En dos calabozos de la Policía Municipal de Los Salias, en San Antonio de Los Altos, hay reclusos hacinados que no son clasificados por los delitos que cometieron, ni tampoco por edades. Este centro de detención preventiva visibiliza una irregularidad que se repite en otros 33 calabozos policiales que están ubicados en la Gran Caracas. Vecinos, comerciantes de la zona y un concejal, refieren que la crisis carcelaria que se trasladó a esa estación policial ha generado conflictos internos. Sin embargo, miembros de una iglesia evangélica y empresarios se han solidarizado con los reclusos.
Angélica Lugo
En el municipio Los Salias de San Antonio de Los Altos hay 25 vecinos que son indeseados para la comunidad y para los comerciantes: son los reclusos que, hacinados, piden todos los días traslados a centros penitenciarios. Esos privados de libertad están distribuidos en dos celdas diseñadas para cuatro detenidos que no deberían estar más de 48 horas en estos espacios transitorios. Las celdas miden 3×2 y 3×3 metros respectivamente.
El periodista Daniel Murolo, quien es experto en temas de seguridad ciudadana de los Altos Mirandinos y vive en San Antonio de Los Altos, es uno de los residentes de la zona que expresa que los reclusos que tienen varios meses a la espera de un cupo de traslado para un centro penitenciario, son unos vecinos indeseados: “El miedo que uno siente es que haya un intento de fuga, persecución o un tiroteo en la Panamericana y que vaya pasando alguien cuando ocurra (…) pero nunca nos vamos a oponer como vecinos a que una comisaría esté en nuestra comunidad”.
Murolo advierte que, aunque el municipio Los Salias es uno de los más seguros en el estado Miranda, se deben tomar correctivos para minimizar consecuencias que afecten la seguridad de vecinos, transeúntes y comerciantes. Explica que la pared de los calabozos colinda con una parada de autobuses que es muy transitada.
“La gente que se para a esperar al autobús que va en dirección hacia Los Teques, está propensa a presenciar una fuga o incluso un tiroteo. Esa una de las paradas con más cantidad de flujo de pasajeros, porque es un punto en que se queda gente que viene de Caracas a San Antonio o que desde San Antonio agarra el autobús que va a Los Teques y a Carrizal. En una oportunidad los presos abrieron un boquete y se escaparon y por ello es que resultan unos vecinos incómodos, porque con los antecedentes que hay la comunidad, incluyéndome, tiene miedo a que se registre una fuga. Los presos no son incómodos porque sean violentos, sino por la consecuencia que puede generar una fuga, una persecución y todo lo que conlleva a eso”, relata el periodista Daniel Murolo.
El concejal de Los Salias, Héctor Medina, ha sido contactado por comerciantes que le han manifestado el grado de peligrosidad que representa la presencia de presos en el municipio: “Es riesgoso que estén en plena vía pública. Cuando los reclusos se escapan la gente los ve por la Panamericana”. Es una vía fácil de salida”.
El periodista que está radicado en San Antonio de Los Altos, explica que la sede de Polisalias está ubicada en la recta de Las Minas: “Hay varias urbanizaciones. Detrás hay un barrio que se llama barrio Las Minas. En uno de los extremos está el Centro Comercial Galerías Las Américas, que en el piso tres tiene un local nocturno y en todo el frente hay un restaurante y local nocturno al aire libre, en donde la gente va a comer y pasar un rato agradable, mientras que los presos se aprovechan de esa bulla para concretar las fugas que se plantean”.
Tanto el periodista Murolo como el concejal de Los Salias, relatan que otro de los reclamos de la comunidad y de los comerciantes tiene que ver con las colas que hacen las familiares de los presos todos los días para llevarles alimentos a sus parientes. Destacan que, cuando las mujeres no reciben respuestas por parte de las autoridades, han protestado en las afueras de Polisalias.
Foto Fernando Sánchez
Alimentos y cortes de cabello para los 25
En el municipio Los Salias hay versiones encontradas con respecto a la presencia de presos en la comisaría de Polisalias. Aunque funcionarios policiales de ese cuerpo de seguridad dijeron de manera extraoficial a Una Ventana a la Libertad que tienen miedo, una palabra que se repite en todas las personas involucradas en este entorno penitenciario, hay comerciantes y miembros de una iglesia evangélica que se han solidarizado con los reclusos que esperan cupos de traslados para cárceles o libertad plena.
Una fuente policial relató que una de las preocupaciones en los funcionarios, más allá de las labores de seguridad ciudadana, es el no tener recursos para alimentar y darles medicamentos a los presos. En medio de la preocupación, en esa policía han permitido el ingreso de evangélicos que les llevan comida a los reclusos y que también les cortan el cabello.
“Siempre es bueno tener en cuenta que los presos dependen de la comida que sus familiares les lleven, pues el Estado no asigna recursos para que nosotros le cubramos las necesidades a los privados de libertad”, advierte la fuente policial.
El 18 de agosto miembros de Una Ventana a la Libertad, junto con su coordinador general, Carlos Nieto Palma, visitó los calabozos de Polisalias para conversar con los presos y llevarles alimentos. Todos los reclusos manifestaron desconocer cuál es el estatus de sus casos.
Antes de esa visita coordinada en Polisalias, 19 personas asistieron a un taller de derechos humanos organizado por la ONG en el auditorio que cedió la alcaldía del municipio Los Salias. Los ponentes fueron el abogado Carlos Nieto Palma y la periodista Angélica Lugo. Entre los asistentes estuvo el concejal de Los Salias, Héctor Medina, la penitenciarista Aneska Tellería y la abogado Bárbara Pineda. Las esposas y madres de los presos dijeron que era la primera vez que recibían preparación con respecto a los derechos humanos de privados de libertad.
Héctor Medina, concejal del municipio Los Salias, dijo que en 2017 ha recibido en su despacho tres denuncias de familiares de presos detenidos en los calabozos de Polisalias. Los parientes de los internos le han solicitado ayuda para que se canalice con autoridades competentes los traslados a centros asistenciales. “El hacinamiento, el retardo procesal y los problemas de salud de los presos que están en estos espacios transitorios, incrementan la violencia entre ellos, por eso es que a veces se registran los motines y las fugas (…) Cuando uno visita a estos presos lo primero que piden es que les permitan la visita conyugal, pero ¿cómo le haces entender a estos presos que no hay espacio para una visita conyugal?”, precisa.
Medina, que también realiza estudios de derechos humanos y de seguridad ciudadana, insiste en que se debe normalizar la asignación de cupos a cárceles, para así descongestionar los centros de detención preventiva como Polisalias.
La situación en Polisalias, que también se repite en otros 33 centros de detención preventiva ubicados en la Gran Caracas, evidencia que el hacinamiento es el principal problema en estos espacios que desde 2011 se convirtieron en un sistema penitenciario paralelo en el país. En ese año fue creado el Ministerio de Servicio Penitenciario. Desde ese entonces los funcionarios y autoridades encargadas de las policías municipales, estadales y también de las comisarías de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional han advertido que estos lugares no cuentan con infraestructura carcelaria para albergar a detenidos por más de 48 horas.
En los estudios de campo con la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad se ha determinado que los presos de los calabozos policiales son los huérfanos del Estado.
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