En los CDP de Caracas están ausentes las políticas de vacunación contra el Covid-19

La población penitenciaria detenida en 26 calabozos monitoreados por UVL en la capital de Venezuela hace frente al virus sin distanciamiento social, con escasez de agua y con los insumos que pueden llevarles sus parientes

Angélica Lugo, UVL Caracas

La promesa que anunció a finales de junio la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, de vacunar a la población penitenciaria del país, está lejos de cumplirse en los calabozos policiales ubicados en el Área Metropolitana de Caracas.

En los 26 centros de detención preventiva monitoreados en la capital de Venezuela hay en la actualidad, de acuerdo con cifras extraoficiales que maneja Una Ventana a la Libertad, 3.005 detenidos en comisarías que tienen capacidad para albergar a 999 personas en lapsos no mayores a 48 horas. De toda esta población 2.842 son hombres y 163 mujeres; mientras que 2.978 son adultos y 24 son menores de edad.

En estos centros transitorios no ha iniciado el plan de vacunación prometido. Tampoco se han ejecutado políticas estatales para descartar COVID-19 o prevenir la propagación del virus.

En los calabozos policiales que forman parte del monitoreo constante en Caracas tampoco se han realizado pruebas para descartar el virus y, por tanto, los familiares de estos internos tratan de responder a síntomas gripales que, por miedo, suelen asociar con COVID-19.

Los testimonios de madres y esposas de algunos reclusos visibilizan lo precario que es evitar la propagación del coronavirus en los hacinados calabozos.

Todos los días Ana Pérez (nombre ficticio) se traslada desde El Junquito hasta El Llanito para llevarle a su esposo alimentos, agua y, cuando puede, medicinas. Su pareja es uno de los 179 detenidos en el Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) El Llanito que comparte espacio con otros internos en unas instalaciones aptas para albergar a 15 personas por 48 horas.

Los más de 40 kilómetros de recorrido diarios que la mujer hace desde su hogar hasta esa dependencia del Cicpc lo debe hacer con dos litros de agua a cuestas para tratar de garantizar la higiene de su esposo. Pero ella sabe que no es suficiente.

“Mi esposo no se puede bañar todos los días porque en esa sede del Cicpc no hay agua continúa. A veces pasan más de 15 días sin que les llegue el agua y con los dos litros de agua él no alcanza a bañarse todos los días, a lo sumo y cuando puede, se lava sus partes y los usa cuando le dan permiso para ir al baño a hacer sus necesidades. A ellos no les permiten a cada rato salir al baño porque son demasiados en el calabozo y muy pocos los policías para vigilarlos”, explicó Ana Pérez.

Pese a que en el Eje de Homicidios en la actualidad hay 30 reclusos con tuberculosis, que no reciben tratamientos ni son trasladados a tiempo a centros asistenciales para sus chequeos médicos[1], las alarmas de los familiares de ese grupo de reclusos se han encendido ante los casos de complicaciones respiratorias que, en la mayoría de los casos, suelen asociar con COVID-19. Sin embargo, debido a la falta de diagnósticos y de pruebas para descartar que esos reclusos tengan el virus, es imposible determinar si los síntomas gripales tienen relación con el Coronavirus[2].

El esposo de Ana Pérez ha presentado complicaciones respiratorias en las últimas semanas. La única medida que ha podido tomar la mujer, debido a la falta de recursos, es llevarle un broncodilatador. “Ese inhalador es el que usamos en casa para tos alérgica. Como mi esposo se está poniendo más delicado con la tos, le llevé éste”, dijo.

Al preguntarle a la mujer por los insumos que le lleva a su pareja para prevenir el COVID-19, precisó que lo único que está a su alcance es llevarle tapabocas de tela y gel antibacterial cuando tiene recursos para costear ese gasto adicional.

“Yo le he llevado varios tapabocas de tela que son gruesos. Pero no sé con qué frecuencia los lava porque los dos litros de agua que le llevo diario no son suficientes para cubrir todas sus necesidades. En cuanto al gel antibacterial, tengo dos semanas que no le llevo y no me ha dicho si necesita más”, explicó preocupada.

