Dos privados de libertad consiguieron traslados a la cárcel de Mérida y a un Centro Psiquiátrico de Trujillo. Decisiones de la Revolución Judicial con las cuales no están de acuerdo sus familiares. La comisión también ha atendido protestas de otros casos en una semana de trabajo
UVL- Trujillo
Valera.- Familiares de dos privados de libertad, quienes se encontraban en las sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ubicadas en el municipio Valera, estado Trujillo, expresaron cierta inconformidad por la decisión de traslados tomada por la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema Judicial, que cumple una semana de evaluación en centros de
detención preventiva. A juicio de los declarantes, las quejas son por la ubicación de los nuevos centros.
En el primer caso, los familiares de un joven con condiciones especiales, acusado de violación, manifestaron no estar de acuerdo con el traslado del detenido al Hospital Psiquiátrico de Betijoque, situado en el municipio Rafael Rangel. Aseguran que él no necesita de un tratamiento, sino simplemente los cuidados de sus seres queridos, por lo cual abogaban por una medida sustitutiva al encarcelamiento.
Por otro lado temen que en el centro de salud, la condición física y mental del joven se deteriore. Además de denunciar ciertas carencias del hospital con respecto a medicamentos, alimentos y otros insumos. En ese sentido llaman a reconsiderar la decisión por parte de la Comisión Presidencial.
Nadie lo podrá visitar
El segundo caso se trata de un joven acusado de violencia, quien consiguió un traslado al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), ubicado en el estado Mérida. Su familiar, una persona de la tercera edad, ha expresado en distintas ocasiones a Una Ventana a la Libertad ser la única que le lleva alimentos, ropa e insumos de higiene. Por lo tanto, teme que, una vez recluido en la mencionada cárcel, ella no podrá trasladarse con frecuencia a visitarlo. Alega, además, no tener los recursos económicos para viajar.
Finalmente, durante la primera semana de actuación de la comisión en la región, también se registraron dos protestas frente a la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del municipio Valera, la mañana del domingo, 3 de abril. Un grupo de protestantes exigían la liberación de un grupo de funcionarios de la PNB privados de libertad por extorsión y otro grupo solicitaba a la comisión la libertad inmediata de dos agricultores presos por tenencia de drogas. Estos últimos ciudadanos explicaron que los efectivos les sembraron las evidencias por negarse al pago de una “vacuna”.
Ambas solicitudes, según informó la Defensoría del Pueblo el martes, 5 de abril, fueron escuchados por el diputado Julio Chavéz de la comisión y el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez.
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