La situación económica dificulta que algunos familiares les lleven comida a los parientes que tienen detrás de los barrotes; en muchos casos los presos ni siquiera tienen un allegado cerca. La situación se complica tomando en cuenta que en ningún CDP hay comedor
Rosanna Battistelli, UVL/ Valles del Tuy
Cuatro veces a la semana, Cándida se dirige a la sede de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas, en los Valles del Tuy, estado Miranda, a visitar a su hijo. Apenas despunta el sol, camina al menos un kilómetro para llegar a la paradaadyacente al sector Gran Mariscal Sucre, en la parroquia Las Brisas, donde aborda una camioneta de pasajeros o espera que algún vecino le ofrezca la cola para ahorrarse ese dinero.
Esos cuatro días a Cándida se le ve con una vianda que ya perdió el color. Allí le lleva comida a su muchacho, quien tiene año y medio preso por asalto a transporte público. A sus 57 años, Cándida dice estar cansada del trajín, pero de su sacrificio depende que su hijo se alimente.
“En casa conseguir el dinero está rudo. Mi esposo se fue a Colombia porque aquí no tenía trabajo, pero desde hace un año, cuando comenzó la pandemia, es poco lo que puede enviarnos mensualmente. Ahorita no estoy trabajando y prácticamente mi sustento son la bolsa Clap y los bonos”, confesó.
Esas limitaciones económicas, aunado a la falta de efectivo para pagar transporte, les impiden a Cándida ir todos los días al centro policial donde está recluido su hijo, de 27 años de edad. “A veces no tengo que llevarle, lo que más le preparo es arroz, porque en la caja me vienen, por lo general, seis kilos, pero carne o pollo casi nunca le llevo. En oportunidades le agrego una tortilla o sardina”, señaló.
Cándida destaca que su hijo ha perdido peso desde que está tras las rejas y asegura que parte de los 108 privados de libertad que se encuentran recluidos en el CDP de Poli-Charallave también están carentes de nutrientes.
Esta realidad no dista de lo que ocurre en los otros once Centros de Detención Preventiva que monitorea Una Ventana a la Libertad (UVL) en los Valles del Tuy, estado Miranda, una subregión conformada por seis municipios, ubicados en el centro norte de Venezuela, a 45 minutos de la ciudad de Caracas.
En total estos calabozos policiales suman al menos 671 detenidos: 584 hombres y 71 mujeres, en espacios cuya capacidad de albergue es para aproximadamente 385 personas, es decir, que en todos hay hacinamiento.
De estos 671 privados de libertad, al menos 16% está bajo de peso. Sus cuerpos hablan por sí solos; lucen delgados y en algunos los huesos son visibles. Sus rostros también reflejan el hambre que pasan detrás de los barrotes y el color de su piel denota palidez.
Al igual que Cándida, María Milano tiene un familiar detenido en los calabozos de la Policía Municipal de Independencia en Santa Teresa. Se trata de su primo. La alimentación de este joven, de 26 años de edad, es cuesta arriba, pues sus padres viven en la parroquia La Vega de Caracas y se les hace difícil ir constantemente a los Valles del Tuy.
“Yo vengo una o dos veces cada quince días. Resido en la parroquia Cartanal y viajar hasta La Tortuga -sector de la parroquia Santa Teresa donde está ubicado el CDP- implica mucho gasto y tiempo”, señaló Milano, quien añadió que sus tíos visitan al joven al menos una vez al mes.
Casos como el del primo de Milano abundan en los CDP de Valles del Tuy. Hay algunos privados de libertad que no tienen quién les lleve comida. La situación se torna complicada, partiendo de que la alimentación de estos presos corre por cuenta de sus familiares, pues en ninguno de estos centros de reclusión hay comedor; tampoco servicio médico.
En medio de este riesgoso contexto surge la solidaridad entre quienes han quebrantado las leyes. “Mi primo me dice que algunos de sus compañeros comparten la comida con él. No es mucho, pero por lo menos para engañar al golpeado estómago sirve”, confiesa María Milano.
Enfermos en prisión
Para los presos que padecen enfermedades coronarias, hipertensión, VIH o diabetes, el panorama no es nada alentador, ya que no hay garantía de que puedan recibir una comida con las exigencias dietéticas que requieren sus cuadros clínicos.
En los CDP de los Valles del Tuy hay 1 caso de un privado de libertad con VIH, en la Policía Municipal de Urdaneta. Se detectó en una jornada de salud organizada por UVL junto a la organización Once Trece, en 2020. Este ciudadano continúa privado de libertad, sin recibir tratamiento, debido a que no acepta que tiene la enfermedad y está renuente a tratarse.
El cumplimiento de los tratamientos médicos de los privados de libertad con otras enfermedades igualmente es incierto. A veces sus parientes no tienen dinero para comprarles los medicamentos y el Estado tampoco se los proporciona. En 2020, dos presos murieron a causa de infartos en el CDP del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy, y otro con tuberculosis. Este último estaba recluido en el CDP de la Policía Municipal de Paz Castillo, fue trasladado a un hospital y a los cuatro días murió.
A esta lista se suma la muerte de un exprivado de libertad por desnutrición y problemas respiratorios, a pocos días de haber salido de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación Santa Teresa, tras una medida del Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Miranda. Cuando salió de la cárcel, tras una larga lucha de sus allegados, su estado de salud era grave.
Población vulnerable
La falta de alimentos y de una dieta acorde a sus necesidades deja al descubierto la vulnerabilidad de estos privados en libertad, quienes, en teoría, solo deben permanecer 48 horas en estos espacios donde reina el hacinamiento y un ambiente insalubre, sin embargo, en la práctica, tardan años debido al retardo procesal.
El panorama debe llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para que se adopten medidas que permitan garantizar la alimentación de quienes tardan recluidos en estas áreas más tiempo del establecido.
Igualmente, es necesario que el Estado garantice los medicamentos de quienes presentan quebrantos de salud y se realicen operativos médicos periódicos que permitan un diagnóstico precoz para un mejor tratamiento de la enfermedad.
Foto: Rosanna Battistelli
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