Equipo UVL- Falcón
Coro.- Ocho privados de libertad cumplirán cinco meses de haber sido trasladados de la Comunidad Penitenciaria de Coro a otros penales en el país por haberse sumado a la huelga de hambre nacional realizada en penales y Centros de Detención Preventiva, que se realizó en junio de este año para pedir agilización de causas, acabar con el retardo procesal y mejorar las condiciones para garantizar la salud de los detenidos.
Se trata de Eduardo José Calderón Carreño; Jonathan Alexander Brito Bracho; Melvin Ismael Romero Blanco; Oswaldo José Chirinos Díaz; Willianger Zambrano; Jairo Ivanohes Polanco Robles; Daniel Alberto Mendoza Arias y Rayberlu Maskeyber Márquez Bautista.
Luego de varias semanas buscándolos por todo el país, las familias supieron que habían sido llevados al Fuerte Militar Guaicapuro en Charallave, estado Miranda, donde cumplirían un castigo de ocho meses por haberse sumado a la huelga nacional.
«Todos se fueron sanos de Coro, supimos que están enfermos, unos han caído más que otros, pero tienen tuberculosis. Los pusieron a pasar hambre y sed; pasaban días sin un trago de agua. Tenemos cinco meses que no los vemos. No sabemos cómo están. Ellos están presos por un delito, pero se les debe garantizar el derecho a la vida, los están apagando y a nosotros como familia no nos dejan hacer nada», dijo un familiar.
Desde que se los llevaron y por la presión que hicieron los familiares, les permitían hacer una llamada mensual a cada uno. «La llamada no duraba ni cinco minutos y la petición era la misma, saquennos de aquí nos estamos muriendo. Tenemos muchas hambre y sed y estamos enfermos».
La última comunicación que sostuvieron fue el 24 de octubre cuando pedían lo mismo. Las familias conocieron de dos traslados que hicieron a Yare III y Yare III en el estado Miranda, pero desconocen a donde llevaron a los de la Comunidad Penitenciaria de Coro porque no se han vuelto a comunicar.
El grupo de familiares, asegura que yendo al Ministerio de Penitenciaria y otros organismos en busca de respuesta de sus familiares, conocieron a familias de presos de otros estados y se hizo una lista de 99 privados de libertad que sacaron de las cárceles y CDP del país sin haber informado a sus abogados o familiares; todos con la misma condición de desaparecidos.
«Supimos que los sacaron de Guaicapuro, pero deben empezar el castigo de seis meses en el centro al que los llevaron. Ya tienen casi cinco meses en ese castigo, sin visitas, sin paquetería, sin familia, sin comunicación. Empezar de cero los va a matar porque ya están enfermos. Nuestros familiares necesitan atención médica y alimentación», dijo el familiar de otro privado de libertad.
Las familias ya han buscado información en Yare III y Yare II, pero no les han querido informar nada. Piden a las autoridades atender este caso y darle atención al grupo de privados de libertad porque sus vidas están en juego.
También piden a las organizaciones de defensa de derechos humanos que aboguen por este grupo de privados de libertad que están en una situación bastante grave y les permitan cumplir sus condenas con las condiciones que dicta la ley.
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