En los calabozos de los comandos policiales y militares domina el silencio. Los privados de libertad no hablan de lo que les ocurre intramuros. La tortura y el trato cruel de sus custodios y la violencia de sus compañeros solo queda en evidencia cuando el daño psicológico o físico se torna irreversible o acaba en muerte. La ferocidad de sus atacantes varía por el tipo de delito cometido y la postura política. Al momento de la agresión actúan por igual funcionarios o funcionarias sin distinguir sexo, condición física o edad del detenido.
Equipo de Investigación UVL
“Si están muy alzadas se les da un cachetón para calmarlas. Si no quieren hablar, dos o tres golpes en el escritorio bastan”, comenta un funcionario del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) al referirse al trato que suelen dársele a las mujeres durante sus detenciones o en los interrogatorios. “Con ellas no se hace mucho. Cantan rapidito”.
- ¿No teme ir preso si la detenida lo denuncia?
- Risas. Esos casos no caminan. Pueden ir verdes a las audiencias. Pero nunca dicen quién se los hizo. Prefieren declarar que se cayeron o los golpearon en la celda.
Aunque el funcionario no detalló el trato hacia los hombres durante sus detenciones e interrogatorios, el deceso de Gustavo Enrique Soto Amaury (28) es una muestra de lo que acontece. Cristina Maury de Soto denunció que escuchó como golpeaban a su hijo. Murió, el 14 de febrero de 2016, una hora después de ingresar a la sede de la Subdelegación Maracaibo del CICPC. La necropsia arrojó “cianosis en cara con hematomas en miembro superior derecho, apnea con asistolisis, con pupilas dilatadas sin respuestas a la luz, abdomen blando con hematomas peri-umbilical, marcas postraumáticas en forma de huella de calzado lateral izquierdo del abdomen, área genital con secreciones cuyas características se asemejan a líquido seminal los cuales se impregnan a la ropa interior, escoriaciones en miembros inferiores a nivel de la rodilla”. La víctima era funcionario del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) y lo investigaban por un robo masivo de carros en un conjunto residencial de Maracaibo.
En el comando de la Policía Nacional Bolivariana, en la Circunvalación 2 de Maracaibo, asesinaron a José Alberto Acosta González, de 27 años. Lo detuvieron por su presunta participación en el robo de un carro. Los ocho oficiales de guardia lo amenazaban con un arma de fuego durante el interrogatorio. Luego de dispararle, abandonaron su cadáver en una zona enmontada en el sector El Palotal. Por el homicidio detuvieron a los oficiales Erick Torres Osorio, Rafael Franco Chinchilla, Eduardo Machado Andrades, Yirardi Montilla Salas, Isaa González Pirela, Joel Enrique Arroyo, Jorge Montesino Mendoza y Ritzon Garis Vera Galindo. Su proceso judicial está en curso.
La violación se castiga con tortura
Sus manos empiezan a temblar y desvía su mirada apenas se le pide detalles de su permanencia en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de la Policía Municipal de San Francisco (Polisur). Permaneció 18 meses en esa sede tras ser acusada de violación. La “Morocha”, como la conocen en su zona residencial; asegura: “No soy la misma. Entré siendo una, pero ahora ni mi mente ni mi cuerpo son iguales”.
Los primeros tres meses considera que fueron los más críticos. “Me sacaron esposada de la casa. No hubo maltrato, pero cuando llegué al comando cambió. Los policías buscaron a una presa para que me golpeara y templara los pelos. Sentía que me arrancaba el cuero cabelludo”.
Según la exreclusa, los oficiales pretendían que admitiera su culpa. “Me llevaron a la celda y me volví una fiera para poder sobrevivir. Todas las reclusas me golpeaban, hasta en presencia de los custodios de guardia”.
La “Morocha” regresó a la calle. Pero sostiene que presenta dificultades en sus manos y dolores continuos de cabeza tras el maltrato sufrido. No denunció. “Ni siquiera mi familia quería en ese momento saber de mí. Y quién me creería aquello, si me llevaron al Hospital Manuel Noriega Trigo y la doctora de guardia escribió en su informe que mi condición física era perfecta y tenía morados por todas partes”.
Diego Molina no pudo comprobar su inocencia. Lo acusaron de cometer actos lascivos contra su hija. Ingresó el 10 de mayo de 2019 en los calabozos de la Subdelegación Maracaibo del CICPC y lo encontraron, el 12 de junio de 2019, muerto. Sus atacantes lo golpearon, le arrancaron las uñas y una tetilla. Según el informe forense entregado a sus familiares, tuvo “un shock hipovolémico intestinal, con hemorragia en la parte superior del intestino”. Los detectives que custodiaban los calabozos no se percataron de la tortura hasta que los presos les entregaron el cuerpo. No hubo investigación ni detenidos por este homicidio.
Las funcionarias también atacan
“Para ver, yo no me di cuenta qué le hicieron”, repetía la funcionaria mientras el resto de sus compañeros ultrajaban con un bastón a un estudiante detenido en 2017 durante las manifestaciones en el corredor vial Amparo-Las Lomas. Todos los detenidos atestiguaron en su contra luego de que la víctima señalara a sus agresores en un tribunal militar en su audiencia de presentación.
Diez meses después, la Fiscalía 45 del Ministerio Público con competencia en materia de protección de derechos humanos, solicitó ante el Tribunal 10° de Control la aprehensión de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Alvis Labarca, Kendry Osorio, Michael González, Rolando Baleta, Lizsujey Niebles, Joxy Quiroz, Carlos Contreras, y Manuel Chacón. Otros dos se fugaron y tienen orden de captura por Interpol.
El caso está radicado en el juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, que preside el juez José Domingo Martínez.
Se repite el patrón
En la documentación de las protestas pacíficas y detenciones arbitrarias por causas políticas, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) ha detectado que desde 2014 hasta la fecha se ha incrementado la ferocidad, la crueldad y los abusos de los cuerpos de seguridad contra a los detenidos. “El patrón se repite. En las entrevistas de 2014 coinciden los maltratos verbales y el lenguaje sesgado; les rociaban agua y los obligaban a oler gasolina. Ya en 2016 forzaban confesiones y los golpeaban. Se documentaron algunos casos donde utilizaron descargas eléctricas y hasta un caso de violación”, detalló Lisseth Mogollón, una de las defensoras.
La jurista lamenta que muchos de los casos solo se documentaron, no hubo un proceso judicial contra los agresores. “Existe un gran temor que se une al proceso postraumático y la víctima no denuncia. Se siente vulnerable, fue el estado quien violó sus derechos”.
Sin detenerse en algún caso en particular, la defensora mencionó el caso de un estudiante herido. “Le dispararon en sus piernas y los custodios en el centro de salud eran sus mismos agresores; le impidieron hasta hablar con sus abogados. A otro lo esposaron cinco días de pies y manos a un poste. En el comando de la Guardia nacional de La Ciega mantuvieron en 2017 a un grupo de detenidos 48 horas de pie. A otro grupo lo obligaron por horas a estar en posición de cuclillas, bajo el sol y con las manos atrás”.
Sean detenidos por delitos comunes o por su posición política, en una encuesta a tres juristas penales, todos coincidieron que el mayor número de víctimas de tratos crueles ocurre durante el proceso de captura. No hay un registro de cuántos ni la gravedad de las heridas que les causan, a unos los sueltan antes de iniciar un proceso judicial formal o de llevarlos al comando. Pero en ellos prevalece el miedo y ese temor se transforma en impunidad. En un porcentaje muy alto, declararon.
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