Denuncian que detenidos en protestas en Mérida son trasladados a CDP de la policía del estado Representantes de VP de dos dirigentes quienes están en la sede policial.
Elvis Rivas, UVAL Mérida
Denuncian que detenidos en protestas son llevados a CDP de la policía del estado
Aseguran que recluirlos junto al resto de los presos en condición de hacinamiento viola sus derechos humanos
Las puertas del retén de la policía del estado Mérida, representantes del partido político Voluntad Popular denunciaron la detención en esas instalaciones de dos personas, un estudiante de la Universidad de Los Andes y un trabajador de la alcaldía del municipio Libertador, quienes dijeron, fueron detenidos durante las protestas generadas por el apagón que afectó esta entidad andina durante más de 120 horas.
“Sabemos las condiciones en las que se encuentran los retenes policiales no solo en Mérida sino en el país, hay hacinamiento, alrededor de 247 presos están en esos esos espacios con capacidad para máximo 50 que pueden estar allí”, señaló Francisco Segovia quien explicó que llevan a cabo las gestiones necesarias para la liberación de los dos jóvenes.
Francisco Segovia: “la protesta es un derecho y no está tipificada como un delito”.
Les preocupa la condición en la que se encuentran. “Imagínense a ellos que están allí en esas mazmorras, hay una violación evidente de los derechos humanos”. Además manifestó que alrededor de 30 personas fueron llevadas a la sede de la Guardia Nacional Bolivariana, “y aquí en la policía hay alrededor de 10 o 12 personas de estas últimas protestas, sin saber cuántos han presentado y cuantos no, porque se les están imputando los delitos de instigación a delinquir, alteración al orden público y hay unos casos especiales en los cuales la policía del estado se prestó para sembrar a unas personas detenidas, en las cual se les imputa robo agravado con porte ilícito de arma de fuego en la cual no hay constancia de ninguna de ellas”, señaló.
Exigieron la liberación de los detenidos dado que la protesta es un derecho establecido en la Constitución Nacional y no está tipificada como un delito en las leyes venezolanas.
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