Un total de 2.148 casos de retardo procesal penal se contabilizan entre los centros de reclusión preventiva y el Centro Penitenciario de Oriente (CPO), en el estado Monagas, al oriente de Venezuela. La cifra fue suministrada por el presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo, Enrique Bouttó.
Se trata de una mora que contribuye con el hacinamiento en los calabozos de los cuerpos policiales, que solo fueron diseñados para albergar a los privados de libertad mientras se realiza su juicio y no para cumplir con una condena.
“La capacidad del Centro Penitenciario de Oriente es para 800 reclusos, pero en la actualidad hay 3.000. En esta cifra se cuenta un traslado de 800 privados de libertad provenientes desde Tocorón, en el estado Aragua, y de Puente Ayala en Anzoátegui”, mencionó. Al menos 350 presos están internados en Polimonagas que tiene una capacidad para 80 detenidos.
Bouttó asegura que el problema del hacinamiento carcelario les preocupa y por ello, comenzarán inspecciones la próxima semana en los calabozos para constatar cuál es la realidad de los detenidos y saber si hay alguún tipo de violación de derechos humanos.
“Los reos tienen derecho a la alimentación y a la salud, por ejemplo, y esta es una de las cosas que nosotros vamos a investigar”, sostuvo.
El legislador mencionó que para bajar las cifras de retardo procesal la semana pasada iniciaron una jornada con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para evaluar los casos de los privados de libertad y precisar cuál es el estatus que tiene cada expediente. Ya han realizado dos jornadas con ambos organismos.
Nota de Prensa
Una Ventana a la Libertad
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