En Lara se han registrado, al menos, 37 situaciones de denuncias, protestas, quejas o huelgas de hambre en los CDP y penales
Héctor Rodríguez / UVL Lara
Elevar la voz en cada sitio donde estén o por cualquier medio de comunicación en pro de que se les respete los derechos humanos de sus familiares privados de libertad se ha convertido en un recurso tanto para parientes como para presos a la hora de exigir traslados, servicios públicos mínimos, alimentación y fin a los maltratos.
En lo que va de 2020, al menos, 37 situaciones de denuncias, protestas, quejas o huelgas de hambre han protagonizado familiares de privados de libertad y los mismos reclusos denunciando violaciones de derechos humanos que van desde el incumplimiento de traslado a tribunales para sus audiencias judiciales respectivas hasta la atención médica adecuada y oportuna para evitar la muerte de un reo. En la entidad crepuscular, hay 38 Centros de Detención Preventiva (CDP) distribuidos en 5 cuerpos de seguridad municipales, regionales y nacionales y dos Centros Penitenciarios y de este total, en al menos el 30 por ciento se han registrado protestas de presos o quejas de parientes de reos.
En los calabozos de la Comunidad Penitenciaria Fénix y el Centro Penitenciario David Viloria conocido como Uribana, ambos ubicados al norte de Barquisimeto, es donde presos y familiares han elevado denuncias ante la grave escasez de agua, alimentación y falta de atención médica que ha terminado en la muerte de un privado de libertad.
Así ocurrió en mayo cuando al menos 108 familiares de presidiarios de Fénix acudieron a la fiscalía superior del Ministerio Público en Lara para protestar contra el traslado ilegal de 25 privados de libertad que fueron llevados a Uribana sin orden de un tribunal, negando su traslado a tribunales, ser beneficiado con medidas por el Plan Cayapa o evitando la comunicación con sus familiares.
De hecho, en esa oportunidad el grupo de protestantes denunció que uno de los privados de libertad trasladado falleció días después de llegar a Uribana debido a la condición delicada de salud en la que se encontraba. El hombre, identificado como Deivis Alexander Carmona Rojas de 24 años, falleció a causa de la tuberculosis que contrajo en Fénix y luego de ser llevado a Viloria, se complicó y murió dentro del penal.
“No es la primera vez que se denuncia en la calle, en los medios de comunicación y hasta frente a los tribunales para exigir medidas humanitarias a presos que están demasiado graves tras los barrotes y las autoridades hacen muy poco o nada. En los penales las condiciones están muy graves. Los presos no comen lo suficiente y con la situación de la pandemia todo se ha empeorado” es el panorama que refleja Nayibe López quien explica que desde el año 2019 se ha dado a conocer estas informaciones en distintas instancias para que exista una solución, pero en la mayoría de las situaciones éstas no llegan.
López, quien es coordinadora de la Asociación Civil Las Mercedes conformada por un grupo de familiares de presos que velan por sus derechos humanos y desde hace dos años monitorean la situación de los CDP y Centros Penitenciarios, reseñó que las denuncias constantes de familiares se basa en temas relacionados con la salud, escasez de agua, mala alimentación de los presos y casos novedosos como la extorsión de funcionarios militares quienes practican la venta ilegal de comida a los presos.
“En abril se registró una denuncia en David Viloria donde los privados de libertad y sus familiares denunciaron que los custodios del Ministerio de Servicios Penitenciario y de la Guardia Nacional le vendían comida con muchos alimentos y agua a cambio de que sus familiares fuera del penal les hicieran un pago móvil o transferencia bancaria a ellos” relató la máxima representante de Las Mercedes.
Sin atención oportuna
En lo que va de 2020 un total de 50 privados de libertad entre CDP y penales han muerto; de esa cantidad el 85% ha fallecido a causa de tuberculosis, insuficiencia respiratoria y desnutrición. Algunos familiares de los reos que perdieron la vida, en medios de comunicación de la región o en entrevistas con Una Ventana a la Libertad (UVL), han confesado que los presidiarios no reciben la atención adecuada a sus padecimientos.
