Equipo UVL Yaracuy
San Felipe. Si alguna palabra causa temor en los familiares de los privados de libertad que están en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy, en San Felipe, es requisa. Y es que cada vez que los funcionarios de seguridad del Estado entran al recinto para revisar pertenencias de los reos se desatan todo tipo de preocupaciones entre sus esposas, madres, hermanas e hijos.
Todos coinciden en afirmar que este procedimiento obviamente es legal y está fundamentado en las leyes de la República, pero muchos de ellos alegan que los funcionarios cometen toda clase de abusos amparados en este procedimiento.
Sostienen que cada vez que ejecutan una requisa, no solo se llevan objetos ilícitos que pudieran tener algunos privados de libertad, sino que les dañan algunas pertenencias, incluso hasta alimentos y utensilios de cocina terminan perdiendo.
“Da dolor, el año pasado hubo una requisa, los muchachos que están en el área de ‘Tigrito’ tenían comida, algunas cosas de higiene, incluso un caracol (cocina a diesel elaborada de manera rudimentaria) y todo esto se lo quitaron y dañaron, también perdieron hasta medicinas, no es justo que no solo los maltraten, sino que le quiten lo que con mucho sacrificio nosotros como familiares le llevamos para hacer su vida más llevadera en la cárcel”, manifestó una madre de un reo quien no quiso identificarse públicamente por temor a represalias.
La historia de esta dama es muy común, más bien aseguran que el año pasado el trato hacía los privados de libertad mejoró en comparación con los años previos a la pandemia.
Rafael Delgado, abogado en derecho penal, sostiene que como premisa es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los privados de libertad, bien sea los que estén sometidos a un proceso judicial o los que ya estén condenados.
“Las requisas son un escenario de control y seguridad de los presos y los centros donde estos se encuentran. En teoría es una virtud que tiene el Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no solo en la realidad procesal, sino garantizar el derecho a la vida y a la salud. Recordemos que la reinserción es el norte de lo que se quiere. Esto no quiere decir que los cuerpos de seguridad teniendo esta potestad traduzcan este hecho en abusos hacia los ciudadanos privados de libertad”, manifestó.
Delgado añade que las requisas se hacen para el control interno de cárceles y centros de detención preventiva, así evitan que se introduzcan y comercialicen cosas ilegales para los internos. “Lo ideal es que las autoridades cumplan el marco legal y respeten los derechos humanos al momento de ejecutar estos procedimientos”, sostuvo.
Tres procedimientos en 2021
Durante el año pasado se conoció que por lo menos tres requisas se ejecutaron en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de San Felipe. Posterior a las tres revisiones las denuncias de familiares y allegados a los presos no se hicieron esperar, incluso en al menos dos de estos hechos los mismos presos gritaban y exigían respeto a sus derechos mientras se ejecutaba el procedimiento.
La más reciente fue el pasado 10 de noviembre. En esa fecha la Unidad de Control, Reuniones y Manifestaciones Públicas de la Policía del estado Yaracuy ejecutó ejecutaron la acción. Mientras se desarrollaba funcionarios de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo estuvieron en el lugar.
Aunque se trató en su momento de obtener un balance, esto resultó imposible de precisar, solo algunos funcionarios de manera extraoficial indicaron que en el lugar ubicaron algunos chuzos y teléfonos celulares dañados, estos presumiblemente fueron deteriorados por los mismos presos apenas se enteraron que los policías iban a ingresar a las celdas.
En ese momento, familiares de los reos que se apostaron en las afueras del recinto exigieron respeto a la integridad de los reos. Afortunadamente el proceso de llevó a cabo sin mayor contratiempo.
En junio de 2021, hubo dos requisas extraordinarias, ambas fueron desarrolladas por militares del Comando Nacional Antisecuestro de la GNB, en los dos procedimientos, los militares decomisaron a la población penitenciaria más de 30 teléfonos celulares, ocho armas de fuego de fabricación artesanal, 18 chuzos, y 11 pipas para consumir sustancias estupefacientes.
En ese momento, algunos de los funcionarios actuantes indicaron que la revisión la ejecutaron por orden de las autoridades fiscales y judiciales y tuvo como norte cortar los posibles nexos que mantenían los privados de libertad de este recinto con grupos delictivos organizados que operaban y que siguen operando en la entidad.
En estos hechos hubo serias denuncias de los allegados a los internos, todos indicaron que hubo abuso de autoridad por parte de los funcionarios.
En otros centros de detención preventiva ubicados a lo largo y ancho del estado Yaracuy, también ejecutaron procedimientos similares, pero por ser centros más pequeños, con pocos internos, los procesos no son tan traumáticos.
En 2021 también hubo una requisa en ‘La Cuarta’
El Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) del Ministerio de Servicio Penitenciario ejecutó una requisa especial el pasado 8 de abril de 2021 en el Internado Judicial de San Felipe, conocido como ‘La Cuarta’.
Más de 40 funcionarios del referido ente se adentraron la tarde de ese día al recinto y revisaron las diversas áreas del penal yaracuyano en el que se albergaban para aquel momento unos 900 internos.
La ministra de Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, solo publicó un tuit con cuatro imágenes en la que aclaró que el propósito de la medida fue “garantizar la paz y la seguridad interna de ese establecimiento penitenciario”. Fue imposible obtener un balance oficial de lo incautado en aquel momento.
Cronología
- 5 de junio de 2021: Se genera una riña en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de San Felipe, tras el intento de un grupo de privados de libertad de desplazar al líder negativo que existía en ese momento. Tras el incidente comisiones de Conas y de la Policía regional tomaron los calabozos
- 21 de junio de 2021. Solo los funcionarios del Conas Yaracuy toman la sala de resguardo, decomisan más de 30 teléfonos celulares, droga, pipas, y hasta armas de fabricación artesanal. Familiares de los reos protestan en las afueras del recinto exigiendo respeto y garantía de DDHH de los internos
- 10 de noviembre de 2021. La Brigada de Control de Reuniones y Manifestaciones Públicas de la Policía regional tomó las celdas junto a representantes de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo. En este procedimiento no se hallaron casi objetos ilícitos, pues ya estos calabozos habían sido descongestionados con la llegada de la Comisión para la Revolución Judicial.
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