Intensas y maratónicas jornadas de celeridad procesal se han vivido en la región en donde también se denuncia la coerción a reos .
Héctor Rodríguez/ UVL Lara
A la sede del Circuito Judicial Penal de Lara llegó Alí Mogollón a las 9 de la mañana. El hombre de más de 50 años de edad se enteró que la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia estaba atendiendo a los privados de libertad del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como cárcel de Uribana y que su hijo Alirio sería uno de los presos al que le revisarían su expediente.
Diez horas transcurrieron y lo único que sabía Alí es que su muchacho seguía dentro de la sede judicial de la entidad crepuscular. “Ya son nueve años esperando que salga del penal; puedo esperar unas horas más” decía el hombre que había decidido colocarse un abrigo para sopesar el viento frío que hacía en la calle frente al circuito. Hablaba con esperanza, con ganas de saber el fallo para Alirio y cuando conversaba con otros familiares, siempre recordaba una de las tantas faenas que debió hacer en tribunales o en el penal por su hijo.
A las 8 y 37 de la noche un joven de piel clara, vestido con franela y pantalón deportivo de color azul, un papel blanco en la mano que bailaba al son del viento, bajó por las escaleras hacia la calle fría y oscura frente a tribunales. De inmediato, Ali nos confirmó que era su hijo. Acudimos a su encuentro de forma rápida y en segundos presenciamos un fuerte abrazo en silencio; un apretón breve pero con una carga de sentimiento que cerró el tema carcelario que impregnó sus vidas casi en la última década.
“Esto es un drama. Uno no sabe por qué duran tanto para salir de tribunales. Yo tenía tres días viniendo para ver si traían a mi hijo hasta que logró su libertad. De verdad que este plan del gobierno es un drama”, fue la frase con la que Ali resumió todo lo vivido en una de las jornadas que desarrolló la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia que se instaló en Lara el pasado 29 de junio.
La llamada “Revolución Judicial” llegó a Lara integrada por la diputada Carolina García Carreño del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la comisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo de la entidad (CLEL), el Circuito Judicial Penal de Lara, Ministerio Público, representantes de la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, de la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación (UTSO) del Ministerio del Servicio Penitenciario y cuerpos de seguridad como Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía de la región (Polilara) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), inició labores para solucionar el hacinamiento y retardo procesal en los Centros de Detención Preventiva (CDP) y los centros penitenciarios del país.
Las primeras acciones que realizó esta comisión fue abordar los CDP de Lara que más cantidad de privados de libertad tenían. Luego ejecutaron labores en los penales que se ubican al norte de la ciudad de Barquisimeto. Lo vivido por Ali y su hijo durante esa jornada también los experimentaron familiares de privados de libertad del Destacamento 121 de la GNB y parientes de las reclusas que están en la sede Fundalara de Polilara.
Bañada en lágrimas la señora Nora Durán veía como su sobrina Anny era sacada de tribunales y montada en la patrulla de Polilara con una boleta que ordenaba su traslado desde Fundalara hasta el Centro Penitenciario David Viloria.
“No queremos que la lleven hasta la cárcel por muchas razones. Estoy muy angustiada por ella. La jueza le dijo que debía ir a Uribana (como se le conoce al Viloria) y ella tiene una condición psiquiátrica que no ha sido atendida y en ese penal se puede poner peor”, confesó Nora cuando relataba que su familiar necesitaba ayuda y que el poder judicial no prestaba atención sobre la condición de salud de Anny.
Esta joven de 28 años de edad se encuentra privada de libertad desde hace 8 meses por posesión y distribución de sustancias estupefacientes. Ella fue una de las 24 privadas de libertad de Polilara que fue atendida por la Comisión Especial. Una Ventana a la Libertad (UVL) logró conocer que en este CDP estaban esperando la visita judicial tres días antes de que se ejecutara y cuando ocurrió, se presentaron varias irregularidades que afectaron o retardaron el fallo de varias presas.
Expedientes incompletos, poca información a la población carcelaria y familiares sobre el proceso, solicitud de requisitos a última hora, poca colaboración policial y tardía o nula respuesta sobre dudas relacionadas a las causas son algunas de las características que reinaron en estas jornadas que se registraron en los penales y en las sedes del Cicpc, PNB y GNB, además de Polilara, según la investigación que hizo el equipo de UVL tras la visita a todos estos entes implicados.
Jornadas maratónicas y excarcelaciones nocturnas
Desde hace cinco años, aproximadamente, en Lara no se había aplicado un plan de celeridad procesal como el que se lleva a cabo en esta oportunidad. Esporádicamente, el Ministerio para Asuntos Penitenciarios realizaba el Plan Cayapa donde sobraban las quejas de familiares de reos e irregularidades judiciales pues la ministra otorgaba excarcelaciones que luego eran “rebotadas” por jueces y los hombres o mujeres que estaban en la calle, en cuestión de meses, volvían a estar tras las rejas.
Según los mismos reos, expertos en derecho penal y familiares, las jornadas de esta Comisión Especial ha minimizado las irregularidades; lo que si no ha cambiado es que la revisión de casos se dilata durante muchas horas y la mayoría de excarcelaciones se producen en horas de la noche.
