En Táchira: “Las protestas en las cárceles son la instancia más desesperada de los presos”

Equipo UVL Táchira

San Cristóbal. – Por casi tres años, Jonathan Palacios estuvo detenido en el Centro Penitenciario de Occidente II (CPO) Rafael de Nogales Méndez, ubicado en Santa Ana del Táchira. Lo acusaron de 12 delitos, entre ellos incitación al odio, terrorismo y daño a la nación. En uno de sus intentos por denunciar las irregularidades de ese centro de reclusión, envió una carta a Una Ventana a la Libertad donde expuso diferentes irregularidades a las que son sometidos desde el mismo momento en que son detenidos, mientras están en custodia y hasta la misma excarcelación. La misiva estaba compuesta por 17 páginas e incluía firmas y huellas de detenidos. Los detenidos aseguraban que desconocían la existencia de una Fiscalía de Derechos Humanos porque nunca habían tenido contacto con ella. Días después de esa publicación, la Fiscalía de Derechos Humanos acudió al CPO para atender a los reclusos.

Han transcurrido dos años de esa experiencia y los problemas en esa cárcel siguen siendo los mismos. Cansados de la espera y de las irregularidades, decidieron sumarse a la huelga nacional que realizaron cientos de detenidos. Sin embargo, para Palacios, ese tipo de acciones solo sirven para generar movimientos mediáticos y no para resolver la crisis que hay en los penales.

“Las protestas en las cárceles son la instancia desesperada de los presos”, dice el hombre que una vez que salió en libertad se convirtió en un vocero de la realidad penitenciaria. Agregó Palacios que estas manifestaciones, que además fueron de carácter pacifico, es un intento genuino por exigir que se cumplan sus derechos pero que, asegura, tienen consecuencias muy graves.

“Siempre alguien tendrá que pagar por cada protesta. Y si, entre más alcance tenga la protesta, más grave va a ser la represión que viene posterior a la protesta. Son una opción desesperada, una opción ante la ausencia absoluta de derechos, ante la ausencia absoluta de instituciones, ante la ausencia absoluta de derechos humanos, de procesales (…) bueno, es como como un grito de desesperación ¿Sí? Porque todos sabemos, todos los que estamos, estuvimos en ese proceso, sabemos que después de cada protesta viene una represión muy fuerte”, explicó.

Asegura que los resultados son esporádicos y que son para disimular, es decir, que hubo una acción de respuesta por parte del Estado. “Fíjate como está pasando ahorita. De pronto, algunos saldrán. Fueron al CPO, hicieron el show, el nuevo ministro llevó flores, montó todo un escenario porque ellos son expertos para eso, pero la realidad es que hubo sanciones para quienes estaban de lideres o grabaron videos. Empezó un proceso de inteligencia para identificarlos y los están cambiando de penal”.

Esperando por el cumplimiento de la ley

El esposo de M. D. Barrios tiene una condena de 12 años y ya cumplió 11. Asegura que el no contar con dinero ha sido el motivo para que su pareja no haya salido en libertad. La mujer ha hablado con todas las personas posibles. Vive a tres horas de San Cristóbal y trasladarse también significa un importante gasto económico.

Confesó que cuando supo que los reos estaban protestando tuvo temor. “Cuando hay protestas siempre hay muertos y yo estaba muy asustada y rezaba mucho. Mi esposo me dijo que todas las cárceles estaban protestando y que creía que iban a entrevistar a los presos para sacarlos”.

Ese mensaje la llenó de esperanza, pero de forma momentánea porque su esposo no ha sido atendido y cree que “todo quedará igual” porque, según le dijeron, no ha salido nadie por beneficios.

La mujer también teme que se cumpla la condena y que tampoco salga en libertad como ya les ha sucedido a otras personas. “Es una injusticia porque los presos y la familia tienen la ilusión de verse y no salen. Uno se siente desamparado, que no lo ayudan”, manifestó.

La misiva compuesta de 17 páginas, con firmas y huellas de los detenidos, expone:

