En los 26 calabozos monitoreados están ausentes las jornadas médicas para detectar esta enfermedad y también los conocimientos en el tema, tanto en la población reclusa, como en sus familiares
Angélica Lugo, UVL / Caracas.- Todas las semanas se reportan novedades en 26 Centro de Detención Preventiva (CDP) ubicados en el Área Metropolitana de Caracas. Riñas, motines, intentos de fugas, fugas, casos de presos con desnutrición y con tuberculosis, trabas que enfrentan sus familiares para lograr que en sanidad les donen algunos tratamientos, ausencia de jornadas médicas, entre otras situaciones. Pero en los reportes y denuncias nunca se refieren a casos de positivos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Para indagar si en estos 26 calabozos policiales hay casos de privados de libertad con VIH Una Ventana a la Libertad (UVL) hizo un arqueo con fuentes directas: familiares de reclusos, fuentes policiales e, incluso, consultó a algunos privados de libertad que tienen teléfonos celulares en estos espacios. La respuesta fue la misma: no hay casos de VIH.
Al preguntarles por qué afirman que no hay casos, la mayoría de las fuentes dudó en cómo responder, como es el caso de la esposa de un hombre de 25 años que está detenido en la Policía del Municipio Sucre (Polisucre) desde hace un año y siete meses, por el delito de homicidio: “No. Allí nadie tiene VIH hasta ahora, bueno, es que tampoco han hecho pruebas, pero si hubiese alguno con esa enfermedad se supiera así no se la hayan detectado, digo yo”.
Pese a que uno de los ocho objetivos del Desarrollo del Milenio, promovido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) es combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, en estos espacios que se han convertido en “cárceles paralelas”, debido a los retardos en los cupos de traslados para los penales, están lejos de garantizar este fin.
Solo en dos de los 26 CDP a los que UVL le hace seguimiento en Caracas se realizó una jornada médica para determinar si los privados de libertad tenían VIH. Es el caso de la Policía del Municipio Chacao (Polichacao) y de la Policía del Municipio El Hatillo (Polihatillo) que, pese a estar ubicada en un municipio que queda a 18 kilómetros de distancia de la capital de Venezuela, forma parte del Área Metropolitana de la ciudad.
En ambas jornadas, organizadas por UVL, con el apoyo de la Organización No Gubernamental Once Trece, no se detectaron casos de presos con VIH. El 5 de diciembre de 2019 un total de 36 reclusos detenidos en Polichacao fueron evaluados por cuatro médicos internistas e infectólogos, mientras que el procedimiento se aplicó a 41 internos en Polihatillo el 17 de enero de 2020. En esa segunda jornada ninguna prueba de VIH dio positiva.
Una de las conclusiones, después de ambas jornadas, fue solicitar permisos en otros CDP con mayor población reclusa para poder evaluar si en otras sedes policiales y militares había casos de internos con VIH. Sin embargo, dichos procedimientos fueron paralizados luego de confirmarse los primeros casos de la COVID-19 en el país.
Cuadros febriles y tuberculosis: los dolores de cabeza en pandemia
En plena pandemia, después de más de 100 días en confinamiento, las esposas y madres de la población reclusa de los CDP han enfocado sus esfuerzos en buscar tratamientos alternativos para atender cuadros febriles que, por lo general, vienen acompañados de dolores de cabeza y diarrea.
Por ejemplo, la esposa de un detenido en la sede de Antiextorsión y Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en El Hatillo, relató que al menos 35 reclusos tienen fiebre, diarrea y dolor de cabeza, por lo que se han organizado para llevarles ingredientes para que preparen “guarapos” (infusiones) caseros.
“Como no todas tenemos para comprar acetaminofén, reunimos hojas de malojillo, toronjil y de guayaba para que los muchachos se mejoren”, precisó la mujer que tiene a su pareja detenida en ese CDP desde junio de 2018, por el delito de extorsión. Al ser consultada por el tema del VIH en esa comisaría, de inmediato dio la respuesta que, por lo general dan todos los consultados: “Ninguno de los 75 reclusos que en la actualidad está detenido aquí tiene VIH y tampoco se han realizado jornadas para detectarlo”.
El CDP con más población reclusa en Caracas es la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también conocida como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana. En esta comisaría de la PNB hay más de mil internos en un espacio que tiene capacidad de albergar por 48 horas a menos de 300 personas. La principal preocupación de los familiares de esta población es que sus parientes formen parte de los contagiados con tuberculosis.
El comité de familiares de la PNB de Boleíta tiene un subregistro de más de 100 reclusos con tuberculosis. Pero, en la práctica, sólo 30 de ellos han recibido tratamientos, de manera irregular, por parte del Distrito Sanitario 7 ubicado en La Urbina. Aunque las madres y esposas de esta población mantienen un orden y registro de los internos que están clasificados en los 16 calabozos, tampoco tienen conocimiento en materia de VIH.
Solo una de las delegadas de una de las 16 celdas aseguró que entre los más de mil privados de libertad hay uno con VIH, pero no tiene datos del interno ni ha monitoreado su evolución. Tampoco supo responder en qué celda está ubicado el recluso. Sin embargo, aseguró que en esa sede no se han realizado jornadas para evaluar o tratar el VIH.
Silencio en organismos del Estado
La falta de información o de cultura sobre los protocolos de diagnóstico, atención y seguimiento al VIH no sólo predomina en la población penitenciaria detenida en las comisarías de policías municipales, del Cicpc, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional o en sus familiares. Las autoridades no han hecho públicos estudios que refieran el tema o que muestren cifras de internos infectados con esta enfermedad, lo que genera más dudas y preguntas que respuestas.
En las decenas de casos de reclusos muertos en calabozos policiales reportados anualmente por UVL ¿algunos de esos internos habrá muerto sin conocerse que tenían VIH? y ¿cómo se puede asegurar que no hay reclusos con esta enfermedad si no han sido diagnosticados?. Estas son, quizá, dos de las principales interrogantes que surgen ante la falta de información oficial.
Aunque estos espacios fueron diseñados para albergar a personas por lapsos de 48 horas, mientras son presentadas en tribunales, la realidad es otra. Los internos pasan hasta tres años en estos CDP, incluso después de haber sido condenados. En los calabozos policiales y militares urgen políticas públicas que pasen por mejoras en la infraestructura. Pero también que prioricen en jornadas para atender la salud de esta población reclusa. Es difícil dar un panorama del VIH en los calabozos policiales sin estudios realizados por alguna autoridad pública ni estadísticas oficiales.
Ante la opacidad en la información y de datos en torno a la población con VIH en los calabozos policiales ubicados en Caracas, se infiere que, más allá de la ausencia de estudios, el Estado no cuenta con los tratamientos ni la logística para atender a este porcentaje de la población que, por ahora, es imposible determinar. La grave situación de los internos con tuberculosis da un panorama de esta inferencia. Sus parientes han solicitado atención, jornadas médicas y medidas humanitarias; pero no han conseguido respuestas, difícilmente pasará lo mismo con una población que, a efectos de estadísticas y registros oficiales, no existe.
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