Angélica Lugo, UVL / Caracas
En los primeros tres meses de la cuarentena en Venezuela, para prevenir la propagación del Covid-19, las esposas y madres de la población reclusa detenida en calabozos policiales en Caracas han hecho peripecias para poder garantizar la salud de sus internos.
En el mes de junio la situación de supervivencia en los centros de detención preventiva de la capital de Venezuela fue, quizá, aún más cuesta arriba. En las últimas semanas estas mujeres han tenido que buscar ayuda para costear cisternas de agua y también para trasladar galones de agua. Las fallas en este servicio público, que afectan a gran parte de la población venezolana, también se replica en las prisiones preventivas.
Aunque las condiciones generales en los 26 CDP monitoreados en Caracas son prácticamente similares, este mes de junio se hizo zoom en cuatro centros transitorios.
Desnutrición, tuberculosis y enfermedades de la piel: el dolor de cabeza en “Zona 7”
El Comité de familiares de la población reclusa de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en Boleíta, también conocida como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, cada vez más mejora sus planes de contingencia para garantizar que los detenidos en ese CDP, que supera los mil internos, puedan recibir alimentos y, de ser necesario, ser trasladados a centros asistenciales.
Los más de mil privados de libertad están distribuidos en 16 celdas y, para poder tener conocimiento del estado de salud y de las condiciones de reclusión las mujeres escogieron a una delegada por cada calabozo. Una de las delegadas explicó a Una Ventana a la Libertad que la principal preocupación es lograr que los 100 reclusos que tienen síntomas de tuberculosis sean atendidos.
Una de las mujeres que teme que su esposo sea uno de los contagiados, logró que el jueves 18 de junio le permitieran llevarlo al Distrito Sanitario N° 3, ubicado en San Martín, para hacerle la prueba del esputo a su pareja y, así, determinar si tiene o no tuberculosis. El permiso no fue gratis: tuvo que brindarle el desayuno a uno de los funcionarios de la PNB que ese día estaba de guardia.
“Me ofrecieron los resultados para el martes 23 de junio, pero dudo que estén disponibles para ese día, además, esa semana se radicalizará la cuarentena en Caracas”, manifiesta la mujer que, asegura, su esposo tiene todos los síntomas de la tuberculosis: tiene fiebre, diarrea y ha vomitado sangre.
El martes 23 de junio la mujer recibió la noticia que no quería: su esposo tiene tuberculosis. Desde San Martín la remitieron al Distrito 7 de Sanidad, ubicado en La California. Pero allí le dijeron que fuera en dos semanas para ver si le daban el tratamiento. “No quiero que mi esposo se me muera. Ya casi no puede caminar y me dice que se asfixia”, manifestó a Una Ventana a la Libertad. La mujer agota todos los recursos que tiene a la mano en medio de una semana en la que el tránsito es más limitado por la “radicalización” de la cuarentena. Pedir ayuda en el Hospital Vargas es una de sus opciones.
Además, el esposo de esta mujer, que tiene un año y ocho meses detenido por el delito de robo, es asmático y hace unas semanas presentó un ataque de asma. “Le pedí al funcionario Viloria que lo trasladara al CDI que queda en La California Sur, pero me negó el permiso”, dice.
Las representantes del comité de familiares de este CDP aseguran que los más vulnerables son los “desasistidos”. Se trata de los reclusos que no son visitados por nadie y que no tienen quién les lleve alimentos. Sin embargo, en la tercera semana de junio se organizaron para llevarles alimentos a esta población que está principalmente en la celda 3. “Ellos están en el huesito. Nadie les lleva comida. Tienen desnutrición y, casi todos, también tienen tuberculosis”, refiere una de las mujeres.
En este centro de detención preventiva han tenido que pagar galones de agua para que sus familiares puedan asearse. Por cinco litros de agua pagan entre 10 y 15 mil bolívares. La mayoría de estas mujeres no descarta que los brotes en la piel, conocidos como sarna o “carranchín” se deben, en parte, por la falta de agua.
Familiares de interno que murió de tuberculosis en el Cicpc de El Llanito reúnen dinero para retirar su cuerpo de la morgue de Bello Monte
Este martes 23 de junio de 2020 el cuerpo de un recluso que estaba detenido en los calabozos de la Subdelegación del Cicpc de El Llanito cumplió 10 días en la morgue de Bello Monte. Aunque sus familiares tienen una campaña con sus conocidos, a través de Whatsapp para recaudar fondos, no han logrado la meta.
El privado de libertad, que murió de tuberculosis en ese centro de detención preventiva el domingo 14 de junio, se llamaba Luis Eduardo Pérez Suárez. Tenía 23 años de edad y estaba detenido en ese CDP desde octubre de 2019.
Aunque el difunto presentaba síntomas de tuberculosis desde el año pasado, nunca fue trasladado a un hospital. «Nunca los policías nos autorizaron su traslado a un centro asistencial y él se infectó desde los primeros días que estuvo preso», refirió un familiar del interno a Una Ventana a la Libertad.
