En los calabozos policiales de los Valles del Tuy esperan por la jornada de vacunación contra COVID-19

Familiares y privados de libertad también están a la expectativa en cuanto a los resultados de la “revolución judicial” anunciada por el Ejecutivo nacional

Rosanna Battistelli | UVL-Miranda

La pandemia del COVID-19 es una de las preocupaciones que aqueja tanto a los privados de libertad como a sus familiares, sobre todo por las condiciones de insalubridad en que conviven quienes están tras las rejas.

El miedo y la incertidumbre que reinaba en los calabozos, cuando la pandemia comenzó a hacer estragos en la población venezolana^[1], aún se mantienen, y las jornadas de vacunación representan una esperanza para la población penitenciaria. Sin embargo, hasta el 23 de julio la inmunización no se había materializado en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los Valles del Tuy.

Así se desprende de un monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad (UVL) en 13 CDP de esta subregión mirandina, conformada por seis municipios, ubicados en el centro norte de Venezuela, a 45 minutos de la ciudad de Caracas.

En los CDP a los que UVL les hizo seguimiento en los Valles del Tuy, -todos de tipo civil-, cohabitan actualmente 688 privados de libertad -600 hombres y 88 mujeres-, en espacios cuya capacidad de albergue es para aproximadamente 470 personas.

La muerte de un privado de libertad, de 59 años de edad, el 18 de junio de 2021, con síntomas asociados al COVID-19, reforzó el miedo que existe más allá de los barrotes y dejó al descubierto la vulnerabilidad de los privados de libertad.

Este preso, quien además era portador del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), estaba recluido en la sede del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), situada frente al sector Quebrada de Cúa del municipio Rafael Urdaneta, y fue trasladado al Hospital General de los Valles del Tuy, ubicado en Ocumare, por presentar quebrantos de salud. Los exámenes arrojaron que tenía COVID-19 y, nueve días después de ser hospitalizado y recibir tratamiento, falleció^[2]. 

Fuentes consultadas en los CDP, bajo el anonimato, informaron que las autoridades de salud han prometido realizar jornadas de vacunación para inmunizar a los privados de libertad; no obstante, aún están a la espera. “En la sede de la Policía Municipal de Simón Bolívar tomamos la previsión de no enviar a los ciudadanos recién detenidos a los calabozos, hasta tanto no se les haga la prueba del COVID-19”, aseguró un funcionario de este cuerpo de seguridad local el 22 de julio.

En contraste, en el Centro Penitenciario Región Capital Yare, ubicado en el municipio Simón Bolívar, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ya realizó una jornada de vacunación contra el COVID-19 como parte del proceso de inmunización de la población reclusa de todo el país^[3].  

Acceso a la salud limitado

La preocupación de los privados de libertad y sus parientes se acrecienta, en medio de la pandemia de COVID-19, debido a que en ninguno de los CDP de los Valles del Tuy existe consultorio médico ni personal de salud que atienda cualquier caso que se pueda presentar.

“Los arrestados que muestran síntomas sospechosos, se observan unos días y, si empeoran, son trasladados en las patrullas hasta el hospital centinela o algún Centro de Diagnóstico Integral (CDI) para que reciban el tratamiento”, señaló un funcionario de la Policía Municipal de Urdaneta, al recordar que en febrero de 2021 un preso murió en el hospital Dr. Osío, tras ser diagnosticado con neumonía bilateral, posiblemente asociada al COVID-19.

Los reclusos tampoco son chequeados periódicamente en los calabozos policiales y la única atención que reciben es a través de operativos de salud. Algunas de estas jornadas son organizadas por el Estado y otras por agrupaciones ajenas al Ejecutivo, como, por ejemplo, la organización Proyecto Once Trece y UVL. El 7 de julio de este año, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare, ambas agrupaciones realizaron una jornada médica^[4].

Nemesia Manrique tiene un sobrino en este CDP. Está preso desde hace dos años y, el 17 de julio, comenzó a presentar síntomas de gripe. Incluso, según asegura, tuvo fiebre dos días.

Manrique no cree que se trate del coronavirus; sin embargo, considera que su sobrino debió ser atendido por un médico. Hasta el 19 de julio ese chequeo no se había realizado. “No deben esperar que los síntomas se agraven, porque muchas veces la asistencia llega tarde; cuando ya no hay nada que hacer”, consideró.

Celeridad procesal

La misma expectativa que reina con la jornada de vacunación, existe con los resultados del proceso de “revolución judicial” que anunció el gobierno nacional para hacerle frente al retardo procesal. La comisión que se encargará de estudiar los casos en Miranda -unos 3.600- quedó instalada el martes, 29 de junio^[5].

En los calabozos policiales ya comenzaron los traslados de algunos reclusos a cárceles, como ocurrió con siete privados de libertad que pasaron del Eje de Homicidios del Cicpc a centros penitenciarios^[6], mientras que otros han sido excarcelados al cumplir la mitad de la pena^[7]. En el caso de la Policía Municipal de Simón Bolívar, para el 20 de julio solo quedaban dos detenidos. Los otros diez que estaban en este lugar fueron llevados a cárceles.

“La idea es acabar con el hacinamiento y el retardo procesal”, indicó el coronel Secundino Acevedo, jefe de la Mancomunidad Policial de los Valles del Tuy, durante una visita al Centro de Detención Preventiva (CDP) de la Policía Municipal de Lander, en Ocumare del Tuy, la tarde del 29 de junio^[8]. 

Acevedo, a quien le entregaron un listado de todos los privados de libertad, hombres y mujeres, que se encuentran en este CDP, conversó con los detenidos y les informó que en el transcurso de un mes se revisarían sus causas para tomar las decisiones judiciales necesarias. Los presos esperan que se cumpla este ofrecimiento.

Jhonathan Armas es un ejemplo del retardo procesal. Tiene 24 años. Está recluido en el Cicpc de Ocumare del Tuy y desde hace cinco años espera ir a juicio. Sus familiares contaron a UVL que cada vez que acude al acto judicial, este es diferido.

“El retardo procesal es uno de los problemas más graves que padece la población reclusa. Es de vieja data y las autoridades lo saben, solo que no ha habido disposición de resolverlo. Ojalá que esta llamada ‘revolución judicial’ enfrente realmente esta situación. Los presos son seres humanos a quienes se les deben garantizar sus derechos a la justicia, a la alimentación y a la salud”. Ese es el sentir de los parientes de Armas y del resto de los familiares de los privados de libertad.  

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