En las primeras dos semanas del aislamiento social para evitar la propagación del Covid-19 Una Ventana a la Libertad confirmó suspensión de visitas, una fuga y extorsiones para visitas “exprés” y vacunas para el pase de comida en algunos centros de detención preventiva ubicados en el Área Metropolitana de Caracas.
Angélica Lugo, UVL / Caracas
Desde que el gobierno de Nicolás Maduro confirmó que en Venezuela se detectaron dos casos de Coronavirus los jefes policiales a cargo de la mayoría de los calabozos ubicados en el Área Metropolitana de Caracas extremaron medidas para evitar que la población penitenciaria detenida en estos espacios transitorios se contagiara con el Coronavirus. Pero no todas las acciones originaron resultados óptimos.
En las comisarías de la Policía Nacional Bolivariana ubicadas en Boleíta, El Valle, La Yaguara y San Agustín del Sur, las visitas fueron suspendidas el sábado 14 de marzo, justo unas horas después de confirmarse la llegada del Coronavirus al país. Aunque la suspensión de visitas es una medida positiva, pues puede evitar que la población reclusa que está confinada en estos espacios se contagie, familiares de los internos reportaron a Una Ventana a la Libertad irregularidades.
Las cuatro policías municipales de la capital: Polichacao, Polibaruta, Polihatillo y Polisucre, también suspendieron las visitas. Sin embargo, en la Policía Municipal de Baruta se registró una fuga y no todos los familiares de los reclusos detenidos en la Policía del Municipio El Hatillo pudieron llegar para llevarles alimentos y artículos de primera necesidad.
En la PNB de El Valle extorsionan por visitas “exprés”
Pese a que en los calabozos de la PNB de El Valle fueron suspendidas las visitas, los funcionarios encargados de la custodia de la población reclusa en esa comisaría le ofrecieron visitas “exprés” a los familiares de los detenidos, a cambio de 100 mil bolívares en efectivo.
Además de ser una irregularidad el cobrar por el derecho a la visita, la madre de uno de los privados de libertad explicó que el monto que les cobraron luego de confirmarse la presencia del Coronavirus en Venezuela, era más costoso.
“Es imposible para nosotras pagar 100 mil bolívares cada vez que tengamos que ver a nuestros familiares. Como los policías habían suspendido las visitas, se dieron cuenta que no iban a tener cómo obtener ganancias y por eso subieron el costo de la visita que antes del Coronavirus estaba en 40 mil bolívares. Además, han aprovechado toda esta coyuntura para cobrarles por el ingreso de teléfonos”, refirió la mujer.
Los representantes de la población carcelaria detenida en la PNB de El Valle también se comunicaron con UVL para solicitar donativos, a los organismos y personas interesadas, de guantes, tapabocas, alcohol y otros implementos que permitan extremar las medidas de prevención. Las mujeres manifestaron no tener los recursos para comprar esos insumos.
En Zona 7 los policías piden vacuna para el pase de alimentos
Una de las denuncias más frecuentes durante las dos primeras semanas de cuarentena nacional en Venezuela por parte de los familiares de los internos detenidos en la PNB de Boleíta, también conocidos como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, es el cobro de vacuna por parte de los policías para permitirles el ingreso de alimentos. La madre de uno de los privados de libertad explicó que una de las vacunas más populares en esta coyuntura es pedir uno o dos kilos de alimentos como harina pan, arroz o pasta para permitir el pase de comida.
A esta irregularidad se suman las limitaciones que tienen los familiares de los reclusos para trasladarse. Por ejemplo, a la madre de un preso que está detenido por el delito de homicidio se le ha hecho imposible trasladarse desde El Valle hasta Boleíta por no tener dinero en efectivo para llegar al centro de detención preventiva.
“No he ido más porque la cosa está ruda. Para trasladarme tengo que tener efectivo tengo que pagar camioneta hasta Plaza Venezuela y luego desde Plaza Venezuela hasta Petare. A veces cobran 10 mil y 12 mil bolívares, pero es imposible con esta cuarentena producir el dinero o, simplemente, retirarlo de un cajero. Mi hijo me llamó y me pidió que por favor le lleve algo de comida”, manifestó la mujer que, al momento de ser entrevistada vía telefónica, tenía una semana sin poder trasladarse al CDP para darle alimentos a su hijo.
