Por Angélica Lugo
El Pitazo
Tres teléfonos celulares no paran de sonar. Una llamada tras otra denuncia detenciones arbitrarias, desapariciones de personas que estaban en manifestaciones y aislamientos de presos políticos. Son las 11:35 de la mañana del 27 de abril. La persona de la ONG Foro Penal Venezolano encargada de atender estas llamadas hace una pausa con quien le habla, a través del número 0414 269 42 87, para contestar la llamada que entraba en otro teléfono. En esa fracción de segundos la mujer comenta apresurada a uno de los miembros de la organización que desde el 4 de abril hasta el corte que hicieron el 26 de abril a las 4 de la tarde, tenían registradas 1.584 detenciones de personas apresadas por pensar diferente del poder.
“Este centro de denuncias funciona en Caracas, pero recibimos reportes de distintos estados del país. Anoche (el 26 de abril) en 45 minutos se recibieron 18 llamadas del estado Lara, más las que no se pudieron atender porque estábamos procesando distintos casos”, explicó una de las personas encargadas del centro de denuncias de Foro Penal, instancia que recibe llamadas las 24 horas del día.
Poco después del mediodía del jueves 26 de abril, los voceros de Foro Penal, los abogados Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, dieron una rueda de prensa en la que precisaron que de las 1.584 personas detenidas durante protestas, 714 permanecen detenidas en distintas sedes de los cuerpos de seguridad. En la rueda de prensa los representantes de la ONG explicaron que a 234 personas se les ordenó el requisito bajo fianza para obtener su libertad, lo que genera un retardo para la excarcelación, pues hasta que la familia no consigne fiadores y el juez no admita el resto de las condiciones, las personas deben continuar en prisión.
Tortura y aislamiento
Gerardo Carrero fue uno de los 245 jóvenes detenidos la madrugada del 8 de mayo de 2014 en el campamento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que estaba instalado en la avenida Francisco de Miranda en Caracas. El ex preso político que estuvo tras las rejas dos años y siete meses en las sedes del Sebin, ubicadas en plaza Venezuela y el Helicoide, califica su detención como una embestida militar que fue encabezada por el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, y por el general de brigada de la Guardia Nacional Manuel Quevedo.
“Rodríguez Torres y Quevedo, quienes me pusieron las esposas, son los responsables de la fabricación de expedientes y de los asesinatos de 40 personas durante protestas realizadas en febrero de 2014. Me tuvieron aislado 72 horas sin comida y en la sede del Core 5. Allí me sometieron a tratos crueles e inhumanos, al igual que a varios de mis compañeros; mientras que a las chicas que fueron detenidas no les permitieron el aseo. Pero nos mantuvimos firmes, cantando el himno nacional en un espacio que no tenía ventilación y en el que nos llegaron a lanzar gases lacrimógenos”, relató Carrero.
El ex prisionero político, que salió en libertad el 30 de diciembre de 2016, refirió que su libertad es utópica, pues debe ir cada 15 días a tribunales para audiencias y presentación por los delitos que le imputaron: porte ilícito de armas, desobediencia a las leyes, agavillamiento, instigación para delinquir y tráfico de droga en menor cuantía, pese a que la prueba toxicológica de cocaína y de marihuana salió negativa. Para Carrero es inadmisible que, pese a que le imputaron los mismos delitos que a varios de sus compañeros, unos han salido de la cárcel antes; no todos salen al mismo tiempo: “El sistema de justicia no tiene la capacidad operativa para presentar a todos los ciudadanos que disentimos del régimen”.
Cuatro meses después de su liberación, Carrero recuerda cronológicamente sus condiciones de reclusión en El Sebin. Denunció que en esta sede de inteligencia fue sometido a tortura psicológica: “Primero me tuvieron en una celda que llaman preventiva 1 y que mide 5 x 4 metros. Tenía que hacer las necesidades en un pote de agua de 5 litros. No sabíamos cuándo era de día o de noche y nos daban escasos alimentos en una taza plástica. Estuve 30 días sin visitas. Dormía en una colchoneta improvisada de goma espuma sucia, lo que me ocasionó sarna, ronchas y hongos en los pulmones”.
