Parientes de los aprehendidos en centros de detención preventiva deben hacer magia para poder comprar comida y llevárselas a diario, pues la escasez e inflación les aprieta las opciones para poder llenarles el estómago. Una Ventana a la Libertad documentó al menos 8 muertes por desnutrición en lo que va de año.
Caracas. “Viajo desde Colombia cada 15 días, para poder llevarle comida a mi hermano. Toda la familia es de Colombia, así que yo pido permiso en mi trabajo y como saben mi situación me permiten viajar. Cuando vengo le dejo bastante comida pero no le rinde para tanto tiempo que yo dejo de venir”.
Martha —nombre ficticio por seguridad— viaja desde Cúcuta hasta Caracas al menos dos veces al mes, desde que detuvieron a su hermano hace cuatro meses durante las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro. Lo hace con su hija de dos años a cuestas porque no tienen quién la cuide.
El joven de 18 años ha bajado considerablemente de peso, aunque no sabe cuánto porque ninguno de los detenidos es sometido a chequeos médicos. Cuando se termina la comida que su hermana le lleva, se alimenta gracias a la caridad de sus compañeros de celda. O si tiene suerte, una tía se acerca a llevarle algo de comer.
“Mi tía puede venir a traerle algo por lo menos cada tres días, pero no es siempre, porque ella también tiene su trabajo e hijos”, contó.
En los calabozos donde se encuentra no le dan comida, al igual que al resto de la población reclusa. Cada pariente debe ir dos veces al día: en la mañana a llevar el desayuno y al mediodía a entregar el almuerzo y la cena. También agua potable o el jugo que permitan los funcionarios.
Lo mismo sucede en las celdas de las policías municipales y estatales a nivel nacional, dispuestas para albergar a detenidos por al menos 48 horas, pero por la demora en asignación de cupos del Ministerio para el Servicio Penitenciario y el retardo procesal penal pueden pasar hasta tres años en un centro de detención preventiva.
En las comisarías no tienen recursos asignados para darles comida, agua o ropa a los detenidos. Todo corre por cuenta de los parientes, a quienes también les cuesta comprar alimentos, por la crisis económica que atraviesa el país, para llenar los platos en sus casas.
Le traigo de comer lo que puedo y lo que consigo, por ejemplo, casi no le doy arepa sino pan con queso, porque el jamón es muy caro. He dejado de comer yo para traerle comida a mi hijo”, detalló Jessica, nombre ficticio por medidas de seguridad.
Desde hace dos meses, su hijo de 17 años está tras las rejas y aún sin asistir a la audiencia preliminar. Diariamente le lleva lo que le da el bolsillo y también lo que le permiten los funcionarios, ajustándose a las normas de seguridad del calabozo.
“Tenemos que meter la comida en viandas de anime, que hay que comprar, no podemos traer pollo con hueso, tampoco bebidas oscuras ni dulces ni frutas. Las opciones también se nos recortan y es menos lo que podemos resolver”, explicó.
Jessica rinde las comidas para su hijo con carne molida, aunque el kilo cuesta más de 42.000 bolívares. “Se la pongo con arroz o pasta, pero es lo que más me alcanza para darle en la semana y si me da el bolsillo le pongo de más para que comparta con los otros tres menores de edad con quienes comparte celda y no reciben”.
Investigaciones del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han revelado la grave crisis que atraviesan los centros de detención preventiva a consecuencia del hacinamiento, que ha desencadenado una serie de problemas como asesinatos, muertes por enfermedades o desnutrición, riñas y fugas.
Desde 2015 defensores de los derechos humanos de los privados de libertad alertaron de esta situación, en la que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no ha actuado pues asegura que no es su responsabilidad.
El más reciente estudio de la ONG Una Ventana a la Libertad, que abarcó el monitoreo de 89 calabozos en 8 estados del país en el primer semestre de este año, reveló que 87 % no posee servicio de comedor, situación que afecta de forma directa el derecho a la alimentación y a la salud.
En el primer semestre de 2017 fallecieron 8 reos por cuadros de desnutrición en los calabozos, según Una Ventana a la Libertad.
“Soy padre y madre y gano sueldo mínimo. Le traigo comida de lo que recibo en la caja del Clap, pero tengo que comprar bachaqueado el arroz, la pasta para poder hacerle comida”, soltó Paola —nombre ficticio— quien tiene detenido a su hijo de 18 años por violencia doméstica.
Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Venatana a la Libertad, destacó que es posible que haya más muertes por desnutrición en los calabozos, pues la cifra que reveló la investigación de la ONG se refiere solo a los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Zulia y la Gran Caracas.
No hay presupuesto
Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta, enfatizó que las policías municipales ni estatales tienen partida presupuestaria para alimentación ni medicinas, motivo por el que los parientes deben hacerse cargo de la manutención del detenido.
