que a pesar que las medidas de la cuarentena se han flexibilizado, la práctica de llevar alimentos para ser preparados en el comando, aún se mantiene. Para ella, es un triunfo, que la idea haya sido tomada por las autoridades y se haya sistematizado como una opción para dar garantía de alimentación.
“Para algunos puede parecer una tontería, pero cuando tienes a un hijo preso, aunque sea en una celda de una policía municipal, tu corazón lo sufre. Entonces si uno logra, aunque sea que la comida le llegue, especialmente cuando no tienes manera de tu llevarla, oye, eso es una gran cosa”.
La historia de Judith, no es única. En el estado Vargas, las iniciativas para humanizar los Centros de Detención Preventiva han surgido desde los propios grupos familiares, así como de movimientos religiosos, católicos y cristianos evangélicos, que con sus acciones, buscan mejorar, aunque sea de a poco, la estadía de los privados de libertad en estos centros de detención preventiva, donde la estadía legal máxima de tres meses, puede convertirse, en años.
En el caso del estado Vargas, al no existir centros carcelarios, los centros de detención preventiva mantienen en sus celdas a privados de libertad, que pueden pasar hasta dos años en espera de que inicie un juicio.
“Esto ha hecho que los grupos familiares coincidan a las afueras de los retenes, de Macuto y Caraballeda, entonces se conozcan en las esperas de las entregas de comida. Y en muchos casos, se organicen para darse apoyo”, explica una funcionaria policial que custodia el Retén de Caraballeda.
Sin embargo, esta realidad no es factible en todos los centros detención preventiva. Estas acciones se han visto mayoritariamente en los centros de detención preventiva que funcionan en el Retén de Caraballeda y en el Retén de Macuto, así como en el comando de la Policía Municipal de Vargas. En los centros bajo la custodia de cuerpos militares, como la Guardia Nacional, es mucho más difícil, lograr un acceso, para brindar ayuda.
Así, en el Centro de Detención de Mujeres y Adolescentes, grupos de la iglesia evangélica, tienen acceso cada quince días y realizan ciclos de lectura bíblica. Ese mismo grupo lleva comida, ropa y producto de higiene personal, para las privadas de libertad.
En el caso del Retén de Macuto, voluntarios de la iglesia católica, realizan visitas bimensuales, donde realizan algunas actividades recreativas. “Nuestra idea es poder venir y hacer actividades recreativas cuando haya nuevamente visitas. Pero por ahora venimos y compartimos con algunos reclusos”, cuenta Manuel Silva, un voluntario de 28 años de edad, que presta apoyo a las familias de los privados de libertad.
Revolución Judicial suma apoyo
Aunque la iniciativa ciudadana es la protagonista, los funcionarios que custodian los centros de detención preventiva en el litoral central, indican que el anuncio de la llamada Revolución Judicial, ha traído como consecuencia, no solo la revisión de las causas, sino también que otras organizaciones e instancias gubernamentales, tomen acciones para conocer y mejorar la vida dentro del centro de detención preventiva.
“Por ejemplo, en lo que va del año 2022, en el centro detención preventiva para mujeres y adolescentes hemos recibido visitas del Ministerio Público, también del Ministerio de la Mujer y del Instituto Regional de la mujer. Se han hecho censos y se ha brindado apoyo, en cuanto al desarrollo de algunos programas de atención. Y esto está íntimamente ligado con el tema de la Revolución Judicial, porque quienes dirigen esos despachos, quieren estar en consonancia con lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, entonces de cierta manera, eso obliga a las autoridades regionales y municipales a voltear la cara hacia los retenes”, analiza un funcionario policial que labora en el Retén de Caraballeda, que solicita no ser identificado al no estar autorizado para dar declaraciones.
Dejar una contestacion