Equipo UVL Cojedes
En el año 2021se instaló en el país los Estados Mayores de la Comisión de la Revolución Judicial, instancia que pretende poner fin al hacinamiento y al retardo procesal en los centros de reclusión preventiva. Las comisiones creadas se distribuyeron en todos los estados del país, para evaluar el status de los detenidos en los centros de reclusión, así como las fortalezas y debilidades del sistema judicial de las regiones.
Es necesario señalar, que la referida comisión tiene un plazo de 60 días para solventar el problema de hacinamiento carcelario en los centros de detención preventiva y regularizar el traslado a los centros penitenciarios de quienes son juzgados.
En el caso de Cojedes, en los abordajes a los centros de detención preventiva participan el presidente del Circuito Penal, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Ministerio Público, Ministerio de los Servicios Penitenciarios y cuerpos de seguridad del Estado en la entidad.
En este 2022 la comisión visitó al estado el pasado 3 de abril, y estuvo presidida por el diputado de la Asamblea Nacional, Omar Farias, y revisó los expedientes, para otorgar libertades.
Proceso de la comisión
Una fuente consultada, que estuvo en la comisión y prefirió no revelar su nombre, explicó que al llegar a los centros de detención preventiva se revisan los expedientes de cada recluso, para conocer su estado jurídico. Agregó que en caso de no tener la data de los detenidos se solicita la colaboración a los mismos presos quienes llevan lo que tengan a la mano sobre su proceso para su verificación.
Destacó que luego de la revisión se hace la selección y descarte de aquellas personas que han cumplido la pena, les pasó la pena o de acuerdo a la sentencia por los años que llevan privados de libertad cumplen con los requisitos para poder otorgarle un beneficio. Mencionó que en caso de requerir el examen psicosocial se les realiza de una vez y se constituye una sala para que jueces y fiscales realicen su audiencia con las formalidades que lleva ese proceso.
Dijo que igualmente, las personas que son procesadas y quieran asumir su delito se les realiza su audiencia, para otorgar su libertad. Expresó que la libertad es expedita luego del abordaje, pero en caso de que falte algún documento se retrasa unos días que no debe exceder de quince días. Indicó que hay casos en los que se retrasa el proceso y porque algunos funcionarios pretenden exigir dinero por la excarcelación y es por eso que los familiares deben estar pendientes para denunciar este tipo de prácticas.
Igualmente, un funcionario activo de Policojedes informó que luego de que el tribunal libra la boleta de excarcelación la persona a la que se le otorgó sale en libertad ese mismo día. Añadió que han tenido casos que no han salido luego de la revisión de su caso, porque requieren de algún documento, para completar el proceso. Agregó que en ninguno los abordajes que se han realizado en la entidad por los trabajos de la revolución judicial se han presentado inconvenientes con las excarcelaciones.
Expertos y afectados opinan
En este sentido, Lilibeth Sandoval, abogada litigante en el área penal, comentó que las revoluciones judiciales ponen en entredicho la presunción de inocencia que es la máxima del sistema administrador de justicia en el país. Sostuvo que los expedientes no son revisados en profundidad y las personas privadas deben asumir los delitos, para poder otorgarle un beneficio procesal.
Sandoval contó que en esos casos el privado de libertad no tiene opción de decidir quién lo representará en ese proceso. “Les dicen que deben aceptar a la defensa pública que no conoce como se ha llevado el proceso ni las diligencias que se han realizado en ese caso. Simplemente es si quieres salir de aquí asume y te vas”.
Igualmente, una de las personas que iba a ser beneficiada en esta revolución judicial, quien prefirió no revelar su nombre, dijo que fue seleccionado para que su caso fuera revisado y al llegar le informaron que debía admitir su delito, pues según él era inocente de la imputación por la presunta comisión de actos lascivos en contra de un niño.
“Yo no podía admitir algo no que hice. Me dijeron que iba para la calle si asumía, pero iba a lanzar por la borda todo lo que mi abogado había hecho por mí, pues me dijeron que me representaría un defensor privado. No acepté el proceso y posteriormente se me otorgó la libertad, pues en el juicio se comprobó mi inocencia”.
Carlos Rodríguez, abogado litigante, comentó que la idea del abordaje en los centros penitenciarios no es mala, pero se debe revisar de fondo algunos elementos allí para mejorar el proceso y que las personas privadas de libertad se les ofrezcan todas las garantías.
También otro hombre, quien prefirió el anonimato, que se encontraba detenido por tráfico de material estratégico habló que agradece que a través de la revolución judicial le otorgaron la libertad y le dieron arresto domiciliario. “Asumí el delito y me asistió un defensor público que no peleó por un cambio de medida, ahora estoy en mi casa, pero preso”.
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