Gregoria Díaz / UVL Aragua
La propagación del nuevo coronavirus COVID19, ha obligado a los gobiernos de casi todo el mundo, a tomar medidas de confinamiento o cuarentena obligatoria en sus respectivos países. Frente a esta pandemia, la organización Mundial de la Salud, OMS, ha señalado que ¨la provisión de atención médica para las personas en las cárceles y otros lugares de detención es responsabilidad del Estado y que las personas en las cárceles y otros lugares de detención deben disfrutar de los mismos estándares de atención médica que disponible en la comunidad externa, sin discriminación por su condición legal¨.
La OMS también señala que las cárceles y otras autoridades de detención deben garantizar que los derechos humanos de las personas bajo su custodia sean respetados, que las personas no estén aisladas del mundo exterior y, lo más importante, que tengan acceso a la información y a la provisión adecuada de atención médica. Pero estas medidas de prevención no parecen encontrar eco en las cárceles, en donde la ausencia de servicios públicos tan esenciales para la prevención, como el agua, sumado al hacinamiento, representan una dupla perfecta para el contagio colectivo dentro de los recintos penitenciarios.
Por ello, la OMS ha elaborado algunas pautas para frenar el covid19 en las prisiones, que van desde prohibir las visitas no esenciales, tomar la temperatura a oficiales y reclusos, repartir toallas y jabones y, obviamente, mantener la distancia social. Y es que una transmisión generalizada, no solo representa una amenaza infecciosa en las cárceles y otros lugares de detención; sino que el riesgo de un contagio rápido de la enfermedad dentro de los retenes, amplificaría la epidemia y el número de personas afectadas.
De acuerdo a la investigación del Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR) del 2018, se estima que 11 millones de personas en el mundo están tras las rejas, que la mitad de todos los prisioneros se encuentran en cuatro países: Estados Unidos, China, Rusia y Brasil .
China, con 81.900 casos de contagiados por el nuevo coronavirus, anunciaba en febrero más de 500 casos de contagio en sus cárceles, de las cuales dos contaban con al menos 200 detenidos infectados, cada una. En la provincia de Hubei, en el interior del país y epicentro de la epidemia, se contabilizaban 271 contagios en sus cárceles, de los cuales 230 casos fueron registrados en la cárcel de mujeres de Wuhan, capital de la provincia, y 41 casos se dieron en otros establecimiento, según He Ping, director de la administración penitenciaria en el ministerio de Justicia. También se identificaron al menos 34 contagios en la prisión de Shilifeng, en la provincia de Zhejiang.
Un guardia, empleado en la prisión afectada, dio positivo a finales de enero y contagió a muchos prisioneros. Unos 200 detenidos y siete guardias de la prisión de Rencheng, en la provincia de Shandong, fueron contagiados con el virus. «La aplicación de medidas de prevención y de control no fue eficaz», admitió Wu Lei, jefe de la administración penitenciaria en Shandong.
China ocupa el segundo lugar con la mayor población carcelaria del mundo, pues podría alcanzar los 2 millones de internos.
Los Estados Unidos, que ya superó a China con los 100 mil casos oficialmente declarados del nuevo coronavirus, es el país con la mayor población penitenciaria del mundo, con 2.234.563 presos recluidos en cárceles federales, estatales y locales y de los cuales 445.246 son de origen hispano.
En América Latina hay cerca de 1,6 millones de personas privadas de la libertad, de las cuales dos terceras partes están en México (198.000) y Brasil (773.000). Fue en éste último, con la tercera mayor población carcelaria del mundo, donde unos 1.350 presos de varias cárceles de Sao Paulo escaparon el 16 de marzo de 2020, luego que se registraran protestas por las restricciones impuestas por las autoridades, en un intento de contener la propagación del COVID19.
Según el diario La Folha de Sao Paolo, la Policía Militarizada informó que al menos unos 926 reclusos evadidos de Mirandópolis, gozaban de un régimen semiabierto que les permite trabajar de día y les obliga a dormir en la cárcel. La salida prevista para pasar la Pascua con sus familias, así como las visitas, fueron canceladas por las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. Otros 400 reclusos escaparon de la cárcel de Mongaguá y uno 30 de Taubaté. Las autoridades brasileras impusieron además, 14 días de cuarentena a los reclusos recién llegados y el aislamiento de quienes ya mostraban síntomas del coronavirus COVID19.
