Seis hombres y dos mujeres pertenecientes a la Policía municipal de Boconó, que permanecen detenidos en la sede del Cicpc de dicha localidad, tienen un año y cuatro meses a la espera del procedimiento judicial. En el reciente Plan Cayapa no fueron atendidos porque su caso es llevado en Caracas
UVL-Trujillo
Valera.- Familiares de los ocho funcionarios de la Policía de Boconó, detenidos desde el 8 de Agosto del año 2020 y recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la subdelagación bononesa, en el estado Trujillo, denunciaron un retardo procesal debido al avocamiento solicitado en su momento por el difunto alcalde Luis Hidalgo y el sindico Luis Méndez.
Los declarantes explicaron que los ciudadanos, Yorman M., Carlos G., Franklin A., Adrián M., Omar G., Jean H. y las ciudadanas Raisy H. Kathery Q., han pasado un año y cuatro meses tras las rejas, luego de haber sido presentados en la primera audiencia, en la cual se daban 45 días para esclarecer el hecho. Recientemente, la Revolución Judicial que atendió varios privados de libertad, no pudo ayudarlos porque el expediente está en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
Su salud está en deterioro
Los declarantes explicaron a Una Ventana a la Libertad, este viernes, 12 de noviembre, que la salud de uno de los detenidos, Carlos G., está en deterioro, pues mientras estaba en reclusión sufrió un accidente cerebro vascular, lo cual lo mantiene en una silla de ruedas. Los familiares detallan que no tienen quejas del Cicpc, porque está en un área aislada, al igual que el resto de los detenidos y detenidas.
Igualmente, le permiten ir al médico, obtener los medicamentos y las reuniones con su defensa. No obstante, solicitan que el proceso se agilice y puedan ser excarcelados. Argumentan que ellos son la principal fuente de ingreso de sus hogares y el delito del cual se los acusa debe ser revisado a profundidad. Los efectivos alegan ser acusados injustamente de irregularidades durante el cumplimiento del decreto de cuarentena radical en los comercios.
Actualmente, detallaron, el TSJ declaró el pasado viernes, 20 de agosto de 2021, inadmisible el avocamiento y solicitaron que el expediente sea remitido a la Circunscripción Judicial del estado Trujillo. Esto con la finalidad de que se le dé celeridad procesal. No obstante, esta decisión está solamente en formato digital y para ser ejecutado debe estar en físico y no ha llegado.
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