Irene Revilla | UVL-Falcón
Punto Fijo.- Un grupo de familiares de detenidos en las cárceles del país y que sin habitantes del estado Falcón, se concentraron este lunes 9 de septiembre en las afueras de los tribunales penales de Punto Fijo para exigir el cambio de la Juez de Ejecución, ya que nunca ven avance en los casos de sus dolientes.
«Eso es traer y traer papeles y no vemos avances en los casos ni nada. No nos atienden tampoco. Nuestros hijos están regados en cárceles del país, sin derecho a nada, no podemos viajar a llevarles comida por falta de recursos. Aquí hay madres que tiene dos años sin ver a sus hijos, porque o tenemos plata para viajar a verlos o les mandamos eso para que puedan medio comer», dijo Lisbeth García.
El hijo de García tiene nueve años detenido por homicidio y fue uno del grupo que sacaron en septiembre del año pasado de la Comunidad Penitenciaria de Coro para la cárcel Yare II. Aunque el joven ya cumplió la mitad de la pena y hasta la tercera parte con carta de buena conducta, su abogado no ha podido adelantar el caso a través del Juez de Ejecución para pedir su libertad por cumplimiento y buena conducta.
Los detenidos de este grupo, aproximadamente 170, que fueron trasladados a las cárceles de Barquisimeto, Aragua y Valencia desde la Comunidad Penitenciaria de Coro, no han tenido beneficios por la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial y en su momento tampoco le explicaron a sus familiares por qué se hicieron los traslados.
Los familiares de este grupo de presos, han decidido hacer pública la denuncia contra la Juez de Ejecución debido al gran retardo procesal. «Muchos tienen boletas de libertad y como la juez no firma siguen detenidos. Ella no viene a tribunales y tampoco nadie nos atiende», dijo García. También explicaron que muchos de ellos están enfermos, con tuberculosis, desnutrición e inflamaciones en el cuerpo.
Una madre mostró la foto de su hijo de 40 años que está detenido por robo y aunque pidió que no se publicara, contó que desde que lo trasladaron a la cárcel de Valencia le cuesta mucho llevarle alimentación y ahora pesa 38 kilos. «Mi hijo se está muriendo de hambre y yo no puedo viajar, lo poco que consigo es para darle comida a mis nietos que los tengo en la casa. Uno hace de todo para buscar una solución, pero no nos quieren ayudar», lamentó Argelia Guanipa.
El grupo de familiares quiere respuestas de la jueza de Ejecución o de los tribunales penales para que se haga algo a favor de los privados de libertad y sus familiares.
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