Visitar a los privados de libertad dos veces a la semana es una medida que a juicio de sus familiares es positiva
Mérida.- Reiteradas son las denuncias de hacinamiento en los retenes de las coordinaciones policiales de Polimérida en la entidad andina y en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la ciudad de Mérida, donde la sobre población supera el 250%.
El Estado venezolano, a través del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el de Interior, Justicia y Paz se hace de la vista gorda ante las denuncias que no sólo formulan las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, como Una Ventana a la Libertad, sino los familiares de los privados de libertad quienes son testigos presenciales del hacinamiento en cada visita.
En el estado Mérida hay 14 Centros de Coordinación Policial (CCP) y al menos 12 de ellos tienen retenes que albergan a los reclusos en condiciones inhumanas, según sus familiares, quienes han denunciado que el hacinamiento va acompañado de la pésima infraestructura que presenta filtraciones y no cuenta con baños adecuados, dormitorios, áreas de esparcimiento, entre otros lugares.
El ex gobernador de Mérida Alexis Ramírez (Psuv 2012-2017) prometió en el mes de mayo del 2014, luego de un motín en el retén policial de Glorias Patrias y la fuga de varios privados de libertad, la construcción de dos nuevos retenes de Polimérida y la ampliación del principal retén, para acabar con el hacinamiento.
La promesa nunca se cumplió ni en proyecto y la gestión de Alexis Ramírez transcurrió sin que los reclusos vieran cristalizado el sueño de ser albergados en espacios nuevos, sin filtraciones, con sanitarios y dormitorios decentes, pues es en estos retenes donde incluso pagan condena.
Invertirían 20 millones de bolívares
En su momento, el entonces Gobernador Alexis Ramírez recordó que el cuartel general de Polimérida es una estructura cuya construcción data de la década de los años 50 y reconoció el deterioro de su sede.
Ramírez informó para ese entonces que inicio un programa de mejoras a la infraestructura del comando de Polimérida y dijo que era prioritario reubicar y ampliar el retén, porque ese servicio “está prácticamente colapsado”, afirmó en el año 2014.
Asimismo, dijo públicamente a través de su programa radial “En Marcha” que contaba con más de 20 millones de bolívares provenientes del Consejo Federal de Gobierno, (CFG) para proyectar la construcción de dos nuevos retenes de Polimérida, uno ubicado en El Vigía, municipio Alberto Adriani, y otro en San Juan de Lagunillas, municipio Sucre del estado Mérida.
Según sus cálculos en cada unidad de retención policial de El Vigía y San Juan de Lagunillas se podían albergar 300 y 250 personas, respectivamente.
Transcurridos casi cuatro años de esa promesa, en Mérida esos retenes no tienen ni proyecto ni terrenos.
Alexis Ramírez manifestó en esa edición de su programa radial que evaluaba los terrenos para el desarrollo de los proyectos, de los que dijo estaban en proceso de diseño, “para en corto tiempo iniciar los trabajos preliminares de la obra, con el fin de ofrecer mejoras a quienes allí se encuentren recluidos”, dijo.
Su promesa fue acabar con el hacinamiento y convertir el retén de Glorias Patrias en un retén de mujeres, lo cual no pudo cumplir.
Estiman que mejoraron los tratos
En noviembre del año 2015 familiares de los privados de libertad del retén de Glorias Patrias se auto secuestraron como medida de protesta ante los maltratos que dijeron recibir por parte de funcionarios policiales.
Hoy día, familiares de los reclusos del mismo retén dijeron tener buenos tratos con los funcionarios, quienes desde noviembre de 2017 son rotados cada tres meses y antes de encargarse de la seguridad de ese recinto, reciben inducción en materia de Derechos Humanos, según relató una fuente policial.
La mayoría de las mujeres que aguardaban para entrar a visitar a sus familiares no se quejaron de recibir malos tratos de funcionarios, al igual que los reclusos.
El común denominador de la queja de los familiares es el hacinamiento, la infraestructura deteriorada y la falta de comida, pues el Estado no alimenta a los privados de libertad que están en los centros de detención preventiva.
Desde hace un mes aproximadamente y luego de que Polimérida está intervenida desde octubre del año 2017 por el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), los privados de libertad reciben visita los días domingo y miércoles.
La medida ha sido celebrada por los familiares quienes ahora pueden ver a sus seres queridos más seguido.
En los calabozos del Cicpc ocurre lo contrario del retén Glorias Patrias de Polimérida.
Hace una semana, familiares de privados de libertad que son albergados en los calabozos de la policía científica, denunciaron que no pueden visitar a sus reos, no tienen comunicación con ellos y mucho menos pueden llevarle comida.
Solo el gobierno nacional mostró acciones
En la actualidad, iniciativas desarrolladas en el estado Mérida para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad son pocas.
Tras una denuncia de un caso positivo de tuberculosis en el retén policial de Bailadores, municipio Rivas Dávila del estado Mérida, el Sistema de Misiones, órgano creado por el gobierno nacional para prestar asistencia a los más necesitados, impulsó un despistaje de esta enfermedad en el retén de Glorias Patrias donde hay poco más de 260 reclusos.
Aunque no hay información oficial de los resultados de la jornada de despistaje, se conoció que sólo se registró un caso positivo de tuberculosis y el mismo fue trasladado a un centro asistencial.
Otra de las acciones emprendidas por el director de Polimérida, junto al Sistema de Misiones, es el Plan de Humanización de los retenes policiales con atención social para los privados de libertad.
En ese sentido, 76 reclusos ya han sido beneficiados con plan de estudio y otros tanto con el aporte de comida de manera eventual, acción ésta que esperan extender para alimentar a quienes nada tienen que comer ya sea porque sus familiares no tienen dinero para llevarles la comida o porque no tienen familiares en el estado.
En Mérida existen al menos dos ONG dedicadas a prestar asistencia jurídica a los privados de libertad y sus voceros aseguran que las condiciones de hacinamiento reflejan el trato inhumano del Estado para los privados de libertad de quienes aseguran si acaso gozan del Plan Cayapa con el cual trasladan en jornadas de tres días, sólo a 4 o 5 reclusos de un espacio superpoblado que debe ser rediseñado para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad.
Nora Sánchez, UVL
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