
Los familiares de las 69 personas, entre estas 67 presos y dos mujeres que pernoctaban en el lugar, esperan justicia a un año de haberse originado la tragedia en los calabozos de la Policía de Carabobo, estado Carabobo, ubicado en la zona centro de Venezuela.
Rubén Bolívar Idrogo / UVL Carabobo
En el incendio presuntamente provocado el 28 de marzo de 2018, Miércoles Santo, por funcionarios de la policía estadal, de acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes; arrojó 68 muertos en el interior de los cuatro calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo, en la avenida Navas Spinola, del municipio Valencia; mientras que uno de los presos falleció cinco días después en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).
En un encuentro con los familiares de los privados de libertad que fallecieron la Semana Santa del año pasado, la abogada Maibi Rondón, presidenta del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Carabobo, sostuvo que en los 365 días que han transcurrido lo que se ha observado es una injusticia penal y una falta de respeto con los parientes de las víctimas.
DPA- Juan Carlos Hernandez
Aparte del retardo del proceso penal para los presuntos responsables de la tragedia, los parientes de los reclusos y de las dos mujeres, son perseguidos y amenazados. Además, los afectados esperan ser resarcidos por el Estado por la pérdida de sus seres queridos.
Asimismo, madres, padres, hermanos, hijos y esposas reclaman justicia ante esta tragedia que todavía no han podido superar. “Es como si me hubiesen quitado parte de mi vida”, afirmó Carolina Márquez.
Por su parte, la profesional del Derecho manifestó que, las audiencias preliminares a los cinco oficiales de la Policía de Carabobo detenidos por este caso, se han suspendido en 19 oportunidades.
Cabe señalar que entre los detenidos destaca José Luis Rodríguez, quien para el momento fungía de Subdirector de dicha institución policial.
“Es una lucha contra la corriente, pero llegarán hasta el final”, aseguran varios familiares. Sostuvieron que hay una irregularidad que consideran de suma gravedad, y es que, el acta de defunción de cada preso que murió en la tragedia del 28 de marzo de 2018, indica que falleció por asfixia.
Algunos allegados a los presos que no dieron sus identidades por cuestiones de seguridad, aseguraron que “eso es algo totalmente falso porque el testimonio de los sobrevivientes y fotos tomadas a varios de los cadáveres, éstos muestran heridas por arma de fuego y también indicios que murieron calcinados”.
AFP- Juan Carlos Hernandez
Sobre esta tragedia que ocurrió en los calabozos de la Policía de Carabobo el Miércoles Santos 28 de marzo de 2018, una de las más graves en los últimos 25 años en el país, marcó la vida de mucha gente, sentenciaron los familiares Yorman Trejo.
Recuerdan que ese día entraron en pánico. Salieron “volando” desde el estado Cojedes al enterarse de lo que estaba pasando en con su hijo, quien para el momento tenía 28 años.
Denuncian que el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, así como la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela Rangel, se lavaron las manos como Pilato y se han hecho de la vista gorda. “No han hecho nada para esclarecer qué fue lo que en realidad pasó en la Policía de Carabobo. Como siempre pasa, la cabuya revienta por lo más delgado. Pusieron a cinco policía presos, va un año y no tienen sentencia. El que estaba como director general, el comisario José Aldama Reyes, lo apartaron del cargo y para nada lo mencionan en la tragedia donde se le violaron los derechos humanos a 67 presos”, se lamentó la madre de una de las víctimas.
La lucha no termina aquí, adujeron, porque si en Venezuela no hacen justicia, acudirán a instancias internacionales. “No nos devolverán a nuestros hijos ya muertos, pero los culpables tienen que pagar cárcel; así como estaban pagando nuestros muchachos por el delito que cometieron, y que estos policías, quienes tenían el deber de cuidarlos, nos los entregaron muertos”, sentenció la madre de Felipe Pinto.
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Finalmente, la abogada Rondón dijo que los representantes del Ministerio Público aducen que algunas audiencias no se dan porque no ubican a los familiares de los presos que murieron en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo porque se han negado en facilitar sus direcciones, pero que esto no es un motivo para hacer llegar la notificación porque existen otras vías: mensaje de texto, Whats App y el correo electrónico.
Fotografías cortesía: AFP- Juan Carlos Hernandez.
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