San Cristóbal.- En diciembre del año pasado, cuando se registró el motín más largo en la historia del Cuartel de Prisiones de la Policía del Táchira (Politáchira), los vecinos del centro de detención preventiva se alarmaron porque sujetos desconocidos, a bordo de una motocicleta, arrojaron una bomba lacrimógena hacia la sede de este cuerpo policial. Dado el conflicto que sucedía, las personas estaban preocupadas temiendo que se repitiera este tipo de eventos, sin embargo, no volvió a suceder.
En la misma zona donde está ubicada Politáchira funciona un preescolar que atiende a los hijos de quienes trabajan en la sede policial. Al momento que sucedió este conflicto interno, los niños estaban en periodo vacacional. De hecho, una vez que concluyó el motín, un grupo de detenidos estuvo por un tiempo en ese centro de educación inicia, mientras se hacían refacciones a la infraestructura de Politáchira.
Por un mes, la colectividad se mantuvo atenta al secuestro de un grupo de personas, donde había no solo privados de libertad, sino también policías y mujeres que realizaban la respectiva visita a sus familiares. Al no haber pronunciamiento oficial, familiares de todos los involucrados se apostaban en las afueras de la policía ubicada en el populoso sector de La Concordia en la capital del Táchira.
“En la zona siempre había mucha tensión porque la gente lloraba y a medida que trascendían las informaciones que había muertos y hasta actos de canibalismo, la gente hacía como una especie de guardia en la calle para tener noticia de su afectos. Los familiares de los detenidos amenazaron, también, con una huelga de hambre; con encadenarse en la casa materna de la ministra Iris Varela y hasta fueron a la Defensoría del Pueblo”, explicó la periodista Lorena Bornacelly quien le dio cobertura a ese caso.
Pese a esto, la cotidianidad de los vecinos no fue afectada y, por el contrario, algunas personas se beneficiaron -en buena lid- del conflicto porque en los puestos destinados a ventas de comida aumentaron los clientes y, por ende, la oferta. Cigarrillos, café, comida, chucherías, recargas telefónicas y hasta alquiler de sanitarios estaban a la orden de quienes pernoctaban en la acera ubicada al frente de Politáchira.
A medida que trascurrían los días y comenzaron a hacer los primeros traslados de los privados de libertad a otros centros, las salidas se realizaban en horas de la madrugada lo que evitó alguna confrontación con familiares o tensión con posibles cómplices que pudieran aprovechar la situación para liberar a presos.
Otro relato significativo fue lo sucedido hace casi dos años en la sede de Policárdenas. Una noche, un grupo de presos accionó un artefacto explosivo y disparó a policías. Hubo fallecidos, heridos y reos que se evadieron. Aunque la calle se cerró para el paso vehicular, la actividad comercial de la zona laboró normalmente. Inclusive, la venta de alimentos de la red pública Mercal, que está ubicada en la misma acera que Policárdenas, permaneció abierta.
En los centros de detención preventiva del estado Táchira, la comunidad poco se ha visto afectada por alteraciones producto del funcionamiento de estos establecimientos. Influye, por ejemplo, la ubicación de las mismas. Pero cabe destacar que en todos estos lugares hay hacinamiento y esto puede conllevar en cualquier momento a motines o fugas.
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