Luego, el también fundador del Movimiento Estudiantil 7-11 del estado Táchira fue trasladado a otra celda donde, asegura, fue sometido a tortura física: “Me esposaban en un tubo y me dieron golpes con una tabla. Yo cantaba el himno nacional. Unos funcionarios de la línea media no se prestaron para la tortura y me daban gatorade y pedialyte. Algunos lloraban; no todos son malos, no todos torturan. Siempre lo he dicho y lo decía cuando estuve preso: no respondemos a ningún líder ni partido político. Respondemos a la disidencia”.
En la Tumba
Después de no firmar un papel que le llevó un funcionario del Sebin, Carrero fue trasladado a la celda conocida como “la Tumba”, ubicada en la policía política de plaza Venezuela: “Recuerdo que altos funcionarios, que me hablaban de Dios y tenían pistola en mano, me pidieron que firmara un papel en el que decía que yo me había golpeado buscando una medida. No acepté y un funcionario me dijo que Diosdado había dicho que en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, había una celda para mí. Fue entonces cuando me llevaron a la Tumba, una celda que está cuatro pisos bajo tierra”.
Carrero contó que las paredes de la Tumba son blancas. En ese lugar una luz artificial está prendida las 24 horas del día, hay cámaras de seguridad, micrófonos y la ventilación artificial es muy fría. “Allí nos obligaban a ponernos un uniforme verde oliva que, por el material y por el frío de la celda, me quemaba la piel. Era desesperante. Tenía que meditar e imaginar situaciones para no aburrirme. La única referencia que tenía del día era cuando escuchaba el metro, pues pasaba justamente por encima”.
El dirigente estudiantil confesó que en una oportunidad intentó suicidarse. “La tortura psicológica allí era muy fuerte. Solo me permitían cinco minutos al día para asearme e ir al baño en compañía de un funcionario. Recuerdo que uno de ellos me preguntaba cuándo me iba a suicidar; luego, él estuvo preso en el Sebin por extorsión. En plaza Venezuela viví cómo se suicidó el aviador Rodolfo González. Allí entendí que el suicidarse no se trata de valor ni de cobardía. Es una necesidad”, dijo.
Aunque está en libertad, Carrero no ha visto el final de esta historia: “Es una amenaza sistemática. Tengo causas abiertas y fuera de mi casa materna siempre hay una camioneta del Sebin estacionada”. Actualmente el ex prisionero político se trata 43 abcesos que le salieron en la piel. Asegura que en prisión perdió un diente y que sus siete meses de reclusión en “la Tumba” le ocasionaron problemas en la vista.
El video que le costó la libertad a Braulio Jatar
Hablar o concertar una cita con un familiar de un preso político no es fácil. Por lo general, las esposas e hijos de estos prisioneros son vigilados por funcionarios del Estado en las adyacencias de sus hogares y en las actividades diarias. Además, deben visitar tribunales, comprar y prepararles alimentos a sus parientes y rogar para que les permitan visitarlos en los centros de reclusión donde se encuentren. El caso de Silvia Martínez, esposa de Braulio Jatar, el periodista, locutor y director de Reporte Confidencial que fue apresado por difundir un video que muestra cómo los vecinos de la urbanización Villa Rosa, en Nueva Esparta, cacerolearon a Nicolás Maduro, no es la excepción.
El 3 de septiembre, cuando Braulio Jatar no llegó a las 9 de la mañana a su programa sabatino de radio, las alarmas se prendieron en su hogar, pues, por lo general, llegaba a la estación de radio en cinco minutos. Ese día en el trayecto a su trabajo fue interceptado por encapuchados que se montaron en su carro y se lo llevaron. Sus familiares no supieron de él hasta las 8 de la noche, cuando la casa fue allanada por efectivos de la policía política. En el procedimiento, uno de los funcionarios dijo de manera extraoficial que lo tenían en el Sebin.
