Ningún privado de libertad recién capturado pasa por un aislamiento preventivo, de al menos una semana, para descartar que esté contagiado de COVID-19. Lo mismo ocurre en todos los CDP monitoreados por Una Ventana a la Libertad. Es decir que no existe un protocolo sanitario preventivo del coronavirus
Lidk Rodelo, UVL/ Guatire
Aunque estadísticamente, según las cifras oficiales que publica el Gobierno de Venezuela sobre el COVID-19, no se reflejan contagios de coronavirus dentro de los Centros de Detención Preventiva (CDP) de las regiones Guarenas-Guatire y Barlovento, en el estado Miranda, los familiares de los privados de libertad temen por la salud de los reclusos, ante una posible propagación del virus.
El hacinamiento y la insalubridad, representan las principales preocupaciones de los parientes de los presos, en virtud de que esas son precisamente las condiciones que han sido generadoras de diversas enfermedades y afecciones de salud, en los internos.
“Imagínese que alguien se contagie de COVID-19, en esos calabozos donde no hay distanciamiento social, donde todos están pegaditos y sin mucho espacio, eso se propagaría rápidamente y todos caerían”, así se expresó, mientras hacía la señal de la cruz entre su frente, hombros y pecho, Maritza González, un sexagenaria, madre de un privado de libertad recluido en los calabozos de la Policía Municipal de Zamora (Polizamora) en Guatire.
Ella se define como una mujer de fe. “Lo único que me queda es encomendárselo a Dios para que lo cuide y proteja del COVID19”, relata. Su hijo tiene 41 años y es diabético, una patología de base asociada a las complicaciones que se derivan del virus descubierto en China a finales de 2019.
Toda persona capturada por Polizamora, desde marzo del año pasado cuando el virus fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es llevada directamente al área de calabozos, junto a los demás privados de libertad.
Ningún privado de libertad recién capturado pasa por un aislamiento preventivo, de al menos una semana, para descartar que esté contagiado de COVID-19. Lo mismo ocurre en todos los CDP monitoreados por Una Ventana a la Libertad. Es decir que no existe un protocolo sanitario preventivo del coronavirus.
Así como a Maritza, a Gladys (nombre ficticio para proteger su identidad) también le preocupa el estado de salud de su hijo veinteañero, quien fue apresado durante el pasado mes de febrero, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en Guarenas.
“Entre marzo y abril varios estuvieron mal. Con los síntomas de fiebre y tos. “Nos decían que era una gripe común, pero todos sabíamos que no era así, porque habían confirmado funcionarios contagiados. Sabíamos que ellos también tenían COVID porque eran muchos como para tener una simple gripe. Gracias a Dios en ese calabozo todos son jóvenes y están relativamente bien y por eso no les pegó tan fuerte, aunque hay algunos casos que todavía están con cansancio y afecciones”, explicó.
Gladys asegura que se trató de COVID-19. Sin embargo, esta versión fue negada por las autoridades a Una Ventana a la Libertad. Efectivos del Cicpc no autorizados para declarar, a quienes se les protegió la identidad, indicaron: “sólo los médicos pueden confirmar eso. Ellos están bien y en buenas condiciones”.
El testimonio de ambas mujeres se replica en otros CDP. Así como ocurre con los alimentos y el agua, son los familiares quienes deben de proveer de tapabocas a los privados de libertad y, en caso de que estos últimos presenten alguna afección de salud, sus parientes también deben responsabilizarse por los medicamentos.
Familiares piden al Ministerio para el Servicio Penitenciario que se garanticen las medidas mínimas de bioseguridad y se establezca un protocolo sanitario, para evitar que se propague el COVID- 19 entre la población reclusa.
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