El abogado litigante Malquides Ocaña y la criminóloga Lorena Carrillo, coinciden en que la suerte de los beneficiados, en la mayoría de los casos, es reincidir como delincuentes porque salen a enfrentarse al mismo entorno que los llevó a delinquir, sin trabajo y sin ningún apoyo oficial
Marieva Fermín / UVL Barinas
Barinas. Oswaldo tiene 35 años que recién cumplió a finales de agosto. Melania, su esposa, tiene 37, ella es licenciada en educación y en los últimos 36 meses, hizo hasta de aseadora en un centro comercial porque su marido y padre de sus cuatro hijos de 16, 14, 12 y 6 años, cayó preso acusado de robo.
Con la misma facilidad que quedó preso, en noviembre del 2018, este 31 de agosto recobró su libertad bajo el régimen de confianza tutelado que le otorgó la Comisión de la Revolución Judicial en Barinas, capital del estado llanero homónimo.
El relato lo hace Melania (nombre cambiado, al igual que el de su marido a petición de ella), a quien la felicidad no le cabe en el pecho por ver a su pareja de nuevo libre, aunque tuvo que declararse culpable para que la juez, asombrada por el retardo procesal de ese caso, lo dejase libre al mediodía de ese martes, último día de agosto.
Oswaldo, quien antes de caer detenido laboraba en una mina de oro en el estado Bolívar, tuvo una defensora púbica, “no teníamos dinero para pagarle a un abogado privado”, reconoce su esposa, quien se enteró que a su marido lo habían trasladado hasta el Circuito Judicial Penal la misma mañana que recobró su libertad por una llamada telefónica que le hizo la defensa pública que le asignó el Estado venezolano.
Desde que fue detenido, en noviembre de 2018, el centro de reclusión de Oswaldo fue uno de los calabozos del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la Guardia Nacional en Barinas. Eran alrededor de 80 personas en un área de aproximadamente 35 metros cuadrados, explica Melania. “Estuvo tres meses durmiendo en el piso, pelado. En ese tiempo se enfermó de paludismo y tuve que apelar a los Derechos Fundamentales del Ministerio Público para que lo pudiera ver un médico y me dejaran pasarle una colchoneta”, dice.
No es una situación fácil, reconoce esta educadora que durante casi tres años tuvo que ingeniárselas, sola, para mantener a sus cuatro hijos, dos hembras y dos varones. Su trabajo como aseadora en un centro comercial le duró hasta que llegó la pandemia, en marzo del 2020. Por tener que caminar alrededor de 15 kilómetros a pie, entre ida y vuelta desde el centro comercial hasta su hogar, en Ciudad Tavacare, le quedó una lesión en el nervio ciático que le produce intensos dolores.
Melania se dedicó a buscar las maneras de sacar a su marido de la prisión. En principio, dijo, el fiscal al que le asignaron la causa le pidió 300 dólares para agilizar el caso y sacarlo rápido. Como no hubo respuesta, porque tampoco había esa cantidad de dinero, su marido, después de la audiencia de presentación, muchos meses después de su aprehensión, nunca más fue trasladado hasta el Circuito Judicial, hasta el pasado 31 de agosto, cuando recobró su libertad.
Oswaldo, quien se defendía como barbero dentro del calabozo del Desur, ya está en la calle. Tiene trabajo, pero no porque esté en algún programa de reinserción a la sociedad. Sus amigos, sus vecinos del sector B de Ciudad Tavacare, también están contentos porque logró recobrar su libertad. En el calabozo quedó un televisor y un ventilador que el nuevo jefe del comando no quiso devolverle cuando lo fue a buscar junto con sus documentos. La última extorsión que pagaron fue para que le entregaran su boleta de excarcelación en el Circuito Judicial.
Proclives a reincidir
Uno de los principales obstáculos para quienes reciben su libertad es el nulo apoyo post penitenciario, lo que les hace proclive a reincidir. Lo dice Lorena Carrillo, criminóloga y extrabajadora del Ministerio para el Servicio Penitenciario en los equipos de evaluación, para quien hay que definir, desde lo institucional, qué políticas tiene el Ministerio en cada estado para poder reinsertar laboralmente a las personas y, segundo, todas las condiciones sociales que ameritarían un seguimiento con un trabajador social, seguimiento psicológico al adicional que sí se efectúa por los delegados de prueba, que es el seguimiento legal.
Ese no es el caso de Oswaldo, pero es necesario que el beneficiado tenga un apoyo económico que a su vez sea un apoyo laboral. También un soporte psicológico, social y una supervisión, recalca.
