UVL Cojedes
En la Gaceta Oficial N 6.647 de la República Bolivariana de Venezuela, fechada el 17 de septiembre del 2021, establece la Ley de Reforma del Código Orgánico Penitenciario que fue aprobada por la Asamblea Nacional. En la modificación a esta norma se establecen los parámetros que deben regir en las cárceles del país. Al revisar su contenido se evidencia que el Estado venezolano debe garantizar los derechos humanos y velar por la administración penitenciaria que no es más que la acción de planificar, organizar, formular directrices, lineamientos y políticas para la ejecución y seguimiento de las actividades destinadas a dar cumplimiento al servicio penitenciario. Igualmente, se garantiza la atención integral y la atención medica integral de todos los privados de libertad, aunque la teoría está muy lejos de la práctica.
En este sentido es necesario resaltar los artículos 4 y 5 del referido Código:
- Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, garantiza a las personas privadas de libertad el ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, excepto aquellos cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la medida de privación judicial preventiva de libertad, y por las establecidas en el presente
- Artículo 5. Los principios y derechos enunciados en el presente Código son de carácter progresivo y, en consecuencia, no podrán ser desmejorados ni disminuidos.
Retardo Procesal causa de protestas
En caso de los Centros de Detención Preventiva de Cojedes, en lo que va de año solo se ha registrado la reciente huelga de hambre que se extendió por casi toda Venezuela, Entre las demandas destacan la actualización oportuna de sus cómputos, el otorgamiento de medidas humanitarias, los traslados a los penales de origen y atención médica,
Las protestas generalmente son realizadas por los familiares y los detenidos, algunas veces de forma simultánea, las modalidades que emplean son el cierre de vías, la tradicional protesta de los familiares en las afueras del CDP o en el Palacio de Justicia dependiendo de su efectividad. En el caso de los reclusos inician huelgas de hambre, reyertas y motines que buscan llamar la atención de las autoridades, pero que son reprimidos duramente y con severos castigos.
Rebeca Palencia, madre de un privado de libertad del Cicpc San Carlos, destacó que no se les respetan sus derechos humanos. “Para una como madre es fuerte, ver cómo maltratan a los hijos de una. A mi hijo no lo han maltratado, pero he visto como les botan sus ropas, sus cosas, regresan la comida en mal estado. Cómo van a estar ellos allí, como unos animales, no se puede porque ellos son seres humanos”, sostuvo.
Urge traslado a tribunales
Un privado de libertad, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, explicó que uno de los problemas más graves que tienen es el retardo procesal. Agregó que en ocasiones no son trasladados a los tribunales por múltiples razones. Dijo que los familiares son quienes deben costear todo para los traslados. Se tienen que encargar de la comida de los funcionarios, la gasolina del carro que los va a trasladar, que lleven la boleta a tiempo y eso es un gasto.
“Imagínate que después de hacer todos esos pagos suspenden las audiencias. Muchas veces llegamos a los tribunales y lo que hacemos es firmar, porque difirieran las audiencias, porque no se conformó el tribunal, porque se enfermó el juez o simplemente no hay luz. Todo eso retarda el proceso y cae en los hombros de nuestra familia”, contó vía telefónica.
Mencionó que hay presos que llevan años en juicio y nada que avanzan, porque son audiencias y audiencias y nada que avanza el proceso. “Aquí hay dos que tienen casi cinco meses a la espera de que se constituya la audiencia, para los fiadores y que puedan salir y nada que la hacen. Eso no es justo”, sostuvo.
Añadió que otro de los problemas que presentan es la falta de asistencia médica y los traslados a hospitales. Explicó que a pesar de que los familiares junto con los abogados consiguen las ordenes de traslado a los hospitales, no se cumplen. También en los tribunales conseguir una orden de traslado al médico o una medida humanitaria es muy cuesta arriba, hubo uno que tenía tuberculosis y luego de tanto esperar por la medida lo sacaron a morir a su casa. “Aquí tuvimos una epidemia de gripe y fueron nuestros familiares los que nos tuvieron que traer remedios.
Aseguró que son muchas las penurias que pasan los presos y lamentablemente no tienen dónde acudir, para hacer valer sus derechos. “Aquí hay decisiones arbitrarias que uno las tiene que cumplir, porque al final te suspenden las visitas o te castigan”.
Los familiares y los privados de libertad esperan que las medidas dictadas por el Gobierno nacional sean efectivas y que con la sustitución de la ministra de Servicios Penitenciarios en el país, el nuevo titular pueda hacer frente a sus demandas y comenzar con la celeridad procesal, para evitar situaciones como las que se vivieron en días pasados.
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