Viernes 28 de abril. 9:15 de la mañana. Silvia Martínez se prepara para marchar desde la avenida Francisco Esteban Gómez de Nueva Esparta hasta la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida 4 de Mayo. La mujer, en medio de la bulla de manifestantes que se movilizan por los presos políticos, se organiza para culminar una entrevista telefónica con El Pitazo que durante semana y media ha tenido que interrumpir en varias oportunidades por sus obligaciones. Aun así, en menos de cinco minutos debe colgar. También la llaman de dos estaciones radiales que quieren entrevistarla en vivo.
“Hoy marchamos por los presos políticos detenidos injustamente. También vamos a mostrar pruebas que obligan al Ministerio Público a dejar libre a mi esposo, pues en las actas policiales que fueron fabricadas aparecen dos testigos que no conocen a Braulio ni estuvieron en Nueva Esparta. Tenemos pruebas, incluso un video, en el que el segundo testigo asegura que no viene a la isla desde el año 1989”, manifestó la esposa del periodista, abogado y locutor. Al referirse a la manifestación agregó: “Con este acto queremos denunciar cómo se ha deteriorado la salud de mi esposo, quien ya ha bajado 22 kilos de peso, tiene cardiopatía hipertensiva severa que le ha ocasionado daños en el riñón y en el corazón y además ha tenido el síndrome postraumático”.
En menos de ocho meses Braulio Jatar ha tenido que cumplir con las normas del Nuevo Régimen Penitenciario que aplica la ministra Varela en algunas cárceles: le raparon el cabello, vistió el uniforme amarillo y ha tenido restricciones en la visita; además, en su caso, no le han permitido el ingreso de libros. Ha estado preso en el Sebin de Nueva Esparta; en la cárcel 26 de Julio, en San Juan de Los Morros; en el Internado Judicial de Cumaná; en el Internado Judicial de San Antonio, en Nueva Esparta; y actualmente es custodiado por funcionarios del Estado en una clínica privada de la isla de Margarita debido al deterioro de su salud. Tres médicos forenses han solicitado una medida humanitaria para este comunicador social que fue imputado por el Ministerio Público por legitimación de capitales.
En estos casi ocho meses de prisión, Jatar ha coincidido con otros presos políticos, como Raúl Emilio Baduel, hijo del General Baduel. Pero como todo prisionero político, ha sido aislado de estos presos y del resto de la población penitenciaria, que generalmente respeta a los prisioneros políticos y solicita hablar con ellos. La peor etapa que hasta los momentos ha pasado el locutor fueron los 56 días que estuvo aislado en una celda de castigo en el Internado Judicial de Cumaná. Ese espacio que no recibe ningún tipo de ventilación ni luz del día es conocido como “Tigrito” y es el que utilizan en la cárcel para las visitas conyugales por lapsos de 45 minutos. Sin embargo, por casi dos meses ese fue el lugar de reclusión del director de Reporte Confidencial.
Yajaira Forero: “Cambiaron a los comisarios por petróleo barato”
El 3 de diciembre de 2004 comenzó la agonía en la familia Forero cuando se confirmó que Lázaro Forero, comisario de la extinta Policía Metropolitana, junto a los comisarios Iván Simonovis y Henry Vivas, fue trasladado a la sede del Cicpc en Parque Carabobo (Caracas). La esposa del policía y diputada a la Asamblea Nacional, Yajaira Forero, relató que ante las amenazas de muerte que habían recibido, su esposo fue a la embajada de El Salvador a pedir asilo político.
“Ellos se quedaron en la embajada y me fui preocupada a la casa. La hija del comisario Vivas se arrodilló para pedirle al representante de El Salvador que no entregara a su padre. Recuerdo que el entonces vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, amenazó al gobierno de El Salvador con no dar petróleo barato. Cuando desperté recibí una llamada de mi esposo, quien me dijo que me activara porque había movimiento y creía que los iban a entregar. Y así fue. Cambiaron a los comisarios por petróleo barato. De hecho, así titularon algunos medios”, contó Yajaira Forero.
