El parlamentario, que inicialmente fue designado como jefe de la comisión en la región andina, señaló que durante la primera fase de las actuaciones se atendió a los privados de libertad, muchos de ellos en condición de retardo procesal
Elvis Rivas
Según el diputado a la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, quien inicialmente fue el encargado de la comisión parlamentaria que se encargó en la región andina de la Revolución del Sistema Judicial, aseveró que los resultados de la primera fase, que en Mérida inicio el pasado 29 de junio, resultaron positivos.
Según el parlamentario, fueron logrados los objetivos, que en primera instancia por orden presidencial, solicitaba descongestionar los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los diferentes cuerpos de seguridad del estado.
“Fue positivo, por supuesto. Se logró la atención directa a las personas que estaban privadas de libertad, a algunas personas a las que les correspondía, se les otorgó algún tipo de beneficio procesal y a otras qué no calificaban, sigue en su proceso, se logró también aperturar el inicio de algunos tipos de juicio que tenían situación de retardo, y creo que fue bastante positivo”, señaló Lobo, quien explicó que luego de su salida de la comisión delegó el cargo en el diputado Gerardo Márquez.
“Ya se culminó la primera fase que corresponde a la visita de los centros de prevención qué fue lo que se abordo inicialmente. Se hizo también un trabajo en los centros penitenciarios para aquellas personas que ya fueron juzgadas y sentenciadas y en la actualidad nosotros en la Asamblea Nacional hemos discutido y aprobado un conjunto de leyes que está inmerso dentro del concepto de la Revolución del Sistema Judicial, y en la actualidad seguimos en la discusión de esas leyes para que cuando sean aprobadas, se va a generar una nueva institucionalidad la cual también tendrá que ser revisada y ajustada de acuerdo a las leyes”.
Disminuyó hacinamiento
Durante el tiempo establecido para las actuaciones de la comisión parlamentaria y de los representantes de los diferentes organismos judiciales, se logró la disminución de privados de libertad en los retenes de las diferentes coordinaciones policiales del estado Mérida.
Para finales del mes de junio, la cifra de privados de libertad, muchos de ellos procesados y condenados, alcanzaba las 411 personas que se encontraban recluidas en los calabozos de Polimérida. Al cierre del mes de agosto redujo a 175, entre ellos 155 hombres y 20 mujeres, mientras que para el 30 de septiembre disminuyó a 165, de los cuales, 141 son hombres y 20 mujeres.
Uno de los aspectos resaltantes es que al seis de octubre de 2021, solo cuatro mujeres se encuentran recluidas en el anexo femenino de la policía del estado Mérida, que antes de la Revolución del Sistema Judicial albergaba al menos a 35 privadas de libertad.
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