
La falta de funcionarios y de unidades ha hecho que el recluso enfermo dependa de un tercero para recibir el fármaco antituberculoso.
Jesymar Añez Nava/ UVL Monagas
Maturín.- El hijo de Carlos Zambrano (nombre protegido a petición de la persona) tiene dos meses con tuberculosis; recibe tratamiento porque su familia se encarga de llevárselo de lunes a viernes. El joven cumple una condena de siete años de prisión en el centro de detención preventivo de la Policía del estado Monagas, ubicado en Maturín, al nororiente de Venezuela.
Le diagnosticaron la enfermedad por insistencia del recluso. Primero comenzó con una tos seca, después con pesadez en el pecho, seguido de dolor en los pulmones. Estaba débil y bajó considerablemente de peso. “Si lo hubieses visto antes. ¡Mi hijo estaba gordito!”, expresa -con preocupación- su padre, un hombre de 70 años.
Carlos notó que esa insistencia de su muchacho estaba cargada de suplicio. Entonces, decidió hacer la gestión con su abogado para que le permitien llevarlo a consulta médica. Cuando la boleta salió, lo llevaron a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para una evaluación. Allí lo examinaron y le tomaron muestras.
Al cabo de unos días, les entregaron los resultados: positivo para tuberculosis. En cinco años de prisión, es la primera vez que su hijo se enferma de esta manera. Carlos está seguro de que las condiciones de habitabilidad son las culpables de la enfermedad de su muchacho.
“Eso allá adentro no es bonito, mija. Eso no es como estar en tu casa. Ellos se bañan, pero las áreas donde están no es que sean las más limpias de todas a pesar de que los presos intentan tenerlas asesadas”, menciona el hombre mientras esperaba pasar el tratamiento y la comida del día.
Son siete pastillas que debe tomarse de lunes a viernes hasta completar seis meses de medicación para curarse. Su hermana es quien retira los blisters en el servicio de Neumonología del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Allí le entregan el tratamiento de una semana y ella, a diario, le deja el tratamiento en la Policía.
Suele encontrarse con su papá en la entrada de Polimonagas para que sea él quien pase hasta el área de los custodios para dejar la medicina, que antes es revisada por los funcionarios en la puerta principal del comando. Si no tiene una orden médica, el proceso demora porque el policía duda de que el recluso esté enfermo.
“Es un esfuerzo de todos. Todos luchamos por garantizarle la vida a mi hijo”, manifiesta. Carlos explica que ese esfuerzo incluye sacar dinero para pagar los traslados hasta el hospital. La vez que lo llevaron a hacerse los exámenes en el Senamecf tuvieron que pagar el servicio a un taxista porque en Polimonagas no había patrullas. Ese día pagó 15.000 bolívares soberanos a un chofer. El conductor hizo este recorrido: buscó a Carlos en su casa, ubicada en el municipio Punceres, a 40 minutos de Maturín; llegaron a la Policía, esperaron que saliera su hijo junto a los custodios, llegaron al Senamecf y después hicieron el recorrido a la inversa.
Cada vez que su hijo necesita atención médica hace lo mismo. Solo que algunos conductores se apiada de él y le cobran 10.000 bolívares soberanos, ¿De dónde sale el dinero? De trabajar la tierra y vender algunas cosas. Carlos Zambrano está claro que debe hacerlo para garantizarle la salud a su hijo. Lo más reciente que hicieron fue solicitar una medida humanitaria por salud. “Ya él tiene más de la mitad de la condena cumplida y pueden otorgársela”, dice.
El detenido está pagando condena en Polimonagas porque nunca llegó la orden de traslado al Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como cárcel de La Pica. Está en un área que Carlos llama la puerta blanca, que es donde están los evangélicos.
No hay asistencia médica
Los familiares de reclusos aseguran que en el área de los evangélicos deben haber como siete hombres con tuberculosis y el doble en la zona conocida en Maturín como “El Rastrillo”. La asistencia médica es nula.
Afirman que la constancia del familiar es clave cuando un recluso está enfermo o cuando debe presentarse en el Circuito Judicial Penal, que antes estaba ubicado en la calle Monagas (zona centro) y ahora está en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, en la zona norte de Maturín. Polimonagas está situada en el oeste.
Si un privado de libertad se enferma, pasa las de Caín. La única forma de que sea trasladado a un hospital es porque lo encuentran en estado crítico y los mismos compañeros comienzan a exigir el traslado.
El hijo de Carlos no fue llevado al hospital cuando lo pidió. La familia se ha encargado de todo, como lo ha dicho su padre. El hombre recuerda que hace dos meses dejaron en libertad a un recluso porque estaba grave. “El muchacho era de Morichal Largo (zona sur de Maturín) y no se qué habrá pasado con él. Ojalá no se haya muerto, como si pasó con otro hace dos meses también”, menciona. Los casos a los que hace referencia Zambrano también correspondían a tuberculosis.
La novia de un detenido, quien pidió no ser identificada por temor a represalias hacia el recluso, denunció que el preso no tiene garantizado el derecho a la salud. Afirma que cuando alguno tiene un dolor no recibe ayuda y ni siquiera le dan alguna pastilla. “Allí dejan morir a la gente”, manifiesta.
En los calabozos de la Policía del estado Monagas no hay enfermeras y tampoco médicos, así que no hay manera de hacer diagnósticos oportunos. Las jornadas médicas asistenciales se realizan esporádicamente. El personal del servicio de Neumonología acude una vez al año para hacer las pruebas de tuberculosis.
La última que hicieron fue el pasado 9 de octubre de 2018. Allí recogieron nueve muestras y solo una dio positiva, pero no es el caso del hijo de Carlos. En el hospital explicaron que solo se les tomó muestra a los pacientes sintomáticos: aquellos con esputo y con claras señales de tener una infección respiratoria.
El procedimiento se realizó, también, en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada a una cuadra de la sede de Polimonagas. En el Cicpc ningún detenidos dio positivo. La jornada fue llevada hasta la cárcel de La Pica el 13 de noviembre. No han podido ingresar en los calabozos de la Policía municipal de Maturín.
Las limitantes
El personal de Neumonología quiere hacer más. La falta de unidades y de personal se lo impide. Los carros que usan para llegar a los centros de detención preventivos son propios y no hay quien les pague viáticos por cada jornada.
En 2017 tomaron muestras a 23 privados de libertad y solo tres dieron positivos. Ya todos salieron de Polimonagas. De esos, solo uno sigue buscando el tratamiento. El servicio no tiene conocimiento sobre decesos por tuberculosis en algún calabozo del estado.
Las estimaciones del servicio de Neumonología apuntan a que por cada recluso enfermo pueden haber cinco más. Entonces, según esta estimación, en Polimonagas habrían 12 privados de libertad con esta enfermedad: cinco acompañando al hijo de Carlos y otros cinco junto al preso diagnosticado el 9 de octubre de este 2018.
Para el 12 de octubre, ese privado de libertad no había recibido tratamiento porque desde Polimonagas no habían ido a buscarlo a pesar de que las autoridades se comprometieron con retirarlos en el caso de que alguno resultara positivo.
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