En los ocho centros de detención de Altos Mirandinos no se han realizado jornadas para detección del virus pandémico y no está aún planificada jornada de vacunación contra el coronavirus
Pola Del Giudice
Solo la mitad de la población penal del Instituto Nacional de Orientación Femenina (300 mujeres), ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda, fueron inmunizadas con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, en una jornada realizada por la gobernación de Miranda en conjunto con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
La región de Altos comprende los municipios Carrizal, Los Salias y Guaicaipuro. Este último, donde se ubica la capital del estado Miranda, cuenta con ocho centros de detención preventiva; siete de carácter civil y uno militar.
Tras los monitoreos de las ONG y medios de comunicación se reflejó que en ninguno de estos centros se aplicaron medidas de tomar pruebas de descarte a detenidos antes de ingresar a los calabozos y, mucho menos, se han aplicado las vacunas.
Ese hermetismo ha impedido confirmar cuántos casos de COVID-19 se han contabilizado entre los privados de libertad que se encuentran en los CDP de los Altos Mirandinos.
Durante los meses que han transcurrido entre restricciones de visitas, fallas de servicios públicos y la incertidumbre de la pandemia se ha visto desmejorados, aún más, la condiciones en las que están privados de libertad unos 492 detenidos, e acuerdo al último monitoreo presentado por la ONG Una Ventana a la Libertad.
La ausencia de información oficial sobre las medidas a tomarse para el cuidado de la salud de los internos, muchos de ellos hasta con dos o tres años detenidos en esos calabozos preparados solo para albergar a los detenidos por 48 horas, mantiene, luego de 15 meses, a los familiares en peligro de contagio y aún más a los detenidos. Los privados de libertad no tienen distanciamiento en los calabozos, tampoco tienen agua para el aseo personal y no se les suministran tapabocas.
Si algún privado de libertad presenta síntomas asociados a la enfermedad, las autoridades son celosas con la información. Mientras tanto, los parientes de los presos aseguran que la falta de agua es el principal factor que impide a los presos prevenir esta enfermedad. Tampoco pueden mantener un metro de distancia entre ellos, porque el área de los calabozos es reducida.
Milena Medina, familiar de un detenido en los calabozos de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Los Teques, denunció que intentaron canalizar la aplicación de unas pruebas para la COVID-19 a los detenidos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por decisiones emanadas de la directiva nacional.
En el estado Miranda se han recibido 300.000 vacunas de primeras dosis, donde se han aplicado unas 240.000 vacunas a población adulto mayor y personal de salud.
Calabozos hacinados y sin medidas de bioseguridad
En el monitoreo de salud realizado en alianza entre Una Ventana a la Libertad y Proyecto Once Trece se registraron posibles casos, detectado sintomatología del virus pandémico que han sido señalados por los detenidos a sus familiares, durante las entregas de comida que llevan a diario a los distintos calabozos.
En los calabozos el hacinamiento es constante, ya que sobrepasan hasta en 300% su capacidad en todos los CDP. Esta situación impide mantener distanciamiento y mucho menos medidas de higiene ante la falta de agua y baños.
El miedo que reina en la población privada de libertad y sus familiares ante los efectos de la pandemia aún se mantiene, aun cuando han trascurrido al menos 17 meses de cuarentena y sin visitas. En ninguno de los CDP hay servicio médico ni enfermeras que atiendan cualquier caso que se registre.
Otra familiar de un recluso en la policía científica señaló que los detenidos que muestran síntomas sospechosos les piden a los familiares que le lleven medicamentos como Atamel (acetaminofén) y analgésicos.No obstante, solo son trasladados si empeoran al hospital Victorino Santaella o el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Padre machado en Los Teques. De acuerdo a lo investigado, la situación es similar en la Policía del estado Miranda y en la Policía del Municipio Guaicaipuro.
Una fuente ligada al hospital de Los Teques señaló que han sido trasladados entre 10 a 15 detenidos con síntomas de COVID-19, pero no se han dejado hospitalizados.
Los reclusos de los calabozos policiales han asistido durante el último mes solo dos jornadas de salud, una realizada por la Alcalde del Municipio Carrizal, quienes evaluaron a los pacientes con la intención de realizar un operativo de vacunación anti COVID-19 y la otra jornada, realizada en el calabozo de Cicpc, donde se atendieron unos 179 detenidos por la organización Proyecto Once Trece y UVL[1].
Solo una jornada realizada por el gobierno
Se conoció por fuentes ligadas a la alcaldía altomirandina que se espera de la coordinación del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, quienes recibieron una carta pidiendo la jornada por parte de los familiares de los 32 detenidos en esta sede de Policarrizal.
La jornada se realizó luego de la petición de familiares de detenidos quienes señalaron temían por las condiciones de salud en la que conviven.
El alcalde de Carrizal, Farith Fraija, señaló que se atendieron los privados de libertad a través del equipo de salud Municipal. “Mensualmente atenderemos a la población privada de libertad con jornadas de salud, hace un mes los vacunamos contra enfermedades como la influenza y trivalente viral”, dijo.
Por su parte, Yaneth Guarilia, directora de la casa de Justicia y Paz, señaló que está atendiendo en esta primera fase para garantizar el estado de salud de los detenidos, mientras se canaliza el proceso de vacunación anti-COVID-19. “Se les da atención desde el punto de vista jurídico, social y asistencial como parte del proceso que realizamos a diario”, dijo. Se les evaluó enfermedades agudas y patología crónica de los detenidos.
[1] Una Ventana a la Libertad (Julio 4, 2021) 35 detenidos atendidos en jornada de salud en Policarrizal
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