El mismo día de la fuga, Brasil registraba la primera muerte por coronavirus, precisamente en Sao Paulo. El 18 de marzo, las autoridades admitían la recaptura de unos 586 presos.
Como un efecto dominó, el 21 de marzo, los presos de las cárceles de Bogotá, Jamundí, Cómbita e Ibagué, de Colombia, se plegaron a las protestas por las medidas adoptadas para enfrentar la crisis de la pandemia. Ese sábado en la noche se registraron motines, incendios, enfrentamientos y hasta balaceras. Se estima que en Colombia, hay 123.434 reclusos, (hombres y mujeres).
En los videos que circularon en las redes sociales, enviados por los propios reclusos, se veía y escuchaba como tumbaban las celdas y gritaban “vamos para la calle”. En uno de los videos, un hombre dice que «nos tienen abandonados como perros. No somos nadie (sic.) para ellos».
La situación se salió de control para los guardias adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, quienes solicitaron más apoyo y refuerzo para contener las revueltas carcelarias. En Tolima, los internos prendieron llamas a colchonetas y distintos elementos del centro de reclusión, que ocasionó un gran incendio que se alcanzaba a ver desde las afueras del penal .La revuelta dejó como saldo, solo en La Picota, en Bogotá, 23 privados de la libertad muertos y más de 83 heridos, además de 7 funcionarios del Inpec heridos, dos de ellos en grave estado.
La ministra de justicia, Margarita Cabello, afirmó que no hubo fugas y que el supuesto “plan criminal” fue controlado, además de que ¨no hay ninguna situación relacionada con el covid-19 en las cárceles, ni hay un problema sanitario que hubiera originado esos motines, hoy no hay un solo privado de la libertad, custodio o de cuerpo administrativo que tenga contagio de coronavirus o que podría estar aislado”. Miembros del Movimiento Nacional Carcelario solicitó una declaratoria de la emergencia carcelaria a nivel nacional, pues se estima que el hacinamiento supera el 53%, ya que en Colombia el sistema penitenciario solo tiene 80.373 cupos carcelarios.
El 25 de marzo, Las autoridades penitenciarias de Argentina, reportaban 5 muertes en los últimos días en motines en distintas cárceles del país donde los internos exigían excarcelaciones y medidas de prevención que eviten que el Covid-19 cause estragos en las unidades penitenciarias. Los fallecidos son de dos cárceles de la provincia de Santa Fe.
El 18 de marzo, los internos de dos pabellones del penal de Piura, en Perú, se amotinaron para evitar entrar en sus celdas, por temor al contagio del coronavirus COVID-19, mientras que en la cárcel de varones El Milagro, en Trujillo, al norte de ese país, dos reclusos perdieron la vida y 17 resultaron heridos. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que algunos reclusos se subieron a los techos e incluso hicieron un hoyo en la pared para intentar hacer una fuga masiva.
El Ministerio de Justicia peruano, adoptó medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus (covid-19) en las prisiones del país, tales como restricción de visitas, charlas preventivas y compras de artículos sanitarios.
Cárceles en Venezuela con un alto riesgo de contagio por COVID19
Venezuela no escapa a la propagación del Covid19 y tampoco a la crisis carcelaria. A solo un día de anunciarse una cuarentena colectiva, se produjo una fuga masiva de reclusos del Retén de San Carlos, en el estado Zulia, un centro de detención que alberga 500 reclusos aunque la capacidad del recinto es para solo 100. Una reyerta interna, se inició a la medianoche en el pabellón A donde permanecen 167 reclusos, y en confabulación con dos funcionarios, 84 privados de libertad lograron escapar.
