La salud de los privados de libertad es un tema que solo preocupa a sus familiares, a juzgar por el desinterés mostrado por las autoridades penitenciarias en brindar atención médica a esta población
Rosanna Battistelli Rodríguez/ UVL Valles del Tuy.-Quinientos setenta y seis privados de libertad que conviven en once de los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los Valles del Tuy, estado Miranda, sufren a diario las consecuencias del hacinamiento y de la falta de políticas públicas que garanticen condiciones de salud idóneas para un ser humano.
La llegada de la COVID-19, que impone estrictas medidas de bioseguridad indispensables para evitar la cadena de contagio, puso en evidencia, una vez más, las deficiencias del sistema sanitario venezolano, y de lo cual no escapan los calabozos de los municipios Lander, Independencia, Paz Castillo, Cristóbal Rojas, Urdaneta y Simón Bolívar, ubicados en el centro norte del país, entre 45 minutos y 1 hora de Caracas.
Poco espacio para tanta gente, falta de agua, ventilación y sanitarios profilácticos son parte del caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades infectocontagiosas entre la población reclusa, que muchas veces muere de mengua debido a la falta de atención oportuna.
Casos de hepatitis, sarna, enfermedades respiratorias y tuberculosis están a la orden del día detrás de los barrotes. A estos casos se suma otro que se mantiene silencioso ante la ausencia de programas de evaluación y diagnóstico: el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
De los quinientos hombres y setenta y seis mujeres que existen en once de los CDP de Valles del Tuy, solo se ha confirmado que uno padece este virus que afecta el sistema de defensas del organismo y puede convertirse en Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
El caso se descubrió en enero de 2020, a través de una jornada médica realizada por la Organización No Gubernamental (ONG), Una Ventana a la Libertad (UVL) y el Proyecto Once Trece y a pesar de la recomendación que se le dio al privado de libertad sobre el tratamiento médico que debe seguir para evitar que el virus avance y su vida se comprometa, se resiste a aceptar que está contagiado.
Una fuente consultada en el cuerpo policial donde está el recluso señaló que aun cuando se le informó sobre su condición, él no da crédito al diagnóstico. Esta negatividad no solo expone al afectado a que las manifestaciones clínicas del virus avancen, sino que además deja vulnerables a sus compañeros al no tomarse las medidas preventivas que el caso amerita, tomando en cuenta que en las cárceles, muchas veces, se comparten jeringas y hay actividad sexual.
La posibilidad de que en otros CDP existan casos de VIH o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa está latente, toda vez que en el último año y medio no se han hecho jornadas de despistajes.
Desinterés oficial
La salud de los privados de libertad de los Valles del Tuy es un tema que solo preocupa a sus familiares, a juzgar por el desinterés mostrado por las autoridades penitenciarias en brindar atención médica a esta población y que se garantice su derecho a la salud.
En ninguno de los CDP de esta subregión mirandina existe personal médico. Tampoco hay programas de prevención, diagnóstico, tratamiento ni atención que permitan a los presos tener acceso a una vida saludable o cumplir con sus controles médicos.
Esta falta de asistencia preocupa a Florencia Acosta. Su sobrino, recluido en el CDP de la Policía Municipal de Paz Castillo, padece hepatitis. Actualmente está aislado en una celda, junto a otro preso que también tiene la enfermedad, para evitar que el resto de la población penal se contagie.
Acosta lamentó las condiciones de salubridad en la que se encuentra su pariente. “Cualquier preso, haya cometido el delito que sea, debe tener garantía de sus derechos humanos. No es posible que los centros de reclusión se conviertan en espacios de proliferación de enfermedades infectocontagiosas”, señaló.
A Wendy Piñero también le angustia las condiciones de salud de su esposo, quien desde hace cinco meses está detenido en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy (Municipio Lander), estado Miranda.
La pareja sentimental de Piñero presenta erupciones en la piel, sarna, abscesos en la cabeza y desnutrición. “Actualmente no cuenta con ningún tipo de asistencia médica y nosotros tampoco tenemos como suministrarle antibióticos u otros medicamentos por falta de recursos. Hacemos esfuerzos para medio llevarle comida, así que comprar fármacos es imposible. Muchas veces solo le dejamos arroz para que coma algo”, señaló.
La salud de Manuel González igualmente es complicada. Desde hace seis años está en el CDP del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy, estado Miranda, a punto de finalizar su condena, es decir, que la medida del juez de trasladarlo a un penal quedó plasmada solo en un papel.
Manuel, según contó su madre, Leonor González, presenta problemas de retención de líquido y desnutrición. Su cuerpo luce delgado y sus huesos sobresalen en su pecho como evidencia de la falta de nutrientes. “Mi temor es que su salud se complique, porque mientras están presos no hay garantía de salud; además, en medio de esta pandemia, las cosas se dificultan mucho más y quizás termine de cumplir su condena y tampoco le den rápido la libertad, porque todo está paralizado”, señaló González.
En medio de esos temores transcurre el día a día de los privados de libertad y de sus familiares, en los Valles del Tuy. Cada hora que pasa cuenta para que se debiliten las condiciones de vida de quienes están detrás de las celdas, bajo la mirada de un Estado que no es capaz de cumplir con su responsabilidad ni de garantizar los derechos humanos de la población reclusa.
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