En los CDP zulianos no se ejecutan despitajes masivos contra enfermedades infectocontagiosas en sus calabozos

Los familiares denuncian que los funcionarios se lucran por el ingreso de medicinas y los traslados a los centros de salud. El recluso muere sin apoyo y solo después del deceso se conoce la enfermedad

Jéssika Ferrer Palma

Desde la culminación de visitas, evaluación de expedientes y entrevistas a privados de libertad por parte de la comisión presidencial para la Revolución Judicial a finales de 2021, no se han desarrollado jornadas médicas masivas para la población penal en los calabozos de los centros de detención preventiva en Zulia. Los despistajes de enfermedades infecto-contagiosas son a criterio y posibilidad financiera de los parientes de los detenidos, quienes deben cancelar desde el traslado a clínicas u  hospitales hasta los exámenes médicos y tratamiento.

“Por experiencia y por los síntomas que manifiestan sabemos cuando algún detenido está enfermo. Cambian de color, se ponen pálidos o amarillos, se ponen flaquitos. Los aislamos, mientras que la familia busca la orden del tribunal para el traslado”, explica un funcionario del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. No hace referencia a lo que ocurre cuando se complica, pero asegura que nadie se mueve sin una orden de un juez.

No hay un número exacto de enfermos de tuberculosis, COVID-19 o VIH. Solo se tiene conocimiento de un caso en el municipio Machiques, paciente que aún no recibe medida humanitaria, a pesar de que su patología se detectó en una jornada de la medicatura forense local. En el retén de San Carlos de Zulia se espera el despistaje de unos 45 reclusos con sintomatología asociada a la TBC.

Con la COVID-19, explica la madre de un recluso en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con sede en Maracaibo, que al inicio de la pandemia en 2019, los despistajes a los reclusos los gestionaban los funcionarios, pero este último año el mismo familiar preso es quien pide que se le haga la prueba o manifiesta a través de cartas qué tan mal está. “Se movieron a vacunarlos a todos. Pero no hay control con los nuevos ingresos, ni con los que se enferman”.

“Soy sobreviviente”, responde rápidamente un ex privado de libertad del Destacamento Los Dulces de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Asegura que él y sus 43 compañeros de celda se contagiaron de coronavirus. Recuerda que fue a mediados de 2019 durante el segundo gran contagio en la región cuanto todos en la celda, cuyas medidas oscilan 8 por 4 metros cuadrados de tamaño, empezaron a presentar quebrantamiento de salud.

“Todos con fiebre, dolor muscular, apretados del pecho, tosiendo. Algo pasaba, pero nos sacaron del calabozo al hospital. Nos unimos a un ayuno de los cristianos y nadie se murió”, acotó el exrecluso.

De acuerdo a los familiares de los 30 centros de detención a los que Una Ventana a la Libertad le hace seguimiento en Zulia, se necesitan entre 10 y 50 dólares para trasladar a un preso a tribunales o al hospital, los funcionarios exigen hasta 15 dólares para ingresar medicamentos y mientras “más preocupado vean a uno más se aprovechan”, denunció la esposa de un interno.