
Representantes de organizaciones de derechos humanos denunciaron irregularidades en los procesos judiciales
Elvis Rivas
En Mérida, familiares de privados de libertad del Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA) y de centros de detención preventiva (CDP) de los organismos de seguridad del estado denunciaron violaciones a los derechos de quienes se encuentran en los reclusorios de la entidad. Según representantes de organizaciones de DD.HH., las constantes irregularidades que se cometen en el sistema de justicia retrasan los procesos lo cual afecta a quienes, en muchos casos, se encuentran detenidos sin evidencias que soporten las privaciones de libertad.
Familiares padecen las consecuencias
“Ya estoy cansada de tantas violaciones en el proceso de él que ya lleva seis años, cada vez que le abren el juicio, algo pasa y se interrumpe”, señaló Luz Marina Manrique, familiar de un privado de libertad. Su hijo desde hace seis años se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), sin que hasta ahora haya sido concluido el juicio y emitida una sentencia.
Explicó que debido a problemas que se presentaron durante el juicio entre el fiscal y el juez encargado, han retraso el proceso, “porque yo estoy viendo que el juez está parcializado en primer lugar, y después el juez, como que es una falta de respeto a la defensa privada, en la manera de que les faltó los respetos a ellos en plena sala, donde el fiscal se les fue prácticamente a golpear a uno de los abogados defensores, y en la próxima audiencia les faltó el respeto porque les dijo que fueran a estudiar, no se que le pasa a ese juez, el ya está recusado y denunciado. Él quiere seguir con el proceso adelante y de mi parte como la mamá del privado de libertad, yo no quiero que ese juez continúe en la causa de mi hijo, porque ese juez está parcializado”.
Abogados denuncian
Enyer Puertas, abogado de procesos penales y defensor de derechos humanos, señaló que no es la primera vez que hacen el llamado a las autoridades acerca de esta situación. “Hemos denunciado anteriormente el abuso de autoridad y la manipulación de los expedientes, así como la violación de derechos humanos, prohibición en el acceso a las medicinas, a la salud, la negación de justicia con el derecho a los traslados para los chequeos y tratamientos médicos de urgencia”, señaló.
Aseguraron que muchos de los privados de libertad atraviesan por esta situación, razón por la cual exhortaron a las autoridades a garantizar el derecho al libre proceso.
Misoginia y patriarcado afecta a la mujer privada de libertad
Por su parte, la coordinadora de la ONG de derechos humanos de la mujer, “100% Estrógeno” Venus Fadoul, citó el caso de Naybelis Noel, privada de libertad desde hace tres años, según dijo, sin que existan pruebas que la responsabilicen del homicidio de su hijo. “Naybelis es una chica de apenas 23 años que hace tres, fue víctima de violencia de género física y psicológica en toda su expresión y también de violencia arbitraria. Su hijo fue asesinado por quién fuera su pareja, el sujeto asumió su responsabilidad del hecho y un sistema de justicia misógino y prejuicioso la involucra a ella en el hecho sin ninguna prueba y sin ningún testigo. La están jugando por ser mujer y por ser la madre del bebé”, explicó la abogada.
Aseveró que dentro de las penitenciarias y centros de detención preventiva son múltiples los casos de esta naturaleza, en los que se ven violentados los derechos humanos de la mujer.
Aún cuando por mandato presidencial se lleva a cabo actualmente la revolución del sistema judicial, estiman necesario que se revisan y se corrija las irregularidades que atentan contra la población penitenciaria.
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