7 internos se fugaron de Polibaruta el día 14 de la cuarentena
La madrugada del día 14 de la cuarentena nacional en Venezuela, es decir, el sábado 28 de marzo, 7 privados de libertad se la ingeniaron para fugarse del calabozo 11 de la Policía del Municipio Baruta. El secretario de seguridad ciudadana de esa jurisdicción, Manuel Tangir, explicó a UVL que los reclusos abrieron un boquete, rompieron una reja y salieron por la parte de atrás de esa comisaría.
Aunque Polibaruta activó un operativo especial con otros organismos de seguridad para recapturar a los siete fugados, el procedimiento no fue exitoso. Los internos estaban detenidos por los delitos de robo, robo de vehículo y homicidio.
Una cocina a gas pudiera calmar el hambre en Polihatillo
El director de Polihatillo, Comisario Sergio González, explicó a UVL que, debido a las limitantes que tienen los familiares de los reclusos para trasladarse hasta las alturas de El Hatillo, entre todos se pusieron de acuerdo para llevarle a los internos una cocina pequeña que utiliza gas doméstico: “La idea es que esa cocina a gas solo la usen tres reclusos para que le cocinen al resto de la población y, posteriormente, iremos turnando los grupos para ser equitativos y evitar accidentes”.
El director de seguridad ciudadana del Municipio El Hatillo, Comisario Javier Gorriño, manifestó que no tienen los recursos para proveer alimentos a los casi 70 reclusos que están detenidos en Polihatillo. Aunque la primera semana de cuarentena nacional no había suspendido las visitas, para facilitar el acceso de insumos a la población reclusa, el segundo fin de semana del aislamiento social si la suspendieron como medida preventiva.
“Nosotros desde el principio exhortamos a los familiares de los reclusos que se pongan de acuerdo para trasladar los alimentos por grupos y, que además, tengan medidas de higiene”, dijo Gorriño.
La División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc El Hatillo tienen más de un mes sin visitas
Antes de confirmarse la llegada del Coronavirus en Venezuela la población reclusa detenida en los calabozos de la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc El Hatillo tenían tres semanas con la suspensión de visitas. Los jefes policiales a cargo de esa comisaría tomaron la medida en respuesta de lo que, aseguran, era el mal comportamiento de la población reclusa.
A esto se suma la investigación de la muerte de un interno que falleció en el calabozo de los civiles el 25 de febrero. Mientras que los familiares de los reclusos aseguran que el recluso Maico Torres se suicidó con una sábana, pues sufría de de depresión, los policías argumentan que el privado de libertad fue asesinado por sus compañeros de celda.
La vocera de los familiares de esa población penitenciaria explicó que, en promedio, más del 60 por ciento de los reclusos ha recibido sus alimentos durante la cuarentena. Los parientes de los privados de libertad se han dividido en grupos y han pedido traslados hasta esa sede de la policía científica para poder entregar los alimentos y también desinfectantes, como por ejemplo, cloro.
Durante la cuarentena nacional para evitar la propagación del Coronavirus en este CDP también se registraron violaciones de derechos humanos. El 01 de abril llegaron fotos y videos al correo de Una Ventana a la Libertad que registran cómo los policías a cargo de la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc soldaron la puerta del calabozo en el que están detenidos los internos que son civiles. Los privados de libertad denunciaron que esto les impide respirar bien y tampoco tener acceso a la poca luz del día que les ingresaba a la celda cuando tenían una reja.
Cuatro comisarías estuvieron en huelga de hambre, pero no fueron escuchados por las autoridades.
La primera semana del mes de abril reclusos de cuatro comisarías estuvieron en huelga durante cuatro días para exigirle a las autoridades celeridad procesal. Los internos detenidos en la PNB de Boleíta, en Polisucre, Polibaruta y Polihatillo se pusieron de acuerdo para hacer un ayuno voluntario para llamar la atención del gobierno, pero nunca recibieron respuestas.
UVL confirmó que las protestas fueron pacíficas y que, en el caso de los reclusos en Polihatillo, las autoridades de esa policía municipal tuvieron una charla con la población reclusa para orientarlos y para explicarles que la emergencia que se vive en el país por la pandemia del Covid-19 se registra a nivel mundial.
En esta emergencia nacional se ha podido confirmar que las policías no cuentan con recursos para alimentar a la población reclusa, ni tampoco tienen la logística, ni la capacidad de hombres, para evitar fugas, protestas y motines. El confinamiento de estos privados de libertad en espacios reducidos, con precarias condiciones de reclusión, puede dar paso a tragedias que ya se han registrado en centros penitenciarios de otros países vecinos, como Brasil y Colombia.
Fotoleyenda: Durante la cuarentena familiares esperan para entregar a funcionarios alimentación y productos de higiene a presos
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