Hay que hacer un abordaje familiar, porque si no se evidencia que la familia es una contención fuerte para el individuo, este no va a poder contar con tantos elementos a su favor. Carrillo cree que debería haber un apoyo que incluya al individuo en lo psicológico junto con su núcleo familiar. Atacar todos los elementos que puedan ser negativos como consumo de sustancias, ansiedad, depresión u otras conductas inadecuadas que el individuo ha tenido a partir de su formación.
La criminóloga Lorena Carrillo, la libertad no es la solución bajo los criterios que existen porque eso no genera una reinserción del individuo. Foto: UVL
Para la criminóloga, es muy necesario un apoyo post penitenciario. Una vez que la persona sale del centro, sale sin herramientas, muchas veces no es una persona asertiva porque la falta de asertividad fue lo que la llevó a tener una conducta inadecuada, entonces, sales sin tener esas herramientas individuales, sin tener suficiente apoyo, por eso es necesario que la persona tenga de su parte a algún equipo que pueda apoyarlo y eso no está sucediendo.
La libertad no es la solución bajo los criterios que existen porque eso no genera una reinserción del individuo. Este es un problema que hay que prevenirlo y no se ataca porque, básicamente, un centro penitenciario está conteniendo el problema, pero no lo está subsanando, entonces, la persona sale de ahí y si no logró hacer un cambio de conducta, va a seguir en la misma pero tratando de perfeccionar las técnicas para que no lo agarren.
No hay una política de prevención en las comunidades. Hay que reforzar la parte educativa, la deportiva, lo social, hay que crear programas de inclusión social para muchachos que están en riesgo, hay que darle soluciones o alternativas para que el joven tenga posibilidades de trabajo aunque no haya querido estudiar, para que tenga ingresos a través de otras modalidades como el arte, explica la profesional.
Lo más riesgoso de la parte post penitenciaria es que no cuentas con apoyo ni contención, dos factores que inciden 50/50. Al no haber apoyo para él, para su familia, su entorno, no va a haber ningún tipo de condiciones y se va a limitar a decir que eso es lo que tiene a su alcance: delinquir, consumir sustancias, participar en alguna asociación delictiva o irse del país.
Sin cifras oficiales
En Barinas no hay cifras oficiales de cuántos ciudadanos fueron beneficiados con el régimen de confianza tutelado promovido a través de la Comisión de la Revolución Judicial conformada por la Asamblea Nacional electa en el 2020, a petición del presidente Nicolás Maduro, para resolver el problema del hacinamiento y confinamiento en los centros de reclusión preventiva que funcionan en el país; con excepción de personas procesadas por delitos de tráfico de droga (mayor cuantía), homicidio, femicidio, violación, abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, secuestro, sicariato y terrorismo.
Malquides Ocaña, abogado litigante, desconoce el número exacto de los ciudadanos beneficiados y lo atribuye a la opacidad que caracteriza a todas las acciones del Poder Judicial. Reconoce que en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), y en la comandancia de la Policía Regional, hubo una dinámica interesante porque desde esos dos centros de reclusión, los primeros días, “unas 200 personas fueron puestas en libertad”, labor que aplaudió como un hecho positivo. Extraoficialmente estiman que unos 600 privados de libertad fueron beneficiados.
Lo que es inaceptable, expresó, es que los centros de reclusión de detenidos aprehendidos en flagrancia, en proceso de investigación, tal como lo establece la Constitución Nacional, el Código Orgánico Procesar penal y demás instrumentos de carácter jurídico, así estén en condición de condenados, merecen estar en sitios donde se les respete la dignidad humana.
Se pregunta qué va a pasar con esta gente que salió siendo objeto de una medida restrictiva de la libertad, porque se supone que esta medida debe ir acompañada para que el Estado venezolano, como rector fundamental de la administración de justicia en el país, debe haber instruido al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a otras instituciones de carácter humanitario, de defensa de los derechos humanos para apoyar acciones destinadas a la reinserción social y laboral de estos ciudadanos a la sociedad para que no vuelvan a caer en acciones delincuenciales y en la práctica del delito.
A su criterio, esos planes no se están haciendo. “Los sacaron a la calle, pero no hay información oficial que eso esté pasando ni elementos estadísticos que indiquen que hay alguna persona trabajando en determinado sitio o que recibe una orientación psicológica, educativa para que se reinserten y luego sean aceptados por la sociedad, que no sean rechazados para que los mismos no sean atrapados nuevamente por la delincuencia y todos estos fenómenos que atentan contra la paz de los ciudadanos, la seguridad y la vida de las personas”, precisó.
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