Los espacios no están aptos para recibir la visita de menores de edad y por eso es que no se celebran días festivos dentro de la Policía estadal
Carmen Rodríguez miraba con detenimiento a través de la cerca de ciclón, esperando a que se hicieran las 9:00 de la mañana para pasar la comida y el agua a su hijo, quien en julio de este 2018 cumplirá un año recluido en el centro de detención preventivo de la Policía del estado Monagas, donde no se permite la entrada de menores de edad.
La Policía del estado Monagas es el principal centro de detención en esta región, situada en la zona nororiental de Venezuela. De acuerdo con una investigación realizada por Una Ventana a la Libertad en octubre de 2017, 450 detenidos conviven en un espacio diseñado para 80 personas.
En la web no se encontró registros sobre cuándo fue la última vez que en Polimonagas se permitió el ingreso de menores de edad a las áreas comunes para compartir alguna fecha en especial. Al consultar con funcionarios, estos indicaron que desde hace cinco años está restringida la entrada de niños al recinto.
Los policías explican que esto ocurrió a raíz de un hecho violento y como castigo las autoridades de la época decidieron suspender de forma indefinida la visita de los hijos. Además, la falta de espacio hace imposible la entrada de infantes, pues hay hacinamiento.
En este reclusorio, los aprehendidos duermen apretados en colchonetas o en el piso. Sólo los que tienen más tiempo y los llamados “pranes” tienen camas de concreto. Además, la ducha se limita a una vez por día o cuando hay agua para hacerlo, por lo que los olores son bastante desagradables.
Rodríguez sabe que es así. En estos 11 meses que tiene visitando a su hijo ha visto cómo el área común, donde los privados de libertad reciben a sus familiares, se va reduciendo por la cantidad de hombres que están detenidos sin nisiquiera tener una audiencia de presentación.
“Todos están apretujados, allí no hay espacio para más nadie. Es un lugar que no está apto para que un niño o una niña entre a visitar a sus padres, eso es muy feo allá adentro”, cuenta esta abuela de ocho niñas, todas descendientes de su hijo preso.
Rodríguez, quien prefirió mantener su verdadera identidad en resguardo, afirma que es su propio hijo quien no quiere que sus muchachas entren a verlo, porque hay hambre, miseria y pobreza, “ese no es un ambiente para ellas”, agrega la mujer. Asegura que el área ni siquiera es apta limpiandola y acomodándola.
A él le preocupa que no puede ver crecer a sus hijas, quienes frecuentemente le preguntan a su abuela por la fecha en que podrán salir al parque con su padre. “Esto no es vida para nadie, él no vivía con ellas, pero siempre estuvo pendiente de sus princesas, como él las llama. Nunca les faltó dinero y ahora sí”, manifiesta.
En el espacio común solo hay un baño, el otro fue clausurado porque el agua falla constantemente y los detenidos no pueden limpiarlo. Además, el acceso a los artículos de limpieza es restringido, debe pasar por dos revisiones: una en la entrada de la Policía y la otra en la puerta de los calabozos.
Los envases tienen que ser de plástico y transparente. Los familiares llevan poco porque son artículos costosos y prefieren invertir el dinero en comida y en pagar en efectivo los 20.000 bolívares semanales por la seguridad del interno.
Julio Suárez, padre de un detenido, sostiene que aunque se trata de poca cantidad se convierte en un dolor de cabeza a la hora de conseguirlo debido a la ausencia de efectivo; “nosotros reunimos entre todos los familiares y así le dejamos a él cuando llega el sábado”, menciona.
Una situación difícil
Desde que su hijo cayó preso, Julio no tiene vida, primero porque solo piensa en el bienestar de su descendiente y segundo porque debe llevarle comida todos los días así no tenga dinero para pagar el pasaje hasta el centro de detención.
