Familiares de detenidos en Altos Mirandinos temen contagio de COVID-19

Foto: Cortesía

Familiares aseguran que no hay medidas de bioseguridad en los Centros de Detención Preventiva  

Pola Del Giudice, UVL/ Altos Mirandinos

15 meses han transcurrido desde que se dictó la medida de cuarentena radical en el país, producto de la llegada del virus pandémico COVID-19. Desde entonces, los más de 500 detenidos que están en los calabozos de los cuerpos de seguridad en la región de Altos Mirandinos, en el estado Miranda, conviven sin medidas de bioseguridad y en hacinamiento.

La región de Altos Mirandinos comprende los municipios Carrizal, Los Salías y Guaicaipuro, este último donde se ubica la capital del estado Miranda, con ocho centros de detención preventiva; siete de carácter civil y uno militar.

Durante los meses que han transcurrido entre restricciones de visitas, fallas de servicios públicos y la incertidumbre de la pandemia se ha visto desmejoradas, aún más, la condiciones en las que están privados de libertad unos 492 detenidos, de acuerdo al último monitoreo presentado por la ONG Una ventana a la Libertad (UVL).

La ausencia de información oficial sobre las medidas a tomarse, para el cuidado de la salud de los internos, muchos de ellos hasta con dos o tres años detenidos en esos calabozos preparados solo para albergas a los detenidos por 48 horas, mantiene aún, luego de 15 meses, a los familiares en peligro de contagio y aún más a los detenidos. Los privados de libertad no tienen distanciamiento en los calabozos, tampoco tienen agua para el aseo personal y no se les suministran tapabocas.

Las autoridades locales municipales, regionales y nacionales no han suministrado cifras oficiales sobre los posibles casos de contagio que se hayan detectado en estos Centros de Detención Preventiva, solo confirmados hasta ahora seis casos que fueron detectados en detenidos del Bloque de Búsqueda del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas en el mes de junio de 2020.

Tampoco se conocía sobre si algún privado de libertad presentaba algún síntoma asociado con el coronavirus. Las familias que tienen a un privado de libertad en los calabozos señalan que han pedido a las autoridades, en innumerables ocasiones, operativos de desinfección de esos espacios, pero solo se han realizado uno o dos jornadas de desinfección con hipoclorito de sodio, en uno de los centros de detención.

Carmen Utrera, tiene a su hijo y su esposo detenidos en los calabozos de la Policía municipal de Guaicaipuro, en Los Teques. “Debo llevarles comida y agua, aunque no puedo verlos sino a través de una puerta que tiene el calabozo, siento que no ir a diario los mataría de hambre y sed”, dijo.

Detalló que no hay ni siquiera como tomar la temperatura de las personas detenidas en esa sede, para evitar contagios provocados por el COVID-19, al ser la fiebre uno de los indicadores de la enfermedad. “Si un preso tiene tos ni siquiera es aislado del resto”, dijo.

El hacinamiento es la constante en estos calabozos, donde cohabitan un aproximado de 492 privados de libertad -49 de ellos mujeres-, en espacios cuya capacidad de albergue es para aproximadamente 176 personas.   

Señaló Utrera que “en este lugar los presos están sin tapabocas y solo han recibido una jornada de salud durante la pandemia”, dijo al detallar que solo llegan centros cristianos y otras organizaciones que llevan solo una comida cuando la prioridad es constatar el estado de salud de los 42 detenidos en esa sede, al cierre del mes de mayo de 2021.

Operativos y pruebas

A pesar de la situación en la que están los privados de libertad en los CDP, las autoridades no han comenzado operativos de desinfección y tampoco se ha realizado ni un solo despistaje del virus pandémico en los ocho centros.

Tras los monitoreos de las ONG y medios de comunicación se reflejó que tampoco se aplicaron medidas de tomar pruebas de descarte a detenidos antes de ingresar a los calabozos.

Ese hermetismo ha impedido confirmar cuántos casos de COVID-19 se han contabilizado entre los privados de libertad que se encuentran en los CDP de los Altos Mirandinos. Si algún privado de libertad presenta síntomas asociados a la enfermedad, las autoridades son celosas con la información,mientras tanto, los parientes de los presos aseguran que la falta de agua es el principal factor que impide a los presos prevenir esta enfermedad. Tampoco pueden mantener un metro de distancia entre ellos, porque el área de los calabozos es reducida.

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