Familiares denuncian que condiciones de reclusión generan problemas emocionales en los detenidos.
Elvis Rivas / UVL Mérida
Los merideños no escapan a los efectos y consecuencias de los problemas por los que atraviesa el país. En el ámbito carcelario la situación resulta ser mucho más complicada para quienes están privados de libertad en las cárceles y Centros de Detención Preventiva (CDP) de la entidad. Los problemas políticos, económicos y sociales durante las últimas dos décadas, de una u otra forma se reflejan en las condiciones deplorables de vida de quienes se encuentran tras las rejas.
El hacinamiento, las enfermedades, la falta de atención médica, la carencia de alimentos y problemas como el retardo procesal que afectan a cientos de personas recluidas por largos periodos de tiempo en recintos que no cuentan con las condiciones mínimas para estadías mayores a 48 horas, se traducen en problemas psicológicos que afectan no solo a los privados de libertad, sino también a los familiares.
La aparición del Covid-19 en 2020 agravó la situación. Los efectos de las restricciones por la cuarentena agudizó los múltiples problemas que padecían los familiares para atender las necesidades de sus allegados, recluidos en los CDP de los cuerpos de seguridad del estado. Según familiares de reclusos, la mayoría de los padecimientos de estos dentro de las instalaciones carcelarias van desde problemas graves de hacinamiento, hasta falta de medicinas, atención hospitalaria y alimentos básicos para los detenidos.
La falta de transporte producto de múltiples problemas de este sector, aunado a la carencia de dinero en efectivo para pagar el traslado de familiares hacia los CDP, hace difícil el suministro de comida y medicinas a los privados de libertad. Incluso, la condición socioeconómica de las familias complica la compra de los productos necesarios para el consumo de quienes por algún delito se encuentran tras las rejas.
Familiares afectados
A las puertas del Circuito Judicial de Mérida, “Eloina”, como dijo llamarse la tía de una persona recluida en la sede de Polimérida, señaló que el simple hecho de tener a su hijo preso ya le genera problemas psicológicos a la familia. Preocupación constante, miedo y pérdida de sueño son algunas de las consecuencias de esta situación. “Es muy difícil tener un hijo preso y no saber en qué condiciones está allá adentro, causa mucha preocupación. Ahora con el coronavirus es mayor el miedo porque no sabemos si en alguna momento resulta contagiado”, señaló.
Y es que con frecuencia, las madres denuncian que quién se enferma dentro de un retén no recibe la atención médica adecuada. “También la comida es escasa allá adentro. Nosotros debemos traer a diario los alimentos y eso es costoso. Si apenas tenemos para comer nosotros en casa”, dijo.
Otros familiares señalan que cuando una personas es detenida el efecto psicológico en la familia se percibe de inmediato. Una mujer de avanzada edad que no quiso identificarse, narró que su sobrino fue detenido la noche anterior. “Estoy aquí frente al CICPC porque no sé si lo traen para acá o lo llevan a Glorias Patrias (sede de Polimérida). Su mamá está muy preocupada y no sabe qué hacer”, relató.
“Muchos presos, si tuvieran la oportunidad se hubiesen suicidado”
Así lo considera el abogado penalista Gustavo Contreras, debido a la situación “caótica” por la que señala que atraviesan los privados de libertad, producto de las condiciones en las que conviven.
“El tema del efecto psicológico emocional como una enfermedad tiene que ver nada más y nada menos que con el derecho a la salud estipulado en el artículo 83 de la Constitución que hace referencia a que todo venezolano tiene derecho a la salud”, señaló el profesional del derecho, quien aseveró que existen programas de atención, pero que no benefician a toda la población penitenciaria y a sus familiares.
“Hay programas por parte del estado que se aplican a través de los tribunales, o si se quiere también de la Defensoría del Pueblo, o del Ministerio Público, pero se trata de casos graneados que por referencias o de asuntos humanitarios se termina otorgando a un procesado por un delito, pero eso no alcanza a la mayoría de la población Penal”.
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