La familia de Luis Eduardo Pérez Suárez tiene disponible el siguiente número telefónico para las personas que quieran colaborarles con los gastos para cremar el cuerpo del hombre: +58 414 280 92 34.
En Polihatillo monitorean a un hipertenso y a un recién operado
La parte defensora de un recluso hipertenso detenido en los calabozos de la Policía Municipal de El Hatillo (Polihatillo) hace todos los esfuerzos por lograr que su defendido reciba una medida humanitaria de casa por cárcel.
El interno está privado de libertad desde diciembre de 2019 en ese centro de detención preventiva por intento de femicidio con amenaza de arma de fuego, revelaron a Una Ventana a la Libertad fuentes policiales de esa dependencia.
Se confirmó que el detenido, cuyo caso ya está en fase de juicio, es trasladado al hospital entre dos y tres veces a la semana para chequeos médicos. «El encierro y el hacinamiento no ayudan a la recuperación de este recluso, además, ha manifestado sentir claustrofobia», explicó uno de los funcionarios de Polihatillo.
El director de Polihatillo, Comisario Sergio González, dijo que, aunque en ese CDP el hacinamiento no es crítico como en la mayoría de las comisarías, no tienen las condiciones óptimas para que los detenidos con complicaciones de salud puedan recuperarse.
González refirió el caso de un interno que a inicios del mes de mayo fue operado de una hernia en el hospital Pérez de León: «Lo tenemos en tratamiento, pero no tenemos el espacio ni el acondicionamiento para aislarlo, por eso la recuperación ha sido lenta».
Una Ventana a la Libertad confirmó que ese recluso, que fue operado de una hernia en el mes de mayo, tiene cuatro años detenido en ese CDP.
Aunque durante la pandemia la población reclusa de Polihatilo ha tenido una jornada médica al mes, con apoyo de la Alcaldía de El Hatillo y del ambulatorio de El Hatillo Jesús Reguetti, se conoció que en el mes de mayo y en lo que va del mes de junio, los presos no han sido evaluados por médicos.
Un líder comunitario diabético se ha descompensado en el Cicpc de El Llanito
Familiares del exconcejal del municipio Sucre y líder vecinal en Petare, Junior Pantoja, temen que la salud del hombre se deteriore aún más. Es diabético y, en su primer mes de reclusión, se ha descompensado y ha tenido que ser trasladado al hospital Domingo Luciani. Aunque le han permitido el ingreso de su dieta y de medicamentos, su nieta Carolina Pantoja explicó a Una Ventana a la Libertad que no tiene cómo garantizar la refrigeración de la insulina: «Además que son súper costosas, una cava no es suficiente para refrigerar la insulina. Además, mi abuelo es mocho en uno de sus brazos y es muy difícil para él colocarse la inyección de insulina».
Carolina Pantoja advirtió que, además de la diabetes, su abuelo tiene problemas en los riñones desde antes de ser apresado por, presuntamente, tener cinco balas en su vivienda ubicada en Petare. El líder comunitario fue apresado por el Cicpc cuando los organismos de seguridad hicieron procedimientos para apresar a miembros de la megabanda que lidera el pran conocido como «Wilexis» en el barrio José Félix Ribas. «En la casa no hay armas, ni balas. Ya han declarado los testigos del allanamiento que hizo la policía. Él es inocente. Nuestra preocupación es que en la casa somos puras mujeres que siempre estamos atentas a su cuidado para medirle el azúcar y cuidarlo, pero en la policía no hay nadie que lo cuide», dijo la nieta de Junior Pantoja. Pantoja fue excarcelado el miércoles 24 de junio.
En ese calabozo policial los detenidos están distribuidos en tres celdas. La “celda C” fue improvisada en un container en el que comparten espacio 63 reclusos. A principios de junio uno de los internos se quemó cuando cocinaba en una cocina eléctrica que tienen en ese espacio. Sin embargo, nunca fue trasladado a un centro asistencial, ni recibió pomada para tratar su quemadura. La esposa de uno de los detenidos dijo a Una Ventana a la Libertad que no siempre les permiten pasarle medicamentos a sus parientes.
Cisternas donadas y jornadas médicas: logros en pandemia
Aunque en la sede de Antiextorsión y Secuestro del Cicpc El Hatillo también falla el agua, las representantes de los privados de libertad lograron donativos de cisternas por parte de la Alcaldía del Municipio El Hatillo y de Corpomiranda. Sin embargo, en este calabozo policial hay tres internos con infecciones urinarias, varios tienen diarrea y, en su mayoría, todos tienen enfermedades en la piel.
En el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional, ubicado en Prados del Este, uno de los familiares de un detenido en ese calabozo logró que toda la población fuera evaluada médicamente. Pero la madre de uno de los reclusos asegura que, al igual que en todos los centros monitoreados en Caracas, los reclusos son trasladados a un centro asistencial cuando ya están en las peores condiciones. “Allí se enferman mucho, sobre todo del estómago, porque nosotras les llevamos la comida para uno o dos días y lo más probable es que los granos y el arroz se les dañen esos días sin estar en la nevera”, destaca la mujer.
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