De igual modo, Forero explicó que incluso antes de la entrega de su esposo habían sido víctimas de tortura psicológica: “Hicieron pintas en las paredes que decían: Vivas y Forero, asesinos Tupamaros. Nos llamaban con amenazas de muerte luego del asesinato del fiscal Danilo Anderson, y aunque cuando mi esposo estuvo preso en el Cicpc y luego en el Sebin no lo maltrataron, le practicaron mucha tortura psicológica. Cuando lo trasladaban para el juicio, desde Caracas hasta Maracay, era muy incómodo porque llevaban a Lázaro esposado junto a presos comunes, que lo agredían verbalmente porque lo reconocían como policía”.
A Yajaira Forero no se le olvida una escena en la embajada de El Salvador que involucra a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz: “Recuerdo muy bien su cara. Tuve que encararla para decirle que viera muy bien a mi esposo y a los otros dos comisarios, que estaban sanos y no habían sido golpeados. Ella me dijo que no me preocupara, que no serían torturados”.
Desde 2004 hasta 2011 el comisario Lázaro Forero estuvo preso en el Cicpc de Parque Carabobo y en el Sebin de El Helicoide (Caracas). Fue allí donde se deterioró su salud, porque pasó cuatro años sin que lo viera un médico. Su esposa contó que luego de un examen médico y de uno de sangre, él le pidió que se los llevara a un urólogo, pues podía tener prostatitis o cáncer de próstata: “Se me prendieron las alarmas —comenta Yajaira Forero. En ese proceso duramos un año. El médico me dijo que tenía cáncer. Pasaron siete meses para que le realizaran una biopsia y le detectaran cáncer de malignidad 8. En esa época le descubrieron el cáncer a Chávez, y en una de las emisiones del programa Aló Presidente, él mismo dijo a las 10 de la mañana que revisaran los casos de los presos que estaban enfermos. Ya en la tarde estaban revisando a mi esposo en el Sebin para darle la medida humanitaria”.
La medida humanitaria otorgada a Forero en julio de 2011 tiene varias condiciones: No puede trabajar, mudarse, salir del país ni dar declaraciones a los medios. “Mi esposo tiene que hacerse un informe médico cada dos meses, pues su condena es de 30 años, y si llega a estar bien, tiene que volver a la cárcel. El cáncer le ha recurrido en tres oportunidades y le han hecho 42 terapias para ayudarlo. Esta semana fuimos al médico y le mandaron a realizar varios exámenes”.
En prisión con criminales por pensar distinto
Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, una de las ONG que defiende los derechos humanos de los reclusos en Venezuela, considera que hay una sola diferencia entre un preso político y un preso común: “Mientras que el preso común está en una cárcel por cometer delitos, un prisionero político está preso por pensar diferente. Son presos de conciencia y eso, lamentablemente, muestra la cantidad de violaciones de derechos humanos y de irregularidades en contra de estas personas”.
Nieto Palma dijo que aunque ningún gobierno reconozca que tiene presos políticos, el de Venezuela aplica el mismo modus operandi que utiliza el cubano para aislar y torturar a sus prisioneros políticos. “El Gobierno venezolano no ha mencionado, como todos los regímenes totalitarios, la palabra “presos políticos” y se refiere a ellos como terroristas. Por eso la gente se horroriza cuando a un preso político le asignan como centro de reclusión una cárcel. Pero ¿a qué otro lugar pueden ir si no hay cárceles en Venezuela ni espacios diseñados para presos políticos?”, precisó el abogado. En realidad —indicó Nieto Palma—, esto sucede porque el Gobierno no quiere admitir que tiene presos políticos.
Basado en los estudios que ha realizado la ONG que representa, Nieto Palma aseguró que los líderes o pranes de algunos centros penitenciarios, como Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo, han respetado a los presos políticos: “También hemos tenido conocimiento de que en 2014, después de las protestas de febrero, los pranes de la Comunidad Penitenciaria de Coro velaron por el resguardo y por el respeto de los presos políticos que fueron trasladados a esa cárcel. Estos líderes saben que no son delincuentes”.
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