Falta de atención médica, retardo procesal y poca alimentación son algunas de las denuncias que hacen los internos en los Centros de Detención Preventivos de la entidad
Giovanna Pellicani/ UVAL Anzoátegui
Barcelona.- El temor a represalias o a recibir un castigo por exigir atención médica, alimentos y retardo procesal ha llevado a algunos privados de libertad del estado Anzoátegui a recurrir a la ayuda de sus familiares para que sean éstos quienes protagonicen las protestas y alcen la voz en defensa de sus Derechos Humanos.
Esta modalidad quedó evidenciada durante el 2020 en algunas de las cuatro protestas que se registraron en la entidad en menos de cuatro meses, y es que la desesperación llevó a algunos internos a recurrir a terceros para que sean escuchados sus gritos de auxilio.
La primera manifestación se registró el 9 de abril frente a los calabozos de Polianzoátegui, ubicado en el municipio Urbaneja de la entidad, donde 12 mujeres alzaron la voz para exigir el traslado y la agilización de las causas de 32 internos que denunciaban retardo procesal.
Durante la manifestación, que se mantuvo por cinco horas consecutivas, reportaron el hurto de los alimentos que éstas llevaban a sus familiares y que aseguraban que con mucho sacrificio intentaban garantizar pese a las restricciones impuestas durante la pandemia.
Auris Duarte es una de las que protestaron ese día y contó al equipo de Una Ventana a la Libertad que nueve días después de la protesta autorizaron el traslado de 14 privados hasta el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui y a otros 18 les dieron libertad condicional mediante una medida cautelar.
“En los calabozos de Polianzoátegui están más de 300 hombres en completo hacinamiento y junto a ellos conviven compañeros de celda que tienen tuberculosis. Éstos agrava la situación en las celdas de ese cuerpo policial”, resaltó.
Dos días más tarde los familiares de los internos que se encuentran en la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del sector Boyacá III en Barcelona se sumaron a la acción de calle para exigir respeto por los alimentos que llevaban a sus parientes, además de solicitar traslados a otros centro de reclusión.
La protesta se debió al incremento de afecciones respiratorias, enfermedades en la piel, casos de desnutrición y tuberculosis en un solo calabozo, el cual está diseñado para albergar a 20 internos, pero que en la actualidad es ocupado por 167 hombres, de los cuales 12 recibieron libertad condicional durante el plan de descongestionamiento que se realizó dos semanas más tarde en la entidad.
El 19 de junio del año en curso los privados Bryan José Farías Urdaneta, Anthony Rogger Millán Chacón, Aníbal José Rojas Velásquez y José Gabriel Quintero se cosieron la boca e iniciaron de esta manera una huelga de hambre para exigir traslado a sus zonas de residencia.
El hecho ocurrió en la sede del Centro de Detención Preventivo de Polianzoátegui en El Tigre, zona sur del estado Anzoátegui, donde los internos habían denunciado en reiteradas oportunidades que sus parientes no les podían llevar alimentos por estar ubicados en otra jurisdicción.
En esta oportunidad Ludizmar Torres contó que la comida llegaba incompleta a sus familiares y que muchas veces por castigo las dejaban dañar para luego hacerlas llegar a los calabozos. Exigieron la presencia de fiscales del Ministerio Público, pero hasta ahora solo aperturaron un procedimiento administrativo a tres funcionarios policiales. Los internos siguen en hacinamiento y presentando signos de desnutrición.
La última protesta se registró el 27 de julio del presente año, cuando los parientes de 43 internos del Centro de Detención Preventivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la ciudad de El Tigre, en la zona sur de la entidad, aseguraron que sus familiares presentaban distintas patologías y que requerían atención médica de inmediato, pero hasta ahora no han recibido respuesta al respecto.
Derechos irrevocables
El abogado José Santoyo es un defensor de los Derechos Humanos de los privados de libertad en el estado Anzoátegui y cuenta al equipo de Una Ventana de la Libertad en la entidad que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, derecho que hasta ahora no es respetado en la entidad.
“Los privados de libertad tienen derecho al debido proceso, a la defensa y la igualdad de las partes y esto está establecido en la Constitución de Venezuela. Ante cualquier irregularidad en su proceso penal ellos tienen derecho a elevar su voz, a protestar y a exigir que se le garanticen sus derechos, aún y cuando ya sean penados”, resaltó.
Santoyo explica que una cosa es lo que establece la Constitución de Venezuela y otra la que aplican en los centros de reclusión a nivel nacional y el estado Anzoátegui no escapa a esta realidad que ha perjudicado a los privados de libertad durante años.
“En este país cada centro de reclusión tiene leyes internas. Existe una nueva modalidad que se maneja bajo el mandato de los pranes que son como los jefes de los detenidos, y ellos manejan sus garantías internamente y eso por costumbre se hizo una Ley penitenciaria que no tiene un valor legal en el ámbito jurídico, pero ellos la cumplen a su manera”, explicó.
Para el jurista, los privados de libertad actualmente en Venezuela tienen todas las de perder, porque según cuenta, cuando hacen las denuncias o exigen sus derechos los policías toman represalias en contra de ellos.
“En los cuerpos de seguridad hemos visto cómo los funcionarios policiales toman medidas represivas más no preventivas, en contra de los privados. Tenemos que resaltar además que en Venezuela no existe ninguna diferencia en cuanto a la distinción de delitos y vemos como privados con distintos delitos pernoctan en la misma celda”, destacó Santoyo.
En el caso del estado Anzoátegui Santoyo destaca que hasta ahora no se les ha garantizado los Derechos Humanos a los privados, asegura que existen decenas de hombres y mujeres que no reciben la atención médica oportuna, presentan afecciones de salud y no son atendidos en centros asistenciales, situación que se ha agravado en tiempos de pandemia, es por eso que hace un llamado a las autoridades judiciales para que respeten el libre proceso y agilicen las causas con miras al descongestionamiento de los Centros de Detenciones Preventivos “antes de que se registre una gran catástrofe”.
Foto: Cortesía
Familiares de privados han tomado la batuta en las acciones de protesta en defensa de los Derechos Humanos en la entidad
Dejar una contestacion