En las celdas de Polibaruta tienen capacidad para 24 reclusos y hay entre 80 y 85. “Somos centros transitorios, no de reclusión. Por eso no tenemos contemplado presupuesto ni infraestructura para esto, no hay áreas deportivas, de esparcimiento ni adecuada ventilación porque los detenidos no deberían pasar un lapso mayor a 72 horas”.
La misma denuncia realizó en diversas oportunidades el director de la Policía del estado Miranda —hasta su intervención—, Elisio Guzmán. Destacó que los funcionarios han sacado dinero para hacerles llegar comida, pues muchos son olvidados o, al contrario, sus parientes no tienen suficientes ingresos monetarios y no hallan cómo alimentarlos.
“Los detenidos están viviendo una situación crítica con respecto a la alimentación debido a que sus parientes directos no están en condiciones de llevarles la comida con frecuencia por dos motivos: es costosa y escasa”, dijo en febrero de este año, cuando anunció el traslado de otro reo al hospital Luis Razetti de Santa Lucía, por un cuadro de desnutrición.
El exalcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, también alertó a las autoridades para que realizaran los traslados y en enero de este año aseguró que había 300 % de hacinamiento. En esta sede también se registró una muerte por desnutrición.
Le llevamos comida a mi hermano todos los días pero poquito porque en la casa nos cuesta conseguir todo, las cosas están muy caras. Además tenemos que ir desde Caucagüita hasta Chacao, donde está preso, todos los días y se gasta mucho en pasaje”, relató Gustavo —nombre ficticio por seguridad— hermano de un detenido.
El OVP indicó en su informe anual de 2016 que el hacinamiento en las cárceles es más de 10 veces al límite inferior de lo que consideran hacinamiento crítico. Tarek William Saab, exdefensor del Pueblo, dijo en 2016 que la población en calabozos era de 33.000 detenidos y según el OVP, la capacidad es para 8000.
Sin embargo, actualmente Una Ventana a la Libertad indicó que la población aumentó aproximadamente 45.000 reclusos en centros de detención preventiva, donde hay más casos de desnutrición.
Corrupción con alimentos y medicinas
Una Ventana a la Libertad denunció, en el informe semestral de enero a junio 2017, que los familiares deben pagarle a los funcionarios si quieren hacerle llegar comida, medicinas, cigarrillos, colchonetas o celulares. Se refirió específicamente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, donde también se cancela para ingresar a niños o hacer visitas conyugales.
“Ahí se paga para todo, si uno quiere pasar hamburguesas o algún tipo de comida que ellos no permitan. El pago es diario, cada vez que uno va a llevar comida”, indicó el padre de un recluso en ese recinto.
Extraoficialmente, parientes confesaron que actualmente cancelan a los policías entre 3000 y 5000 bolívares para pasarles comida, refrescos y cigarillos. Además pagan entre 15.000 y 20.000 bolívares para que les permitan hacer visitas conyugales los días miércoles.
“También hay que pagar si el preso quiere ser movido de celda, a las más cercanas que son las que reciben ventilación. Normalmente los que están más hacia el fondo son los que más enfermedades en la piel tienen porque no llega nada de aire”, soltaron.
La exministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró durante su gestión que el problema en los calabozos se debe principalmente a la corrupción de los funcionarios, a quienes no les convienen los traslados. Sin embargo, no se generó ninguna medida para evitarlo.
Soraya —nombre ficticio— relató que su hijo tiene amigdalitis y no ha podido hacerle llegar las medicinas porque hay funcionarios que no lo permiten. “Espero los días de guardia del policía que es más dado y se las hago llegar con él, mientras tiene fiebre y no puedo hacerle llegar nada”.
Varela aseguró en noviembre de 2016 que en muchos calabozos los policías esconden a los penados para pedirles dinero a cambio de su traslado.
Muertes recientes por desnutrición
Una Ventana a la Libertad registró que la muerte más reciente por desnutrición ocurrió en la Policía del municipio Guaicaipuro, en Los Teques, el pasado 20 de septiembre. El detenido se llamaba Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años, quien fue ingresado al hospital Victornio Santaella el 18 de ese mes y falleció dos días después. También, el domingo 10 de septiembre en la Policía del municipio Ambrosio Plaza, en Guarenas, murió Elena de los Barrios Jiménez, de 43 años, por la misma causa. Era colombiana y antes de ser detenida vivía en el estado Zulia. |
Fotos: Luis Miguel Cáceres
Video: Luis Miguel Cáceres | Yohana Marra
Fuente: http://cronica.uno/escasez-alimentos-golpea-partida-doble-familiares-presos-calabozos/
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