Tres ejemplos de estos maratones judiciales que logró confirmar UVL ocurrieron en el caso de Ali y Alirio; en el abordaje de Polilara que hasta las 7 de la noche del 3 de julio apenas habían otorgado una excarcelación y la comisión estaban en plena revisión de 240 causas penales; y en Fénix que durante dos largos días de trabajo, otorgaron más de 60 libertades y una foto de los reos con sus actas en mano junto a la comisión sellaba que la jornada terminó a las 11 de la noche.
La metodología de trabajo que aplica esta Comisión Especial y que logró conocer UVL no se distingue mucho del plan cayapa que se desarrollaba antes.
Desde que se armó la Comisión en Lara comenzaron las visitas a los CDP. Previamente, los funcionarios de los CDP procedían a organizar a los presos de acuerdo a sus delitos. Los hacen bañarse y colocar uniformes azules que no son parte de su rutina carcelaria.
Las jornadas consisten en atención masiva de privados de libertad dentro de los CDP en donde se instalan mesones, sillas y toldos. La comisión se organiza por estaciones: la primera es la revisión de expediente y del médico forense; luego defensoría y fiscalía proceden a chequear las causas y la actualidad del caso, si cumple con todo lo necesario se procede a las audiencias con los jueces presentes y es ahí donde se determina si necesitan otros documentos para su excarcelación o si puede salir a la calle.
A quienes les otorgaban excarcelación, les toca firmar decenas de papeles y en esta fase es donde duraban más tiempo por diferentes retardos que había desde revisión de actas, impresión y colocación de sellos.
En la primera semana de instalada la comisión llevaban a cabo las jornadas dentro de los CDP pero conforme pasaban los días, se hacía de forma simultánea tanto en las sedes policiales como en tribunales. Por ejemplo: a algunos privados de libertad los trasladaba hasta la sede del Circuito Judicial y a otros reos los atendían en los CDP.
Las actividades en la Policía de Lara, cuerpo de seguridad que más tiene CDP en Lara, se hicieron unas en la Comandancia General (conocida como “La 30”) y otras en el Circuito Judicial.
Las privadas de libertad de órgano fueron trasladadas hasta “La 30” pues ellas están recluidas en el CDP Fundalara y a los presos foráneos al municipio capital también los llevaron hasta la estación central donde fueron atendidos.
Medidas de descongestionamiento
El impacto más evidente que ha logrado esta Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia, además de atacar el retardo procesal y la corrupción judicial que desde la Asamblea Nacional denunciaron, es el descongestionamiento de los calabozos policiales.
La orden de traslados masivos hasta los penales Fénix y Uribana, el otorgamiento de arrestos domiciliarios y medidas de confinamientos o de destacamento de trabajo le han dado un respiro a los Centros de Detención Preventiva de toda la entidad que desde hace año registraba muchas violaciones derechos humanos de los privados de libertad además de conflictos internos, brotes de enfermedades y alteración del orden público.
El caso del Cicpc San Juan es una muestra significativa de que, momentáneamente, no habrá hacinamiento. Según los datos recopilados por Una Ventana a la Libertad, hasta mayo de 2021 se encontraban 94 reclusos (76 hombres y 18 mujeres) ahora quedan 44 privados sin especificar sexo en un espacio de calabozos destinado para no más de 50 personas.
En la sede Pata ‘e Palo de la PNB se registraban, en marzo, según UVL 179 reos y 15 reas. Luego de excarcelaciones y traslados quedaron 80 reos en total sin especificar sexo. Cabe destacar que hubo más traslados a Fénix y David Viloria (Uribana) que excarcelaciones.
En la estación del FAES había 23 reos y luego de excarcelaciones y traslados quedaron 3 reos en total, mientras que en Fundalara de Polilara existían 40 reos y 28 reas, según UVL. Luego del trabajo de la comisión ahora hay 27 reos y 14 presas.
De manera general en Polilara, UVL logró conocer que en la primera semana habían excarcelado a 60 privados de libertad de CDP como “La 30”, CDP Unión y CDP Ana Soto mientras que en Fénix y Uribana se han producido, aproximadamente, 200 excarcelaciones de una población penal que sobrepasa los 3 mil 500 presos sumando ambas cárceles.
Presión para que asuman delitos
Un grupo de abogados privados de presos que estaban siendo atendidos por esta Comisión Especial denunció que durante estas jornadas se estaba registrando la coerción de reos y reas para que asumieran delitos de forma inmediata y así evitar investigaciones profundas que ameritan mucho tiempo. Esto lo informó y difundió a través de su página web el equipo periodístico del diario El Informador de Barquisimeto.
“Han admitidos los hechos, no les dan la oportunidad de demostrar su inocencia” indica un jurista consultado por el equipo periodístico de El Informador. “Si una persona tiene años detenidos, pero le ofrecen un plan, en el que tiene la opción de salir con una medida o permanecer tras las rejas por años a la espera de su juicio, obviamente va a asumir. Con tanto retardo procesal no les dan otra oportunidad” agrega la nota escrita.
Indica la nota periodística que los abogados de libre ejercicio catalogaron esta acción como una forma de descongestionar los Centros de Detención Preventivos de Venezuela que inició como “un caos”, pero con el transcurso del tiempo parece que están haciendo cumplir la ley, pero sin incluirlos a ellos como juristas.
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