La infraestructura está en ruinas, existen enfermos con tuberculosis, hay acumulación de basura, colapsó el sistema de aguas servidas y los pozos de agua blancas se mezclan con las aguas negras cuando llueve. Algunos entrevistados por Una Ventana a la Libertad detallaron que había temor en la población por la cuarentena y la posible llegada del covid19 al recinto. En las siguientes 48 horas, los cuerpos de seguridad asesinaron a 12 reclusos, recapturaron a 15, mientras que otros 57 continuaban evadidos, entre ellos siete mujeres, una con seis meses de embarazo.
El gobierno de Venezuela a través del Ministerio del Servicio penitenciario, decidió suspender las visitas a los centros de reclusión del país, como parte de las medidas de prevención contra el coronavirus COVID19. El 19 de marzo, un grupo de privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, se declararon en huelga de hambre por la suspensión de la visita de familiares, del ingreso de paquetería y las fallas en la alimentación que reciben del personal del Ministerio.
Por su parte, familiares de los detenidos en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicados en El Valle, Caracas, manifestaron no tener recursos para comprar guantes, tapabocas, ni otros insumos que sirven para extremar las medidas de prevención ante el Covid19.
Una de las mujeres dijo que durante los primeros ocho días de cuarentena se le ha hecho más difícil costear los gastos para llevarle alimentación a su hijo y, además, denunció que desde el miércoles 18 de marzo les cobran 100 mil bolívares en efectivo por ver a sus familiares por un lapso de 20 minutos.
Venezuela se suma a la larga lista de países del mundo, en los que el Covid19 ha llegado y se ha propagado de manera acelerada. También es sabido por toda la comunidad nacional e internacional, la grave crisis carcelaria que atraviesa Venezuela desde hace varios años y que ha vulnerado los más elementales derechos humanos de la población penitenciaria nacional.
Para nadie es un secreto, que son los familiares quienes corren con la responsabilidad y los gastos de alimentación y medicamentos de los reclusos, pues el Estado y el gobierno venezolano se han olvidado de cumplir con los más elementales y fundamentales derechos humanos de los privados de libertad.
Una Ventana a la Libertad, emitió un comunicado en el que alerta a la comunidad nacional e internacional, sobre los nuevos riesgos a los que está expuesta la población penitenciaria, de propagarse el virus dentro de los recintos carcelarios. En su más reciente informe de 2019, con base en las alertas levantadas, UVL señala cómo las muertes de reclusos bajo custodia del Estado, son una consecuencia en muchos casos, inevitable. Es el hacinamiento carcelario, la principal causa de la crisis penitenciaria en Venezuela y el compañero constante de todas las otras violaciones de derechos fundamentales de los reclusos, pues constituye uno de los primarios riesgos de salud para la población penitenciaria.
Del monitoreo realizado por UVL en 238 calabozos ubicados en 15 estados, existe una población carcelaria de 19.091 reclusos, distribuida en unos Centros de Detención Preventiva, diseñados para albergar de manera temporal a una población de apenas 6.448 detenidos, lo que revela un 205 % de hacinamiento.
Ello ha propiciado enfermedades infecto- contagiosas en al menos 494 detenidos, es decir, un 44, 8 % de las enfermedades reportadas. A ello se le suman los 224 enfermos de tuberculosis y los 22 reclusos que murieron en el 2019 solo por esta enfermedad. También en el 2019, UVL reportó la falta de saneamiento en el 93 % de los centros de detención monitoreados, en donde permanecen reclusos con severos cuadros de desnutrición, producto de la desatención gubernamental en proveer de alimentos y medicamentos, a la población penitenciaria.
Ante el colapso del sistema sanitario nacional y ante un hacinamiento carcelario desproporcionado, Una Ventana a la Libertad exhorta y demanda de las autoridades gubernamentales, de las autoridades carcelarias y sanitarias del país, la inmediata atención a la población de privados de libertad, a la que por cierto se le ha restringido las visitas familiares para evitar cualquier contagio del COVID19, una vez que se confirmaron los primeros casos en el país.
UVL, exige que el gobierno venezolano atienda con extrema urgencia a esta población carcelaria, de por si vulnerable y expuesta lamentablemente a enfermedades contagiosas, que en el contexto de la propagación del COVID19 en el país, puede padecer mayores complicaciones sanitarias a las que ya sufre desde hace varios años.
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