Equipo de Investigación UVL
Son las tres de la mañana y María Marval está saliendo de su casa ubicada en Punta de Piedras, municipio Tubores de Nueva Esparta, camino al Centro de Detención Preventiva del Cicpc en Porlamar. Tan solo son 32 kilómetros de distancia, lo que le llevaría unos 45 minutos de camino, pero en esta cuarentena por el COVID-19 el transporte público es escaso en la isla de Margarita, por eso es prevenida y sale muy temprano para ser una de las primeras en la parada, aún oscura del autobús.
Poco después de las seis de la mañana llega la primera buseta que cubre la ruta de Punta de Piedras al centro de Porlamar, el recorrido dura casi una hora por lo deteriorado de las unidades. Lleva el dinero del pasaje contado: 70 mil bolívares ida y vuelta. Para llegar al CDP del CICPC en el sector Sabanamar de Porlamar, aún necesita tomar otro autobús, pero eso sería un lujo que no puede permitirse, así que camina casi seis kilómetros. Llega a las ocho de la mañana a llevarle un poco de comida a su hijo.
María no tiene mucho dinero, pero hace todo lo posible por alimentar a su hijo que tiene dos años preso y esperando por audiencia. Apenas logró llevarle un kilo de arroz, uno de lentejas, dos kilos de sardinas y una lechosa que cultivó en el patio de su casa. Ella sabe que no es suficiente para toda la semana, pero con la cuarentena en su trabajo han dejado de pagarle por las pocas ventas, además que tiene dos hijos menores de edad a quienes dar de comer.
Cuando llega al CDP se consigue con Lorena Márquez, ella también tiene un hijo detenido en esta base, pero tiene la ventaja de que vive muy cerca. Se han hecho amigas y ésta la apoya con la comida. Lorena va todos los días y le lleva comida preparada a su familiar y siempre mete un poco más para que el hijo de María también coma.
Lorena está en mejor situación, aunque asegura que no es fácil conseguir el dinero en esta cuarentena, ella es encargada de una tienda y aún puede llevarle comida a su hijo a diario, pero además debe mantener a sus dos nietas y nuera quienes quedaron desprotegidas cuando su hijo cayó preso.
Comenta que le lleva el desayuno, que puede ser unas arepas con queso o huevo, de almuerzo pasta con carne molida y para la cena le entrega un paquete de harina de maíz y unos 200gr de queso, esta última es la única que no lleva lista porque la recepción de comida es hasta la dos de la tarde. Estima que diario gasta $ 12 en la alimentación de su hijo.
Para ella la admisión de alimentos en este CDP ha mejorado durante la cuarentena. No ha escuchado casos de otros familiares que les quitaran o sacaran comida, “pero siempre hay que estar pendiente”, dice.
Como lo hace Rosa Marcano, quien reside en El Dátil en el municipio García. Ella lleva comida a su esposo en el CDP de Ciudad Cartón en Porlamar, y ha visto cómo los funcionarios les quitan los comestibles a los presos. En esta cuarentena han prohibido las visitas, pero por teléfono le informa su esposo todo lo que le ha llegado.
Con rabia comenta que si lleva cuatro bistecs, le entregan tres o dos, si le lleva dos harinas le dan una, lo que la llena de frustración porque se esfuerza para conseguir dinero para dar de comer a su esposo preso y a sus hijos.
Ella no tiene trabajo, se las ingenia vendiendo en su casa heladitos, hielo, cigarros para tener dinero para mantener a toda su familia que cayó en una gran crisis desde hace dos años y dos meses, cuando su esposo quedó tras las rejas. Él era el sustento del hogar.
Con lo que reúne compra semanal un kilo de arroz, dos kg de pasta, un kg de harina, un poco de aliños, que pueden ser cebolla y unas ramitas de cilantro o perejil, para aliñar la poquita carne molida que le aparta, patas de pollo y unas sardinas. Semanalmente gasta casi dos millones de bolívares en comida para él, siendo casi el 50% de lo que percibe semanalmente.
Para llevarle la comida debe salir a la parada al menos a las cinco de la mañana, cargada con toda la comida a esperar que pase un autobús. Esto puede tomarle dos horas o más porque las unidades pasan repletas y no paran a cargar más pasajeros.