Pese a todas las preocupaciones que a diario enfrenta Ana Pérez, el saber que su esposo no está en la celda A, que es donde están los internos con tuberculosis y otras complicaciones respiratorias, le da un poco de tranquilidad.

La historia de Ana Pérez se repite con otras mujeres que deben cargar, incluso más litros de agua, para tratar de garantizar la higiene de sus esposos e hijos. Así lo hemos documentado con mujeres que, además de transportar litros de agua, también han hecho trámites para enviar periódicamente cisternas de agua a algunos calabozos.

En el CDP con más hacinamiento en la capital, que es la PNB de Boleíta, también conocida como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, algunas mujeres como Eva Franco, han visto una solución en una mueblería que queda cerca de esa comisaría que alberga a más de mil detenidos en un espacio que solo puede albergar a 250 personas por 48 horas. En el local comercial un hombre ofrece garrafas de 5 litros de agua a cambios de “colaboraciones” que pueden valer un dólar o, menos de ese monto, en bolívares en efectivo.

“Ese señor nos ayuda dándonos el agua y nosotras le damos una colaboración. Eso, además de algunos alimentos, es lo que le puedo llevar a mi esposo. No tengo para comprar tapabocas, ni siquiera para mí”, advirtió la mujer.

Sin distanciamiento, ni clasificación de internos 

Si bien el lavado de manos es una de las principales medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, también lo es el distanciamiento social. Una Ventana a la Libertad ha confirmado que hay un común denominador en los CDP monitoreados en el Área Metropolitana de Caracas: los funcionarios a cargo de la custodia no separan del resto de la población a los nuevos ingresos, lo cual también genera preocupación en los parientes de esta población reclusa.

Con frecuencia UVL recibe testimonios de familiares de internos que aseguran que hay detenidos con COVID-19 en algunos calabozos policiales ubicados en la capital de Venezuela. Pero hacernos eco de una información sin verificación y pronunciamiento de autoridades oficiales no es lo correcto.

Aunque en el monitoreo a los 26 CDP ubicados en el Área Metropolitana de Caracas se han confirmado la realización de jornadas médicas, entre las que destacan dos organizadas por Una Ventana a la Libertad en alianza con la ONG Proyecto Once Trece en las comisarías de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Agustín del Sur[3] y de la PNB de El Valle[4], en ninguna de esas actividades fueron aplicadas pruebas rápidas para descartar COVID-19.

Entre finales de abril y finales de julio Una Ventana a la Libertad confirmó con fuentes extraoficiales la muerte de tres reclusos por tuberculosis[5] y problemas respiratorios. Todas las defunciones corresponden a reclusos detenidos en el Eje de Homicidios del Cicpc El Llanito[6]. Y las principales enfermedades son, además de la tuberculosis, con al menos 142 reclusos contagiados y la desnutrición, con 272 casos confirmados y las infecciones de la piel, como, por ejemplo, los accesos cutáneos, conocidos en este submundo penitenciario como “carranchín”. No obstante, sobre esta común enfermedad no hay cifras estimadas, debido a que prácticamente la mayoría de esta población ha tenido al menos una vez contagios en la piel.

Sobre el VIH ha sido difícil acceder a cifras extraoficiales. Sin embargo, en el monitoreo de la salud se han confirmado este 2021 seis casos de reclusos con VIH: tres en la PNB de San Agustín del Sur, una reclusa en la PNB de El Valle, y un interno con la condición en cada uno de los siguientes calabozos policiales: PNB de Boleíta, Polibaruta.

Pese a que no existen evidencias para confirmar que en los 26 centros de detención preventiva monitoreados en el Área Metropolitana de Caracas hay casos de reclusos con COVID-19, sí se ha podido determinar que en estos espacios están ausentes las políticas para prevenir el virus y vacunar a esa población penitenciaria. Además, como en boletines y reportes anteriores, la situación se mantiene igual. En estos centros provisionales no hay condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad.


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