Por La Nación
El abogado Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG “Una ventana a la libertad”, durante una visita a San Cristóbal, reveló cifras preocupantes en torno a las condiciones de vida en las que se encuentran los internos o privados de libertad en los centros de reclusión preventiva de todo el país, una realidad a la que el Táchira no escapa, de acuerdo al último diagnóstico que efectuó la organización que representa, que se encarga precisamente de contribuir con la humanización de los recintos carcelarios.
“Una ventana a la libertad es una ONG que se encarga de la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. Este año cumplimos 20 años de su fundación. Pero en este momento lo que nos trae aquí es un trabajo de investigación sobre los centros de reclusión preventiva del Táchira y de ocho estados más del país, porque es alarmante la situación que se está viviendo en estos centros transitorios, donde las personas deberían estar nada más que 48 horas, pero hay reclusos que están de manera permanente, casi todos. Hablamos de hacinamiento en todos los retenes policiales de Venezuela, y tenemos en estos centros una población penitenciaria de 45 mil internos, o sea que se ha creado un sistema penitenciario paralelo al existente, que es el que depende del Ministerio Penitenciario, donde hay 55 mil internos; es decir, en estos momentos Venezuela tiene 100 mil presos, aproximadamente, cifra que nunca en la vida había tenido este país”, explicó Nieto Palma.
Faltan cárceles
Añadió el abogado que específicamente en Táchira, en los centros de detención preventiva, tanto de Politáchira como de las policías municipales, Cicpc, Guardia Nacional, “hay altos niveles de hacinamiento, problemas graves de alimentación; las policías no cuentan con los mecanismos para darles de comer a los internos y entonces se la tienen que llevar los familiares, y si no tienen los familiares, no comen, por lo tanto se mueren de hambre. Tenemos registrado, no en Táchira pero sí en otros estados del país, en solo tres meses (septiembre, octubre, noviembre), que hubo siete muertes por desnutrición en diferentes centros de reclusión preventiva, y entonces consideramos que es un problema al que el Estado tiene que abocarse, tomar cartas en el asunto. Aquí por mucho tiempo se ha ofrecido construir recintos carcelarios. La ministra Iris Varela, cuando se creó el Ministerio Penitenciario, ofreció construir un recinto penitenciario en cada estado, para personas procesadas; si ella hubiera cumplido, no estuviéramos discutiendo hoy sobre el problema en los centros de reclusión preventiva, porque seguramente el hacinamiento no existiera”.
Dijo que cuando el hoy vicepresidente del país, Tareck El Aissami, era ministro de Interior y Justicia, ofreció la construcción de 25 nuevos recintos carcelarios, de los cuales solo construyó dos.
“Entonces, estamos hablando de que podríamos haber tenido casi 50 cárceles en el país, pero lamentablemente no cumplieron, solo se hicieron dos”.
Son críticas las condiciones en las que viven los presos
Agregó que, además de la paupérrima situación de la alimentación de los reclusos, el problema médico es también grave: “hay personas en estos centros policiales con tuberculosis, VIH, enfermedades de la piel, escabiosis, por el mismo hecho de estar hacinados, y la falta de agua potable. Y los presos extranjeros, si sus embajadas no les prestan colaboración, quedan ahí, sin que nadie les ayude. El hacinamiento, primero tiene que ver con el retardo procesal. El 70 por ciento de la población en estos centros, y en las cárceles del país, todavía no ha sido sentenciada, está en procesos, a los que se une la falta de espacios adecuados, que es otro de los factores que influyen, sin olvidar la falta de más jueces, más fiscales, más defensores públicos, que no es que no trabajen, sino que tienen exceso de trabajo, y hay algo bien importante, que muchas veces no trasladan a los internos a las audiencias porque no tienen dónde transportarlos”.
Refirió que toda esta problemática existente no queda ahí, pues asegura que el mantener a esta excesiva cantidad de reclusos dentro de las comisarías lleva a que, en lugar de que los funcionarios estén en la calle patrullando, se queden ahí, cuidándolos. Los presos deben estar donde les corresponde; esos presos también son de la competencia de la ministra Iris Varela, quien parece desligarse de ellos”.
“Una ventana a la libertad”, como ONG, no se limita a hacer un diagnóstico de los distintos tópicos que vulneran los derechos de los privados de libertad, sino que en este caso en particular, “el informe final, en el que se harán propuestas al Estado venezolano para solucionar los problemas, también será presentado a distintas organizaciones de derechos humanos, como la Corte Interamericana, entre otras”.
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