En febrero Rosa Pérez, hermana del recluso Orlando José Rivas Castillo, denunció que funcionarios del Cicpc del Eje de Homicidios de Barquisimeto no le entregaban los alimentos que ella le llevaba constantemente, lo que le produjo una gran pérdida de peso corporal. La dama detalló que al joven se le negó su derecho a la salud, ya que transcurrieron varios días y se requirió de mucha insistencia de sus parientes para que fuese movilizado al centro asistencial.
“El 30 de enero logré en tribunales la orden de traslado a un hospital para que recibiera tratamiento médico y fue hasta el 3 de febrero en la tarde que lo movieron. Los funcionarios decían que no tenían patrulla para llevarlo. Tuvimos que pagar un carro para que lo atendiera un médico a pesar de la carta de extrema urgencia de tribunales”, relató desde la morgue cuando agregó que Rivas Castillo perdió casi 35 kilos. En ese Eje de Homicidios son injustos porque no cumplen con la entrega de comida y medicina. Esos funcionarios negaron que los alguaciles les entregaron la orden de traslado”, denunció a UVL.
El 25 de febrero en Fénix otra familiar de preso relató la tragedia que vivió Carlos Eduardo Rodríguez Palencia quien falleció por insuficiencia respiratoria, tuberculosis y desnutrición. “En Tocorón (Aragua) se la diagnosticaron, pero la última vez que lo vi me llevé una sorpresa: mi hijo estaba muy delgado; en Fénix es muy complicado lo de la comida”, dijo la madre del joven, Edilia Palencia a Una Ventana a la Libertad un día después de la muerte.
La señora se quejó de la falta de información, la poca atención médica y la mala alimentación que dan en este penal que está bajo la administración del Ministerio Penitenciario. Este patrón que expresó Palencia se ha convertido en una especie de patrón en el 85% de los reos fallecidos en este 2020.
Se cosen por sus derechos
Aproximadamente 10 huelgas de hambre se han contabilizado en lo que va de año en Lara y de esta cantidad, al menos 3 se han registrado con la medida extrema de que los privados de libertad se cosen los labios para no ingerir ningún tipo de alimentos y solo consumen agua con azúcar.
Estos tres casos han sucedido en Quíbor, capital del municipio Jiménez, específicamente en la Policía de Lara y dos ocasiones en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se ubica en Pata ‘e Palo de Barquisimeto.
Específicamente, en uno de los cuatro calabozos de la PNB se registraron las dos huelgas con labios cosidos. La primera era contra el hacinamiento en el que pasaban sus días de trabajo además de señalar al policía de apellido Leal como maltratador y violador de sus derechos humanos.
“La situación de Pata ‘e Palo verdaderamente delicada. Allí se encuentran más de 150 presos en 4 pequeños calabozos y los traslados de presos, de quienes ya tienen orden de traslado a penales, se hace muy esporádicamente. Los familiares han protestado también contra ese hacinamiento y se han registrado hechos violentos por esta misma situación y lo lamentable es que no hay mejoras” indica López cuando analiza la grave situación de este CDP que se ha convertido en uno de los más problemáticos de todo el estado.
En el Cicpc subdelegación Barquisimeto de la Zona Industrial se han registrado también dos huelgas de hambre. La primera por una requisa sorpresa que dejó a los privados de libertad sin enseres como sábanas, recipientes para almacenar agua y artículos de higiene personal. Esto ocurrió en febrero. Luego, en julio, 157 detenidos comenzaron una huelga de hambre en contra de los maltratos por parte de funcionaros del cuerpo detectivesco. En esa oportunidad, los familiares informaron que algunos de los detenidos tienen hasta tres meses padeciendo enfermedades crónicas y familiares cumplen con llevarle medicinas, pero aseguran que no son entregadas.
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