En el primer semestre de 2018 han muerto cuatro presos por desnutrición en este estado oriental, todos recluidos en la Policía estadal
Jesymar Añez Nava, Equipo UVL
El 2 de julio comenzó el periplo de la familia Zaragoza. Ese día falleció Eulices Rafael, quien pasó cuatro de sus 40 años preso en un calabozo de la Policía del estado Monagas, en Maturín, al oriente de Venezuela. Su cadáver estuvo dos días en la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar porque la familia no tenía dinero ni para comprar una urna ni mucho menos para pagar el traslado hacia La Meceta, una población rural ubicada en el municipio Cedeño, situado al oeste de Monagas, a 45 o 50 minutos de Maturín, de donde era oriundo.
Euclides Rafael Zaragoza fue detenido en 2014 luego de que fue señalado de abusar sexualmente de una sobrina. En el tiempo que estuvo preso no se inició el juicio porque la parte acusadora nunca se presentó a las citaciones. Zaragoza es el cuarto recluso que muere este año por desnutrición en este estado, uno de los principales productores de petróleo en el país, según el Ministerio de Petróleo. Antes, ocurrieron los decesos de Carlos Mayares, en mayo, además de Alberto Caraballo y José Hermoso, en abril.
Cuando falleció, su familia se quejó de dos cosas: la Policía del estado no le garantiza la alimentación a los presos y los encargados de entregar las ayudas sociales en la Gobernación de Monagas son pocos diligentes. Resulta que al ser una familia de escasos recursos económicos dependían de una ayuda económica para sacar al cuerpo de la morgue.
En dos días, los allegados enfrentaron el riesgo de que el cadáver de Eulices se descompusiera porque la morgue del hospital tiene tres años sin aires acondicionados. Trabajadores del centro asistencial afirman que aún están esperando que desde la gobernación vayan a repararlos. También estaban contra reloj porque de las tres cavas que hay en la morgue solo funciona una. Entonces, a juro tenían que correr para sacarlo al cumplirse las 48 horas de la muerte pues de lo contrario el cuerpo sería llevado hasta el cementerio municipal de Maturín, algo con lo que no estaba de acuerdo la familia.
Mientras los Zaragoza esperaban por la urna y reunían el dinero para pagar el traslado del cuerpo hasta La Meceta, también cumplían con los trámites legales: la solicitud de protocolo de autopsia que entrega el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), además del documento de liberación de cadáver que entrega la fiscalía del Ministerio Público que llevaba el caso del privado de libertad, y el permiso de movilización de cadáver que entrega la dirección de Epidemiología.
Aunque son trámites sencillos, pueden ser engorrosos si el familiar no sabe desenvolverse. Trabajadores de la morgue aseguran que para realizar estos procedimientos la persona debe ser diligente y saber ganarse a los funcionarios que te van a atender porque de lo contrario pueden esperar un día para que le entreguen todo.
Cuestión de recursos
La crisis económica en el país ha hecho que hasta enterrar a un familiar sea un lujo. Actualmente, las funerarias trabajan con costos que cambian diariamente producto del comportamiento del dólar a tasa no oficial. Lo que hoy tiene un precio mañana cuesta el doble o el triple. Para el 6 de agosto, un servicio fúnebre básico costaba 350.000.000 de bolívares en una funeraria poco lujosa en Maturín. El monto cubre la urna, el capillaje, la carroza, el traslado hasta el cementerio y la preparación del cuerpo.
La movilización del cadáver hasta otro municipio varía dependiendo de la distancia y de los riesgos que pueda tener el conductor. Por ejemplo, un traslado hacia el municipio Cedeño, de donde era oriundo Eulices Rafael Zaragoza, tiene un precio de 100.000.000 de bolívares.
Amada González tiene a un hijo preso, no quiere ni pensar qué pasaría si su hijo llegara a fallecer dentro de la Policía del estado Monagas. A duras penas le trae la comida una vez a la semana en lugar de los siete días como les está permitido. No tiene dinero para costear un entierro. «Para traerle la comida a mi hijo tengo que reunir efectivo y venirme de pasajero para poder estirar la plata. Si eso es así estando vivos no quiero imaginarme qué pasaría si llega a morir allí preso», expresó.
Si de algo está segura Amada es que tendrá que pedir ayuda a la gobernación o a la Alcaldía de Maturín para pagar los gastos funerarios. Su muchacho tiene un año y medio preso y de acuerdo a lo que ha observado en las visitas que ha realizado, 70 % de la población detenida es de escasos recursos económicos.
Para abril de 2018, en la Policía del estado Monagas estaban recluidas 400 personas en un espacio diseñado para albergar 80. De los 400 presos, 390 son hombres y 10 son mujeres. Los familiares de los internos desconocen si existe algún protocolo para avisarles sobre el deceso de algún recluso. Luisa Morales, hermana de un detenido, cree que primero se enterarían a través de los periódicos que por una llamada del cuerpo de seguridad. Eso es algo que respalda un trabajador de la morgue, quien prefiere mantener el anonimato para evitar represalias.
El empleado mencionó cuando no lo hace el custodio del preso, los allegados se enteran sobre la muerte del preso a través de los periódicos. “Aquí ha llegado gente con los recortes de prensa preguntando por el cuerpo de su familiar y eso habla de que los cuerpos policiales no se guían por un protocolo para informar sobre la muerte de un recluso”, dijo.
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