Durante la noche del viernes 15 de septiembre de 2017 un total de 17 privadas de libertad, quienes se encontraban recluidas en el Internado Judicial de San Antonio, en el estado Nueva Esparta, fueron llevadas de forma irregular al muelle de Punta de Piedras, en el municipio Tubores, para ser trasladadas a otros penales del país el día sábado 16.
Angélica Neira, abogada y hermana de una de las detenidas, denunció que esta acción se cometió en represalia contra las reclusas, quienes en días pasados tomaron varias acciones de protesta por el maltrato que venían sufriendo por parte de la nueva directora del centro, Fanny Parra, y las custodias, quienes desde el 6 de agosto, cuando Parra asumió las riendas del Internado, venían implementando cambios negativos para ellas alargando los días de visita, reduciendo el tiempo de las llamadas telefónicas y la cantidad de agua que pueden tomar, entre otras cosas.
Neira precisó que los problemas empezaron el día 17 de agosto con 15 detenidas, cuando protestaron cantándole el himno a la directora, quien le pegó con la Constitución en la cara a una joven, mientras les ofrecía cachetadas a otras. Ese día también se desnudaron para evitar ser agredidas por los guardias y que las tocaran.
El castigo fue que las tuvieron en una celda de reclusión por 18 días. El jueves 7 de septiembre, antes de que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras, visitara el penal el sábado 9 de septiembre, las sacaron con ayuda de Milka Olivero, alta comisionada de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Ministerio del Servicio Penitenciario, quien les prestó todo el apoyo e hizo lo posible para evitarlo, relató Neira.
En ese momento pudieron visitarlas porque no las habían visto ni sabían cómo estaban. Las examinaron y resultó que algunas se habían contagiado con escabiosis y otras tenían anemia por estar mal alimentadas. Las dejaron castigadas en otra celda y les dieron permiso de recibir visitas “para evitar un alboroto durante la visita de la Ministra”, contó la denunciante.
“La directora Parra la tomó personal conmigo porque yo soy abogada y abogué por sus derechos humanos. Quiso arremeter entonces contra mi hermana de 25 años. Nosotros, los familiares, confiamos en la palabra de la Ministra, quien dijo en su visita que no habría traslados y este sábado 16 de septiembre sacaron a 17 privadas de libertad pasando por encima de todas las leyes, sin permiso de nadie, dijeron que el traslado es por motivo interpenal. Ese sábado en la mañana en el muelle de Punta de Piedras fuimos testigos de cómo la directora sacó por el cuello a una de las detenidas. Además, la custodia Andreina Mendoza le pegó a otra en la cabeza porque se pusieron a llorar en cuanto nos vieron. Nosotros las insultamos, les dijimos de todo, que si no tenían familia”, comentó.
De acuerdo con la información que maneja Neira las reclusas salieron con informes negativos, lo que les dificulta el proceso para salir en libertad. Muchas iban a entrar en el Plan Cayapa porque tenían media condena cumplida o más. Dijo que fueron trasladadas a varios centros del país: al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda; a Tocuyito, en Carabobo; Tocorón, en Aragua y a la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros, Guárico.
“Denunciamos ante la Fiscalía y la Defensa Pública porque algunas de las reclusas tenían defensores públicos. Hasta la fecha no nos han entregado sus cosas por más que reclamamos. Las enviaron sin nada, sin sus pertenencias, sin jabón, ni nada. Las que quedan están aterrorizadas, no hablan ni con la prensa ni con las organizaciones de derechos humanos porque no saben qué castigo van a tener cuando se vaya la gente. Cuando los familiares las visitamos es que nos enteramos de las cosas. Es inaceptable todo esto”, expresó.
El pasado 9 de septiembre la ministra Contreras negó que en este internado hubiese problemas de algún tipo y que las detenidas serían trasladadas. Aseguró que los derechos humanos se cumplen al 100%.
Texto: Johanna Bozo
Fotos: Sebastián Guido
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