Aunque el detenido no le ha dado nietos, Suárez afirma que mantener los lazos afectivos es complicado cuando el preso no tiene dinero como para mantener un celular allá adentro. La crisis del país le impedirá, incluso, celebrar el Día del Padre juntos, como antes de la crisis económica del país, a menos que el joven salga de la Policía del estado Monagas con alguna medida sustitutiva de libertad antes del tercer domingo de junio.
“Es la primera vez que él se mete en un problema de estos, él me dijo que es inocente y yo le creo porque es un muchacho sano y muy trabajador”, refiere este albañil a quien le ha tocado caminar tres kilómetros para llegar desde el sector La Cruz, en la zona oeste de Maturín, hasta la Policía del estado.
En el caso de que no lo liberen, pues no le tocará de otra que ir a visitarlo el 16 de junio, un día antes del Día del Padre. No es lo que desea, pero tampoco espera pasar una fecha como esta sin recibir el abrazo de su muchacho.
Además, tendrá que pensar en ahorrar 1.000.000 de bolívares para pagar el traslado hasta la sede del Circuito Judicial Penal, ubicada en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, porque en Polimonagas no hay vehículos para llevarlos.
No será la primera vez que este hombre paga esta suma, de hecho ya ha desembolsillado 1.800.000 bolívares en dos movilizaciones, pagadas por transferencia bancaria. Si consigue el efectivo, entonces el monto baja drásticamente a 300.000 bolívares. Los policías usan sus propios autos para hacer los traslados.
“Aquí el que no tiene dinero para llevar a su hijo hasta el Circuito se desespera. No es justo que a nuestros presos se les violen tanto sus derechos”, agrega al mismo tiempo que pidió a las autoridades policiales buscar una solución a la falta de transporte.
El hijo de Juana Palma tiene un bebé de ocho meses de nacido y solo lo pudo tener en sus brazos cuando tenía un mes. Para él ha sido difícil no verlo y está consciente de que estar preso es el resultado de estar implicado en un delito. “Lo detuvieron por robar un teléfono, que iba a vender para comprarle comida a su bebé”, contó la mujer.
“Él llora cuando le muestro las fotos que le he tomado al muchachito”, agrega Palma, quien ha optado por grabar videos de su nieto para mostrárselos cada sábado a su privado de libertad. Hubo un mes en que no pudo llevarle las gráficas porque se quedó sin pasajes para viajar desde La Toscana, municipio Piar, hasta Maturín, lo que supone una media hora de carretera si es en carro particular.
Bárbara Rodríguez (identidad protegida) tiene dos hijas con un detenido. Las niñas le preguntan todos los días sobre cómo está su padre y cuándo podrán verlo de nuevo; ya tiene un año arrestado por robo de vehículo, desde entonces la comunicación es telefónica cuando logra camuflar un celular.
Violación de derecho
Familiares aseguran que la directiva de la Policía del estado Monagas está violando el derecho que tienen los reclusos a ver crecer a sus hijos al no permitirles el ingreso, por lo que consideran necesario una reevaluación de la suspensión de las visitas de niños al centro de detención.
Las esposas de los privados de libertad afirman que muchos están dispuestos a limpiar y mejorar los espacios para que sus hijos puedan entrar. “Sabemos que una cárcel no es un lugar para un niño, pero ellos tienen derecho a ver a sus padres y sus padres de ver a sus hijos”, reflexiona Rodríguez.
La mujer sostiene que la seguridad de los infantes está garantizada y que ningún detenido hará alguna acción que comprometa la integridad de los niños, niñas o adolescentes. Propone que el tribunal de menores sea quien inspeccione el desarrollo de la visita junto a fiscales del Ministerio Público.
“A nuestros esposos les preocupa el crecimiento de sus hijos, que no puedan mantenerlos económicamente o que no puedan compartir con ellos los actos de las escuelas. Es por eso que por lo menos deberían permitirle verlos aunque sea una vez al mes o según lo establezcan las autoridades”, indica.
No obtuvimos la posición de las autoridades de Polimonagas sobre los planteamientos de los familiares de los reclusos, porque los funcionarios no atendieron las llamadas telefónicas
Jesymar Añez Nava, Equipo UVL
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