
UVL | Vargas
El dirigente político del partido Movimiento Tupamaro, José Tomás Pinto Marrero, anunció este 29 de junio, su decisión de iniciar una huelga de hambre tras recibir una orden de traslado de su actual centro de detención a la cárcel Yare II.
Pinto, de 72 años de edad, está detenido en el octavo piso del Bloque de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Parque Carabobo, en Caracas, donde fue radicada la causa en el año 2020, específicamente en el Tribunal Sexto de Juicio del Área Metropolitana.
Como se recordará, Pinto fue acusado por el Ministerio Público, el 15 de junio de 2020, de estar involucrado en el asesinato de George Soto Berroterán de 16 años de edad y de las lesiones contra Juan Pablo Romero de 21 años, ocurrido en un terreno de su propiedad ubicado en una zona foránea de la población de Chuspa, al este del estado Vargas.
Tanto el traslado, como la declaratoria de huelga de hambre fue confirmada por el equipo de abogados de Pinto Marrero.
«No hay razón jurídica para este traslado. Se supone que Yare II es un centro de cumplimiento de pena definitiva y firme. El traslado viola los derechos de Pinto Marrero, pues estamos hablando de un desarraigado del caso, al alejarlo del tribunal en donde se sigue su juicio. Si ya es difícil garantizar el traslado dentro de Caracas, la dificultad se incrementa si se traslada a Miranda», explica la abogada Noris Granados.
Otro aspecto es la salud comprometida de Pinto Marrero. «José Tomás Pinto está prácticamente inmovilizado. Enviarlo a Yare II es condenarlo a la muerte. Así lo visualiza él y por eso tomó la decisión de someterse a una huelga de hambre, a pesar de sus patologías», acotó la profesional del derecho.
Los informes médicos, avalados por el Servicio Nacional de Medicina Científica y Forense (Senamecf), confirman que Pinto presenta hernias discales, imposibilidad de moverse, así como la confirmación de diabetes, hipertensión y una miocardiopatía. A pesar de este cuadro, la juez que lleva el caso ha negado a Pinto la solicitud de casa por cárcel.
Una Ventana a la Libertad atendió el caso de Pinto Marrero en una jornada médica social realizada a principios de junio de este año, junto al equipo de la ONG Once Trece, en donde se evidencia su dificultad motora a consecuencia de diversas patologías.
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