Además, tiene gastos adicionales que van desde 30 mil bolívares para la compra de camiones cisterna, un millón de bolívares para comprarle pasta de diente, jabón y afeitadoras al mes, además colabora con un litro de cloro, desinfectante y lavaplatos para el aseo del calabozo.
Confinamiento dentro del confinamiento
Desde mediados de abril, el municipio Maneiro en Nueva Esparta estaba cerrado porque fue ahí donde se registró el primer brote de Coronavirus en el estado. Allí está ubicado el CDP de Los Robles que alberga a la mayoría de las mujeres presas en la región insular. Muchas de ellas no son residentes de esta jurisdicción, por lo que los familiares fuera de este municipio no podían ingresar.
Karen Millán, hermana de una privada de libertad, contó que esta medida de cierre fue inesperada para todos, por lo que la primera semana no lograron llevarle comida.
“Fue desesperante pensar que mi hermana no estaba comiendo. Hablé con otros familiares y estaban igual que yo. La primera semana, las que tienen familiares dentro de Maneiro apoyaron a las otras, pero fue angustiante. Luego dimos en conjunto con la Policía del estado con una forma de hacerles llegar la comida”.
El director del Instituto Autónomo de Policía del estado Nueva Esparta (Iapolebne) organizó que los familiares de las privadas de libertad del CDP de Los Robles llevaran los alimentos a un punto de control en la Plaza Bolívar y ellos lo llevarían a la base.
“Creo que la solidaridad entre los familiares es muy fuerte, siempre nos apoyamos. Si esa semana no hubiésemos tenido a otras ayudando, las presas la hubiesen pasado mal. La solidaridad ha sido primordial sobre todo en esta cuarentena”.
Karen trabaja como cajera en un supermercado de la región insular y gracias a eso puede apoyar a su hermana. “En el trabajo me dan combos de comida y me pagan en dólares, pero sé que hay muchas familiares como yo que no corren con esa suerte. Yo trato de apoyar con una harinita, arroz o pasta para que varias puedan comer, así sea una vez al día”.
Ella explica que las mujeres requieren más gastos que los hombres sobre todo por la higiene, asegura que semanal gasta unos 20$ en comida para su hermana, pero añadiría unos cinco dólares adicionales para comprar toallas sanitarias y otros productos.
“Mi hermana es privilegiada, porque yo no tengo hijos y puedo disponer más dinero para ella. Creo que es de las pocas presas que tienen toallas sanitarias, porque la mayoría usan trapos”.
Una de las situaciones que más estrés le ha generado esta cuarentena es no poder visitar a su hermana. “Yo soy muy unida con ella, pero ya tengo tres meses sin verla, porque las visitas están suspendidas. Espero que la próxima vez que vaya pueda verla así sea de lejos”.
Cada vez es más complicado atender sus necesidades
Desde el autobús que las retorna hasta sus casas, Rosa, Lorena Karen y María vislumbran el futuro bastante complejo para ellas y sus familiares privados de libertad. Cada vez se les hace más cuesta arriba conseguir dinero para proveerlos de alimentos, productos de higiene personal, ayudar a costear los camiones cisterna y de limpieza ante la crisis económica, que se ha acentuado con esta pandemia por el COVID-19.
Aunque ellas pueden llevar alimentos crudos una vez a la semana, y algunas hasta a diario, hay muchos presos que reciben comida mensual o no reciben nada. Los CDP fueron diseñados para albergar a detenidos solo por 74 horas, luego de este plazo deberían ser trasladados a la cárcel de San Antonio, pero el retardo procesal complica todo el transcurso.
Según las autoridades encargadas de los CDP en Nueva Esparta, el 70% de los privados de libertad de la entidad insular provienen de tierra firme, por lo que muchos familiares no pudieron entrar a la Isla en esta cuarentena ya que los puertos han estado cerrados.
Mientras, Rosa, Lorena Karen y María son apenas cuatro de las aproximadamente 1.500 historias que esperan que el amanecer llegue, sus esperanzas también se sientan en la parada de un autobús con hora de llegada incierta.
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