En la gran mayoría de los casos, se trata de personas que llevan tiempo establecidas en Venezuela y cuentan con la presencia de sus familiares
Lidk Rodelo / UVL Miranda
Durante el monitoreo que viene realizando Una Ventana a la Libertad en los centros de detención preventiva (CDP) ubicados al extremo este del estado Miranda, como es el caso de las regiones Plaza-Zamora y Barlovento, se ha podido constatar que existe una población de privados de libertad de otra nacionalidad, diferente a la venezolana.
Los seis casos detectados por Una Ventana a la Libertad representan el 0,94% de la población monitoreada en ambas regiones mirandinas, cuyo total se ubica por el orden de los 636 privados de libertad. Se trata de seis hombres, todos de nacionalidad colombiana, quienes llevan más de 15 años formalmente establecidos en el país, y, por tanto, cuentan con el apoyo de sus familiares.
Sin embargo, solo uno de estos casos no cuenta en la actualidad con el respaldo de su núcleo familiar, debido a que, producto de la crisis económica y social que atraviesa Venezuela desde hace cinco años, aproximadamente, la familia de ese privado de libertad de Higuerote se desintegró.
Las investigaciones realizadas por Una Ventana a la Libertad permitieron determinar que la madre del recluso murió como consecuencia de un accidente cerebro vascular ocurrido en 2018. Después de ese episodio, el resto de la familia -hermanos, tíos y primos- se vio obligada a emigrar a su país de origen, entre los años 2018, 2019 y principios de 2020, cuando se fue del país la última hermana que le quedaba en Venezuela.
Desde entonces, este reo cuenta con el apoyo de otros privados de libertad, quienes comparten una pequeña parte de sus alimentos con este detenido de 32 años de edad. Sin embargo, esa ayuda no es suficiente y se ha hecho evidente en su delgadez.
De acuerdo con el monitoreo realizado en diciembre de 2020 por Una Ventana a la Libertad, este detenido comenzó a formar parte de los 15 que se encuentran en evidente grado de desnutrición en los calabozos de la Policía Municipal de Brion, en Higuerote, estado Miranda. Esta situación ha generado otras complicaciones de salud en él. Las enfermedades infectocontagiosas más comunes en los calabozos policiales, como afecciones respiratorias y de la piel, las padece “El colombiano”, como le dicen sus compañeros de prisión.
Ni su familia -cuando se encontraba en territorio venezolano- ni el Estado, a través del cuerpo de seguridad en el que se encuentra y las instancias que lo regulan, han realizado ningún trámite ante la Embajada o alguna de las oficinas consulares de la República de Colombia, en Venezuela.
“El colombiano” también es víctima del retardo procesal que rodea al sistema de justicia en Venezuela. Fue privado de libertad en julio de 2017 por robo agravado. El proceso de 45 días que va desde la presentación en tribunales hasta la audiencia preliminar tardó en su caso dos años y tres meses.
En enero de 2021, “El colombiano” se mantiene en la fase de juicio. Por razones económicas, no cuenta con un abogado privado para su defensa y ya ha pasado por manos de, al menos, cuatro defensores públicos, con quienes no ha podido avanzar, porque se niega a admitir los hechos. Se declara inocente.
El caso de “El colombiano”, monitoreado por Una Venta a la Libertad, deja en evidencia que el sistema judicial venezolano no cuenta con políticas públicas ni condiciones para garantizar los derechos de los privados de libertad que no cuentan con apoyo familiar para la alimentación, cuidados y gastos económicos para la defensa.
Tampoco existe una vía expedita para el establecimiento de conexiones y/o comunicación con las oficinas consulares de otro país, para la atención de los casos de extranjeros privados de libertad en Venezuela.
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