• Denunciamos el sometimiento y la tortura en los calabozos o centros de detención.
• Denunciamos la ausencia absoluta de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos en todas las fases de nuestros procesos.
• Denunciamos las condiciones inhumanas de estos calabozos o sitios de supuesta detención preventiva en policías o CIPC donde no hay ni servicios básicos.
• Denunciamos la violación al debido proceso y a nuestros derechos humanos y civiles ya que todo lo contemplado en cuanto a los procedimientos no se cumple y nunca se nos dan a conocer nuestros derechos.
• Denunciamos el retardo procesal y la coerción que unidos nos dejan en indefensión y el único camino al que nos obliga esta violación es a aceptar cargos, aunque seamos inocentes.
• Denunciamos la extorsión permanente en calabozos para obtener cualquier derecho como agua, comida además de extorsiones para proteger tu integridad.
• Denunciamos la ausencia absoluta de atención médica en calabozos o centros de detención y aquí en el penal la ausencia de odontólogo médico, y todo lo que establece el Código Orgánico Penitencial.
• Denunciamos el sistema de defensa donde los abogados públicos nos obligan a declararnos culpables y a los privados nos robaron miles dejando a nuestras familias sin dinero y sin nuestra ayuda.
• Queremos denunciar que la mayoría de supuestos defensores se convierten en extorsionadores que, junto con fiscales y jueces corruptos, comparten el dinero que les roban a nuestras familias y éstos nos dejan sin esperanzas de justicia.
• Denunciamos la violación de nuestro derecho de presunción de inocencia.
• Sometimiento a convivir con personas con historial violento sin tomar en cuenta ningún riesgo a nuestra integridad.
• Denunciamos el derecho de asistir a Tribunales o a los diferentes procesos judiciales y el retardo que accionan para luego extorsionarnos para pagar todo para que nos lleven a Tribunales.
• Denunciamos el incumplimiento absoluto del Código Orgánico Penitenciario en especial en cuanto al trato y el respeto de nuestros derechos humanos y la aplicación de sanciones ante las faltas.
• Denunciamos la violación de nuestro derecho como hombres y mujeres heterosexuales a una sexualidad sana y organizada.
• Denunciamos el derecho que tenemos a conocer sobre nuestros deberes y derechos, obligaciones y formas de sancionar, de elaborar denuncias y a quién dirigirlas.
• Denunciamos la violación a nuestro derecho a redimir un derecho que establece el Código Orgánico Penitenciario en el numeral 155.
• Denunciamos la ausencia absoluta de jueces y fiscales en los penales y de autoridades que velen por el cumplimiento y reconocimiento de nuestros derechos.
• Denunciamos la ausencia absoluta de fiscalía de derechos humanos a la que la mayoría de nosotros no sabíamos que existía.
• Denunciamos la violación de los derechos humanos a personas mayores de 70 años, personas con problemas mentales, psiquiátricos o con incapacidades

Ante ello, los reclusos exigen:

• Solicitamos con urgencia la presencia de organizaciones de derechos humanos en todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad y en todas las fases del proceso judicial.
• Solicitamos un sistema funcional de denuncias al que familiares y privados puedan acceder a cualquier hora y en cualquier lugar y que tenga participación de organizaciones de derechos humanos.
• Solicitamos el cumplimiento del artículo 29 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y se investiguen y sancionen legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
• Solicitamos el complimiento al debido proceso, al retando procesal una solución inmediata y que se cumplan los derechos procesales y constitucionales en todas las fases del proceso judicial.
• Solicitamos solucionar el transporte en todos los lugares donde se encuentren privados de libertad y puedan ser trasladados a tribunales o emergencias médicas.
• Solicitamos solución para nuestras visitas porque actualmente solo dejan entrar visitas de mujeres, pero a los niños o los varones de nuestras familias, no los vemos hace años.
• Solicitamos atención médica urgente y humanizada en todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad; donde sean posibles tratamientos médicos, odontológicos, psiquiátricos, cirugías etc.
• Solicitamos la adecuación, reparación, construcción de todos los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad y que en todos estos lugares se aseguren los servicios básicos.
• Solicitamos que en cada lugar donde se tengan personas privadas de libertad establezcan un cupo limitado que asegure condiciones humanas y que tengan todos y todas acceso a sus derechos y sus deberes y a dónde denunciar cualquiera violación.
• Solicitamos el cumplimiento de la autoridad penitenciaria para que envíen nuestras redenciones a los tribunales y que jueces nos actualicen en el tiempo que estipula el Código Orgánico Penitenciario.
• Solicitamos asistencia inmediata a personas con problemas físicos, psiquiátricos y con alguna incapacidad al igual que a los mayores de 70 años, que tengan una atención integral, jurídica, médica.
• Solicitamos visitas periódicas en los penales de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, pero que no vengan a tomar solo fotos, que vengan a procesar nuestras denuncias y solicitudes.
• Solicitamos la dotación de uniformes y de afeitadoras ya que aquí nos exigen el uniforme y mantenernos rasurados, pero no nos dan los implementos y muchos no tenemos quién nos ayude.
• Solicitamos con urgencia una jornada de tratamiento odontológico porque aquí solo nos obligan a sacarnos piezas dentales, aunque tengan tratamiento o salvación.
• Solicitamos jornadas oftalmológicas y generales urgentes ya que hay muchos de nosotros que estamos mal de salud.
• Solicitamos un pronunciamiento nacional sobre las redenciones; valen o no valen.
• Solicitamos participar en el proceso de Reforma Judicial, que se conozcan nuestras experiencias para contribuir desde la práctica en esta reforma.