Eva Riera / UVL Falcón
Una jornada de salud que incluya revisión médica, vacunación y entrega de medicamentos, solicitan los familiares de los 71 presos que se encuentran en el centro de detención preventiva (CDP) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), situado en Tucacas, municipio Silva, al oriente del estado Falcón.
Los parientes, quienes solicitaron la reserva de sus nombres por temor a represalias, aseguran que los reclusos se encuentran en cuatro calabozos pequeños totalmente hacinados y están padeciendo enfermedades como sarna, escabiosis, alergias, tensión alta, desnutrición y tuberculosis.
Hace varios días, según contaron, tres presos fueron llevados al hospital Lino Arévalo, de Tucacas, donde permanecen hospitalizados por padecer tuberculosis.
Según precisaron, la abogada María Auxiliadora Madriz, coordinadora de la Defensoría Pública del estado Falcón, prometió gestionar la jornada que ya ha llevado a otros CDP de la entidad occidental.
Una de las madres que se encontraba en la cola que se hace todos los días para entregar los alimentos a los reos, en las adyacencias del CICPC, aseguró que desde hace varios días, y por si fuera poco el hacinamiento y la falta de baños, se desbordó una cloaca de aguas negras que inundan dos de las cuatro celdas y complica aún más la situación de encierro y de malos olores.
Las autoridades del cuerpo de policía científica admitieron que no tienen recursos para reparar la cañería y les pidieron a los familiares los recursos para solventar el problema.
“Nosotros todos somos pobres –dijo la madre-, a duras penas juntamos para medio comer todos los días, ¿cómo nos van a pedir dinero o materiales?”
Exigieron a los altos mandos del CICPC, información acerca de la situación de sus reclusos pues, a raíz de la suspensión de las visitas debido a la cuarentena impuesta para evitar el contagio de covid-19, no saben nada de ellos.
“Hasta hace poco, los detectives permitían que uno les pasara papelitos con un saludo para que supieran que estábamos pendientes de ellos y, también, accedían a que ellos nos escribieran algo. Aunque los policías los leyeran, al menos uno veía la letra y sentía que estaba allí, pero hace casi un mes que no quieren llevar o traer papelitos y es una situación angustiante” –precisó la mujer.
Dijeron que antes de la cuarentena, cuando se permitían las visitas una vez a la semana, éstas eran deshumanizadas porque sacaban a los internos esposados y encadenados, lo cual impedía los abrazos y/o besos, lo cual ahonda la pena de la falta de libertad.
Otro de los problemas es el retardo judicial.
La hermana de otro de los reos contó que le pidieron 3600 $ para dejar en libertad a su pariente.
“Con mucho sacrificio aportamos 2000 $ y aún así no lo soltaron”, indicó.
Otra madre, aseguró que su hijo va para dos años preso por robo agravado y aún no ha sido presentado en tribunales. Se aferra a su fe en Dios para soportar la situación porque no cree en las autoridades.
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