El defensor de los derechos Humanos, José Santoyo, asegura que en Venezuela no existen planes de reinserción y que el Estado rechaza a las personas que tienen antecedentes penales
Giovanna Pellicani/ UVL Anzoátegui
Barcelona. El 15 de julio Josué Martínez regresó a su hogar, ubicado en el sector Mesones de Barcelona. Estuvo un año y ocho meses detenido en los calabozos de Polianzoátegui por hurto, y hoy es rechazado por los vecinos de su cuadra.
“Se acabó la paz en Mesones” fue lo primero que escuchó Josué cuando caminaba a la casa de su madre, Elena Torres. A todos le tomó por sorpresa la repentina libertad del hombre de 31 años de edad, quien fue excarcelado por la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia instalada en el Centro de Coordinación General de la Policía del Estado Anzoátegui, ubicado en Lechería, zona norte de la entidad.
“Tras recibir la orden de excarcelación, conseguí efectivo y pagué un autobús hasta el sector donde siempre he vivido junto a mi mamá y mis dos hermanas, pero esta vez no fue tan alegre regresar a mi hogar. El señor Pedro al verme me señaló de inmediato y me dijo que si comienzo a robar a los vecinos me iban a linchar”, contó.
Desde que entró a la casa de su madre, quien lo recibió con lágrimas en los ojos y feliz de verlo en libertad, no volvió a salir. Hoy Josué siente temor de salir de su hogar, asegura que los delincuentes que hoy tienen el control de la zona deben estar esperando un descuido para atacarlo.
Con 16 kilos menos, hongos en las uñas de los pies y una cicatriz en la mano derecha que le quedó tras defender a un compañero de celda en Polianzoátegui, siente la necesidad de salir a trabajar, pero tiene temor a ser rechazado por la sociedad.
Una caja de fósforos
Estuvo en el pabellón “B” del Centro de Detención Preventivo junto a otros 42 hombres que estaban detenidos por distintos delitos y dormía donde los líderes de la celda le ordenaban. “Siempre sentí que estaba en una caja de fósforos. Todos apretados porque ese calabozo era como para diez hombres y rebasábamos la capacidad”.
Le tocó dormir sobre la letrina de la cual solo quedaba el hueco cubierto de cemento y cabillas que elaboraron en el calabozo para que hicieran sus necesidades y lo aseguraron para evitar las evasiones de los privados de libertad.
“Nunca recibí asistencia médica cuando me sentía mal, Allí nos teníamos que curar nosotros mismos y siempre fue un sometido. A veces me tocaba echarles aire a los líderes por horas y sin poder quejarme porque ellos mismos me imponían castigos como dormir parado o lavar la ropa de los más antiguos.
Casa por cárcel
Josué contó al equipo investigador de Una Ventana a la Libertad, vía telefónica, que se siente como si le hubiesen otorgado casa por cárcel porque cuando intenta salir a la calle o caminar por el sector, las murmuras, miradas y señalamientos de sus vecinos lo obligan a retornar a su habitación.
“Claro que estoy más cómodo, pero sé que mi vida no será igual aquí, pasé mucho tiempo detenido por retardo procesal y dio chance a los vecinos de pensar que yo era el malandro más temible del sector. Muchos especularon sobre mi detención”, aseveró.
Teresa no quiso dar detalles de lo que sufrió en el lapso que su hijo estuvo detenido, pero Josué asegura que su madre se deterioró mucho tratando de garantizarle sus alimentos a diario “y para nada porque muchas veces me lo quitaban los policías o los líderes del calabozo” donde pernoctó por casi dos años.
Estado a la defensiva
El defensor de los Derechos Humanos en el estado Anzoátegui, José Santoyo, aseguró que el Estado es el primer propulsor del rechazo e impide la reinserción a la sociedad de los excarcelados, pues considera que aplica leyes que contradicen lo que intentan promover.
“Muchas empresas privadas y del estado solicitan antecedentes penales a los aspirantes laborales y esto desdice mucho de esa reinserción a la sociedad que tanto profesan. Nunca han contado con un verdadero plan de reinserción o de moderación de conductas para los privados, es más, mucha gente asegura que toda persona detenida perfecciona sus técnicas tras los barrotes del calabozo”, recalcó.
Para Santoyo es indispensable un tratamiento especial, clasificación de detenidos por delitos en espacios acordes y planes de desarrollo que permita a los privados emprender o dar un vuelco a sus vidas, pero asegura que esto no se ve en ninguna parte de Venezuela.
Por su parte la coordinadora de la Fundación de Derechos Humanos Anzoátegui, Milagros Carmona, asegura que deben extenderse los planes de descongestionamiento y agilización de las causas que ha iniciado la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia instalada en la entidad.
“Tenemos un gran porcentaje de hacinamiento, privados cuyas causas presentan retardo procesal y violación de los Derechos Humanos de todos los detenidos. Es necesario un serio plan de atención en los calabozos de Anzoátegui y a nivel nacional”, recalcó.
Y mientras esto ocurre, Josué planifica mudarse a la casa de su tía en El Tigre, zona sur de Anzoátegui, donde nadie lo conozca y así evitar arremetidas de los vecinos para poder rehacer su vida laboral muy pronto.
“En El Tigre nadie me conoce y allí podré comenzar a trabajar en lo que sea para comenzar a ayudar a mi mamá. Ya tiene 72 años y mucho hace para salir a hacer compras al mercado y atendernos a todos en la casa”, aseveró Josué.
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